Enfermeras y parteras irlandesas se irán a paro a partir del 30 de enero

Enfermeras y parteras irlandesas, anunciaron que iniciarán una huelga el próximo 30 de enero, para demandar salarios dignos y personal permanente en el servicio de hospitales públicos del país y alegan que de no recibir respuestas extenderán sus protestas hasta la primera quincena de febrero.

La Organización de Enfermeras y Parteras de Irlanda (INMO), indicó que la movilización se llevará a cabo en rechazo a la administración en salud del presidente irlandés Michael D. Higgins.

Las trabajadoras de la salud  realizarán manifestaciones  los días martes 5, jueves 7, martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de febrero.

Entre sus principales demandas se encuentran «la dotación de personal permanente en el servicio de salud público, y el pago de salarios que dignifiquen la labor de las enfermeras y parteras«, expresaron en un comunicado reseñado por Telesur.

Los hospitales carecen de enfermeras y parteras

En el texto detallan que entre 2008 y 2018, el número de parteras y enfermeras en Irlanda, se redujo en un seis por ciento; representando casi dos mil trabajadoras menos en 10 años, a pesar del constante crecimiento de la población irlandesa.

Martina Harkin-Kelly, presidenta de INMO indicó que urge en los centros hospitalarios más profesionales de la salud para atender a la población que demandan sus servicios.

«Entramos en estas profesiones porque cuidamos a nuestros pacientes e iremos a la huelga por la misma razón. Los pacientes de Irlanda merecen algo mejor que este servicio de salud con poco personal», dijo.

Por su parte, Phil Ní Sheaghdha, secretaria general de INMO, manifestó que «ir a la huelga es lo último que una enfermera o partera quiere hacer. Pero la crisis en el reclutamiento y la retención nos ha impedido hacer nuestro trabajo correctamente. No podemos brindarles a los pacientes la atención que merecen en estas condiciones».

Asimismo, los voceros del Gobierno de Higgins de corte neoliberal, expresaron que la huelga no está justificada y que podría evitarse. «Según una revisión de gastos encargada por el Departamento de Gasto Público y Reforma, en 2018 el 83 por ciento de las enfermeras y parteras ganaba más de 40.000 euros como salario base», dijeron para desacreditar el movimiento.

Crearán zonas segura en los hospitales de Irlanda donde se practiquen abortos

Zonas seguras en Irlanda

Irlanda aprobó una nueva ley de aborto a finales de diciembre y que entró en vigor a principios de enero, para que en los centros de salud donde se practiquen interrupciones voluntarias de embarazos cuenten con una «seguridad especial» para evitar manifestaciones de grupos provida que acosan a los médicos.

Representantes de la organización Provida se han concentrado en las abyacencias de los hospitales y persiguen a través de las redes sociales, donde se publicaron los centros de salud en el que se haría supuestamente en los próximos días interrupciones de embarazos.

La mayoría del electorado irlandés rechazó el pasado mayo en un referéndum una enmienda de la Constitución que prohibía el aborto en casi todas las circunstancias, lo que situaba a la ley de ese país entre las más duras del mundo.

60% del electorado en Irlanda aprobó la ley del aborto

Simon Harris, ministro irlandés de Sanidad explicó que la designación de «zonas seguras«, estará regulada por una nueva ley, dada que su incorporación a la ya existente sobre el aborto paralizaría la aplicación «de servicios de interrupción», apenas una semana después de entrar en funcionamiento.

En cuanto, a la filtración de información de los hospitales que practicarían la interrupción de embarazos, advirtió que dar los datos privados de pacientes será considerada como «una infracción muy grave».

«Durante esta semana quiero reunirme con los portavoces de sanidad de los partidos políticos de la oposición para hablar sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer que las zonas seguras sean una realidad», señaló Harris.

Más de 60 % de los votantes aprobaron la modificación de una enmienda constitucional de 1983 en un país católico que decidió tomar un camino hacia la liberalización de varias de sus políticas públicas.

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