Tribunal Supremo de Justicia tiene carta blanca para enjuiciar a Guaidó

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) aprobó un decreto en el que autoriza la continuación de un juicio contra el ciudadano diputado Juan Guaidó, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le solicitara retirar la inmunidad parlamentaria.

«Decreta autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) publíquese el presente decreto (…) y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia», indicó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, este martes 02 de abril.

El constituyente explicó que el decreto tiene su base legal en el artículo 200 de la Constitución Nacional, el cual establece:

«Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el TSJ, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia».

En ese sentido, aunque el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es un función que corresponde al Poder Legislativo, Ana Cristina Bracho, abogada constitucionalista venezolana, recuerda que esta instancia está en desacato desde el año 2015.

«Desde su nacimiento, la ANC ha asumido varias competencias del Parlamento en virtud del abandono de esta institución con respecto a los principios constitucionales que le imponen obligaciones, entre ellas, la de respetar las decisiones que en el marco de sus competencias toma el Poder Judicial».

Por ello es que la ANC es el ente que recibe la solicitud de allanar la inmunidad parlamentaria de Guaidó. «Según el ordenamiento jurídico venezolano le correspondería a la Asamblea Nacional decidir sobre su procedencia. Sin embargo, el golpe de Estado en marcha ha desestabilizado a tal punto el orden constitucional, que el Estado ha tenido que adaptarse a la nueva realidad planteada«, sostiene Bracho.

Por su parte, Hernán Escarrá, también abogado constitucionalista, comentó que la suspensión de la inmunidad parlamentaria es necesaria para continuar con el juicio contra el diputado, en correspondencia con el mencionado artículo 200 de la Constitución vigente.

«Las acusaciones las evaluará el TSJ, y (…) si se cometieron esos hechos punibles, seguramente se tomarán medidas cautelares, como la orden de aprehensión«, explicó Escarrá.

Tribunales populares

Dentro del debate desarrollado en el pleno de la ANC, la constituyente María León propuso la creación de tribunales populares en todo el país para que «el pueblo decida qué hacer con el traidor a la patria (Guaidó)».

«Allanar la inmunidad no es suficiente. Quien traiciona a la patria no podría llamarse venezolano, no son dignos de esta historia sagrada», manifestó León.

Además, condenó los ataques de la administración de Donald Trump en contra del Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, que por ende atentan contra el pueblo venezolano.

«Es la misma batalla por la soberanía y la independencia, pero vencimos a Trump. La batalla la da cada familia cuando lucha por la falta de medicamentos, de agua o de luz, pero al pueblo de Venezuela lo iluminan Bolívar y Chávez», expresó.

TSJ ratificó medidas cutelares

La Sala Plena del TSJ ratificó las medidas cautelares impuestas el pasado 29 de enero contra Guaidó, entre las que está la prohibición de salida del país hasta que culmine la investigación, además de la prohibición de enajenar y gravar bienes de su propiedad y el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros en Venezuela.

El TSJ solicitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, «toda vez que la Fiscalía General de la República inició una investigación penal por los hechos violentos presuntamente propiciados por el ut supra mencionado, a partir de 22 de enero de 2019, hechos éstos que han generado la desestabilización institucional, tanto a nivel nacional como internacional».

Igualmente, «por el desacato en el que incurrió él (Guaidó), por violación de la medida de coerción personal de prohibición de salida del país impuesta el día 29 de enero de 2019″.

https://www.elciudadano.cl/venezuela/tribunal-venezolano-solicita-allanar-inmunidad-parlamentaria-a-guaido/04/01/

https://www.elciudadano.cl/venezuela/guaido-cruza-la-frontera-y-viola-medida-de-prohibicion-de-salida-del-pais/02/22/