Día internacional de la mujer indígena

Cada 5 de septiembre, se conmemora a las cientos de miles de mujeres indígenas muertas y masacradas por la opresión del invasor, representadas en la figura de Bartolina Sisa, mujer Aymara que fue brutalmente asesinada un 5 de septiembre de 1782.

Fotografía: Catalina Cerca Quilempán en RRSS.

Según publicación Brochure de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “En América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana: desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a vivir sin violencia”.

También señala: “Los diversos obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan son, por ejemplo: muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social. La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia”.  

Antes de la pandemia COVID 19, la Cepal en el año 2018 publicaba que más de 23 millones de mujeres indígenas de América Latina enfrentaban una situación de desigualdad y ya sufrían persistentes brechas de género y la discriminación intersección, incluyendo el acceso desigual a la educación, el trabajo, la tierra y la participación en América Latina.

“El liderazgo activo de las mujeres indígenas a nivel global, nacional y local para impulsar la agenda de igualdad de género y sus vínculos con los derechos de los pueblos indígenas es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, la justicia y la prosperidad de nuestras sociedades”.  – María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

Foto Karina Manchileo en RRSS

Este 4 de septiembre, en Santiago, así como en diferentes puntos del País, se realizó una  concurrida manifestación. Natividad Llanquileo, constituyente mapuche, señalaba previamente: “El domo newen de la futa warria se encuentra en Plaza de la Dignidad para marchar hacia un acto en conmemoración de la lucha que pu zomo mapuche y de todos los pueblos originarios han levantado y siguen levantando a lo largo de nuestras historia”.

Se ha señalado, que la violencia hacia las mujeres de pueblos originarios en Chile tiene múltiples formas. En el cado mapuche, se ha resaltado la violencia física en los brutales allanamientos y militarización en los territorios de las comunidades, con daños materiales y psicosocial a familias completas, incluida a niñas, niños y personas ancianas.

Algunos casos de violencia estatal a mujeres mapuche

Ruth Meñaco Paine con 33 años de edad, quien fue baleada en el año 2016 a diez metros de distancia, siendo severamente herida en presencia de sus hijos, acto de violencia causado  por agentes estatales policiales, miembros del GOPE.

Macarena Valdés. Informes periciales particulares indican que fue asesinada, cuyos hechos se atribuyen directa o indirectamente al conflicto hidroeléctrico que se suscita en la zona de Tranguil, comuna de Panguipulli, en el marco de un grave estado de violencia a causa de la intervención de una transnacional.

Otro caso emblemático, fue el que atravesó la Machi Francisca Linconao, autoridad tradicional Mapuche, hoy constituyente, a quien operadores de justicia en conjunto con sectores del latifundio colonialista, la mantuvieron encarcelada, declarándose en tres ocasiones su inocencia en el denominado caso “Luchsinger Mackay”.  Cabe consignar que Linconao, previo a esto, había ganado en tribunales la protección de un espacio por razones culturales, marcando un importante precedente ya que involucraba terrenos que son propiedad de una empresa forestal de un latifundista con amplio poder.   

Lorenza Cayuhan Llebul,  comunera mapuche que había sido condenada en el marco de un conflicto de tierras, estando embarazada,  dio a luz engrillada el 2016, por agentes del estado de gendarmería, siendo objeto de hechos consistentes de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes consignaba un informe elaborado por el Colegio Médico.