Human Rights Watch (HRW) presentó un contundente informe titulado «Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador«, que recopila testimonios, análisis de imágenes satelitales, fotografías y videos que evidencian un patrón de abusos cometidos en el marco de las operaciones conjuntas entre ambos países.
El documento alerta que esta cooperación militar se profundiza en un contexto marcado por graves violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas ecuatorianas, ataques con drones contra embarcaciones pesqueras cuyo origen sigue sin esclarecerse, y la desaparición de varios pescadores.
Torturas y destrucción de propiedades
Según el reporte de HRW, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, militares ecuatorianos ejecutaron una serie de operaciones en la comunidad agrícola de San Martín, ubicada en la frontera entre Ecuador y Colombia.
En esta maniobra que Estados Unidos calificó como una operación «conjunta», los uniformados detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores del campo, además habrían incendiados tres propiedades y bombardeardo dos de ellas.
Una de las víctimas relató al organismo que fue sometido a descargas eléctricas durante su detención. «Me torturaron con electricidad, con un taser. Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba», declaró, dejando en evidencia la brutalidad de los métodos empleados durante el operativo militar.
Si bien las autoridades ecuatorianas señalaron que el operativo estaba dirigido contra «Comandos de la Frontera», y que los detenidos tendrían vínculos con ese grupo armado que opera a ambos lados de la frontera, HRW no encontró evidencia creíble que vincule las propiedades destruidas o a los agricultores con irganizaciones criminales.
De hecho, los cuatro hombres no tenían antecedentes penales y tampoco fueron procesados porque la Fiscalía no recibió pruebas por parte de los militares.
Ataques en el Pacífico: pescadores heridos y una embarcación desaparecida
El informe también expuso que entre enero y marzo de este año, las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacadas con drones de procedencia no identificadada en aguas del Pacífico, causando heridas a varios pescadores. El caso de mayor gravedad es la desaparición del barco Fiorella, que desde el 20 de enero no ha sido localizado, junto con sus ocho tripulantes.
Human Rights Watch señaló que las autoridades ecuatorianas aún no han confirmado oficialmente estos hechos, mientras que el Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier responsabilidad en los ataques.
No obstante, 13 sobrevivientes entrevistados por la organización declararon que, después de los ataques, fueron retenidos a bordo de un navío por individuos armados a quienes identificaron como ciudadanos estadounidenses con uniformes de corte militar, lo que genera serias dudas sobre una posible participación de personal de ese país en dichas operaciones.
Falta de transparencia y reclamos de explicaciones
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, criticó la opacidad que rodea la cooperación bilateral en materia de seguridad. «La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos», afirmó, en declaraciones recogidas por el diario Vistazo.
La organización indicó que solicitó información tanto al Gobierno de Ecuador como al de Estados Unidos sobre estos incidentes, pero aseguró que hasta ahora no ha recibido respuesta de ninguna de las dos administraciones. Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y la reelección de Daniel Noboa en Ecuador en 2025, ambos gobiernos han intensificado su colaboración en seguridad para combatir el crimen organizado, un contexto que, según HRW, ha creado un terreno fértil para que se cometan abusos.
Ante esta situación, el organismo instó al Congreso de EE.UU. a exigir a la administración del magnate republicano que aclare el alcance real de esta cooperación y que verifique si existen garantías suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos.
Asimismo, pidió al gobierno de Noboa que reconsidere la declaración de conflicto armado interno y que apueste por fortalecer el sistema de justicia como pilar para enfrentar al crimen organizado.
«Las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos», sentenció Goebertus.
El informe de Human Rights Watch coincide con la inclusión de Ecuador por primera vez en el Índice Global de Tortura 2026, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que ubica al país latinoamericano con niveles de riesgo considerable, alto y muy alto en los siete criterios analizados.
Según la OMCT, el fortalecimiento de las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna y la reiterada declaratoria de estados de excepción han generado un escenario que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos y debilita los mecanismos de control y rendición de cuentas.
La organización documentó al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operaciones de seguridad, además de 369 denuncias de tortura entre 2024 y 2026, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza. Estos hechos ocurren en un contexto de alta impunidad, debido a que gran parte de las investigaciones no han concluido con sentencias condenatorias, lo que perpetúa un ciclo de abusos que afecta de manera desproporcionada a afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, niños y adolescentes.
Imagen destacada: Diario Expreso.
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