Los 5 casos de violaciones a derechos humanos que Venezuela detalla a la CPI

El Ministerio Público (MP) de Venezuela envió una nueva actualización a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para informar sobre los adelantos procesales e investigaciones relacionadas con varios casos de violaciones de derechos humanos, perpetradas por efectivos de seguridad del Estado.

El fin de semana, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, detalló que la tercera ampliación de los informes enviados previamente (el 2 de octubre de 2020 y el 5 de febrero de 2021), fue remitida el pasado viernes para dar respuesta a los requerimientos realizados por la Fiscalía de la CPI, reseña un reportaje de RT.

«Este nuevo documento, que ya es el tercero, no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de la CPI, en todos aquellos puntos sobre los que ha sido requerida», dijo Saab, haciendo referencia al examen preliminar que abrió esa corte, en febrero de 2018, por presuntos abusos de funcionarios de los organismos de seguridad. En esa ocasión, el Estado venezolano afirmó que tenía el compromiso de castigar, sancionar y perseguir a quienes atentaran contra los derechos humanos.

Aunque en el comunicado del MP expresa «la voluntad de colaboración» de Venezuela, Caracas asegura que hasta la fecha el proceso ha estado signado por «la falta de transparencia» en la comunicación, pues «solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa».

Por ese motivo, Venezuela pide a la CPI que informe si «los compromisos concretos anunciados, y las medidas ya adoptadas a nivel nacional, son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual», e insta a la corte a notificar «con cierta premura» si existe «alguna observación particular», para que el Estado pueda cumplir con «las propuestas concretas de mejora».

Previo a la lectura del comunicado, Saab hizo referencia a cinco casos emblemáticos que han evolucionado a través de las investigaciones: las muertes del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arevalo, mientras se encontraban privados de libertad; el fallecimiento del manifestante opositor Juan Pablo Pernalete, durante una protesta; la llamada ‘Masacre de El Limón’ en el estado La Guaira; y el homicidio de dos trabajadores del medio de comunicación Guacamaya TV, en el estado Zulia.

Venezuela y los casos Albán, Acosta Arévalo y Pernalete

Sobre el caso del concejal Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018 bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), acusado de participar en el plan de magnicidio contra el presidente, Nicolás Maduro, las primeras versiones aseguraron que se había lanzado del edificio principal del organismo policial en Caracas.

Saab comentó que los funcionarios responsables de su detención habían sido acusados por «quebrantamiento de normas de custodia», pero tras las averiguaciones, la Fiscalía solicitó la nulidad de esos cargos tras «observar violaciones a las garantías constitucionales«. La causa retrocedió a la fase de investigación y ahora se imputó a los efectivos de los cargos de «homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido».

El titular del Ministerio Público también se refirió al caso del capitán Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de junio de 2019, cuando estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Arévalo se encontraba detenido por estar presuntamente relacionado a un intento de golpe de Estado.

Alonso Medina Roa, abogado de Acosta, denunció en su momento a los medios que su defendido había sido detenido en buenas condiciones físicas, pero que al ser presentado en los tribunales tenía síntomas de tortura que lo llevaron a la muerte. Ante esto, la Fiscalía ordenó establecer «una completa y exhaustiva investigación«.

En septiembre de 2019, el teniente Ascanio Tarascio y el sargento segundo Estiben Zárate, ambos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fueron condenados a 6 años y 8 meses de prisión, tras admitir los hechos y recibir el beneficio de finalización anticipada del proceso. El abogado Medina Roa rechazó la sentencia, tras afirmar que se había pasado por alto lo establecido en la Ley Contra la Tortura.

Al respecto, el fiscal Saab recordó que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó realizar una nueva investigación sobre los hechos, y el 22 de octubre de 2020 se celebró una nueva audiencia de imputación contra los efectivos implicados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.

Saab también habló sobre la muerte del manifestante Juan Pablo Pernalete, ocurrida el 26 de abril de 2017, durante las protestas violentas del antichavismo en el este de Caracas.

El fiscal confirmó que Pernalete falleció al «recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho», accionada por efectivos de la GNB. En este caso han sido imputados 12 funcionarios «por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva», lo que desmiente la primera hipótesis ventilada por las autoridades venezolanas, en la que se afirmaba que el joven había muerto a consecuencia de una «pistola de perno cautivo», activada por los propios manifestantes opositores. 

Masacre de El Limón y homicidios de trabajadores de Guacamaya TV

El fiscal venezolano también se refirió a otros dos asesinatos, cometidos por efectivos que integraban el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB).

El primero es ‘la masacre de El Limón‘, crimen perpetrado el 11 de junio de 2020 contra cinco personas, uno de ellos escolta de la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, en el sector El Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Las víctimas fueron: Wilmer José Yánez Carvallo (escolta), Arquímedes Martínez Fuenmayor, Andri González Narváez, Roger Blanco Narváez y Pedro Salceda Herrera.

Por este caso han sido imputados y acusados cinco efectivos de las FAES-PNB, identificados como Sandy Bracho, Cleynis Lemus, Juan Rondón, Miguel Arias y Anthony Castellar, por «homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido a arma orgánica y simulación de hecho punible».

Por otra parte, el titular del Ministerio Público hizo alusión a los asesinatos de Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres Guerra, perpetrados en agosto de 2020 en el estado Zulia, dentro de la sede del canal Guacamaya TV.

Por este hecho ya fueron imputados cinco funcionarios policiales por homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros delitos. Saab recalcó que unaexfiscal del MP resultó acusada por encubrimiento y asociación.

El fiscal denunció que en su gestión, el trabajo del MP «se ha querido invisibilizar». Por ello, destacó que en 3 años y 8 meses, se ha logrado la imputación de «716 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 civiles como presuntos cómplices», mientras que se han obtenido condenas contra 153 agentes responsables de estos crímenes.

Además, dijo Saab, entre algunas medidas aplicadas, está la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, que ya «es parte de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano». 

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