Venezuela desmonta informe de misión independiente de la ONU y lo califica como “fraude irresponsable” y “monumento de propaganda de guerra “

El canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó que este informe “es un fraude, irresponsable y un monumento a la propaganda de guerra. Se pretende torpedear el diálogo en Venezuela”.

El gobierno de Venezuela calificó el sábado de “fraude”, “piratería” y “monumento de propaganda de guerra”, el informe realizado por una Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del país caribeño.

En rueda de prensa conjunta ante medios nacionales e internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sostuvieron que este informe, presentado por supuestos “expertos en derechos humanos”, tergiversa la realidad del país con el objetivo de manipular el tema de los DDHH para socavar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. 

En este sentido, el canciller Jorge Arreaza afirmó que este informe “es un fraude, irresponsable y un monumento a la propaganda de guerra. Se pretende torpedear el diálogo en Venezuela”.

Recordó que en  2015, la entonces canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el Consejo de los DDHH preparaba un ataque creando las condiciones para agredir a Venezuela, incluso militarmente.

En su intervención, el Jefe de la diplomacia venezolana expresó desde el año 2018, su país ha alzado su voz a través de una Resolución en el Consejo de DDHH de la ONU para mostrar la verdad del país, la misma fue ratificada en el año 2019 y que se aspira que se renueve este año 2020, mediante la cual hace un trabajo cercano con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Hay un equipo de la Alta Comisionada en Venezuela  de manera permanente y además acabamos de aprobar la renovación de nuestro compromiso de trabajo con la oficina”, dijo.

Detalló, que el año pasado surgió una segunda Resolución presentada por el Grupo de Lima,  el cual catalogó como cartel dirigido desde Washington para perturbar el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la cooperación con Venezuela.

“Esta Resolución se aprobó con 19 votos de los 47 de los Gobiernos o Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos, es decir el 40%, además 19 países que apoyaron la resolución de 193 países que componen el cuerpo completo de las Naciones Unidas”, acotó. 

En este mismo orden de ideas, Arreaza aseveró que desde 2018 hay un equipo de la Alta Comisionada para los DDHH en Venezuela. Se reunió con el Fiscal General de la República, el Poder Ejecutivo, Judicial, víctimas de violaciones de derechos humanos, afectados por las guarimbas. “La resolución agresiva -aprobada por el Grupo de Lima- contra la soberanía venezolana establecía la creación de una comisión para la constatación de hechos”, añadió. 

Por tal motivo, el alto funcionario señaló que ojalá la Unión Europea (UE) tenga señales de reconocimiento del trabajo conjunto que se viene realizando con Venezuela y tenga una posición distinta en el Consejo de Derechos Humanos.

Además, denunció que los “expertos” que hicieron el informe nunca vinieron al país, y se les informó diplomáticamente que ya había un equipo de la ONU trabajando en el tema. 

El canciller detalló que el informe realizado hace unos días que habla sobre los casos de violación de los Derechos Humanos por parte de Venezuela, forma parte del trabajo hecho por “Luis Almagro; quien se ha lanzado a la destrucción de la Organización de los Estados Americanos”.

Igualmente, el diplomático venezolano indicó que “este informe coincide en la gira intimidatoria de Pompeo; buscando ganar votos en Florida. 

“Iván Duque trata de reivindicar el informe mentiroso, durante una reunión con Mike Pompeo. Este informe es la legalización de la operación Gedeón, son unos mercenarios que con mentiras atacan al país”, puntualizó.

Por su parte, el fiscal general de la República, sostuvo que desde el Ministerio Público se le ha dado respuesta oportuna a todos los casos para garantizar los DDHH en el país caribeño, por lo que “el informe dado por una supuesta comisión financiada por el Grupo de Lima, que cobró 5 millones de dólares para hacer propaganda,  no comprueba nada”.

Agregó que la instancia que dirige ha imputado a 804 funcionarios y 123 civiles, para un total de 927 personas, quienes a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia son señalados como responsables de vulneración de derechos humanos y pertenecen a distintos organismos de seguridad.

Detalló que estas personas han sido acusadas por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, privación ilegitima de libertad lo que de manera real hemos hecho justicia para proteger la vida, integridad física y libertad personal del pueblo contemplada en la  Constitución. 

Asimismo, apuntó que “desde agosto de 2017 hasta la fecha el Ministerio Público ha acusado a número considerable de funcionarios que representan cifras irrebatibles y que hemos compartido con la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, ejemplo de respeto y garantía para el pueblo”.

El Fiscal General de Venezuela destacó que además se han realizado 3.246 inspecciones técnicas cifra importante que revela el método y detalle en un trabajo minucioso en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal. 

“Hemos venido adelantando y dejan al descubierto la cultura de impunidad de alianza con los violadores de los derechos humanos que tuvo la gestión pasada. Habría que saber cuántas experticias realizaron los creadores de este informe. Ninguna porque nunca estuvieron en campo”, refirió.

Resaltó que todas estas actuaciones han sido reconocidas por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en sus informes sobre Venezuela, con quien nos reunimos con motivo de su visita a Venezuela “a partir de allí, mantenemos comunicación permanente con su equipo de trabajo en el país para la revisión de casos específicos. En Venezuela hay instituciones que trabajan todos los días en la vigilancia y protección de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”.

Con información de VTV y Cancillería de Venezuela.

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