Red de Universidades por la Infancia denuncia que violencia policial contra hija de Camilo Catrillanca es parte de la política represiva del Estado

El pasado jueves se produjo el despliegue de más de 800 miembros de la policía civil en distintas localidades de la Región de La Araucanía,  dejando una serie de comuneros mapuche heridos y detenidos. El operativo coincidió con el día de la lectura del veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en el que se declaró culpable al ex carabinero Carlos Alarcón por el homicidio simple consumado del Camilo Catrillanca, y de homicidio simple frustrado en contra del menor que lo acompañaba.

Durante esa misma jornada circularon imágenes de la detención de la hija del comunero mapuche asesinado, de tan solo siete años, que efectivos de la PDI redujeron en el suelo. Además, detuvieron a la esposa y a la suegra de Catrillanca, según confirmó Marcelo Catrillanca, padre de Camilo. Estos hechos motivaron la presentación de un recurso de amparo por parte de la Defensoría de la Niñez.

Ante estos lamentables hechos, la Red de Universidades por la Infancia (RUPI),hizo público un comunicado en el que rechazó la violencia sufrida por la menor.

En el texto señalaron que aunque hasta ahora se carece de información clara por parte de la PDI , las imágenes que circularon por las redes sociales y por algunos medios de comunicación «dan cuenta de cómo, en una acción inhumana e institucionalmente injustificable, la niña es violentamente separada de su madre por los funcionarios y trasladada a una Comisaría en la que se le retuvo por casi tres horas hasta poder ser retirada de allí por su abuelo paterno, Marcelo Catrillanca».

Asimismo, condenaron que la niña (G.C.A.) fue expuesta a presenciar la violenta detención de su madre -Katherine Antín- «en la que fue agredida y golpeada por la misma policía«.

Desde la RUPI recordaron que la violencia sufrida por la menor no constituye un hecho aislado, ya que la militarización de las zonas en que se desarrolla este conflicto en La Araucanía, «ha implicado que -de forma sostenida durante las últimas décadas- un importante número de niñas, niños y adolescentes hayan sido, y sean aún, víctimas de reiteradas formas de intimidación y violencia, algunas de ellas, con resultado de muerte».

«Este dispositivo represivo se sostiene además sobre condiciones estructurales de exclusión y vulnerabilidad que atraviesan la trayectoria vital de niños, niñas y adolescentes que forman parte de un pueblo históricamente discriminado», indicaron.

También se refirieron a que en el año 2015 el Comité de los Derechos del Niño señaló su preocupación por la niñez indígena (particularmente la mapuche), instando al Estado chileno a terminar con todo tipo de violencia policial dirigida contra la niñez indígena y sus familias.

«A todas luces, tal recomendación ha sido desoída, mostrándose a través de este nuevo acontecimiento que está lejos de ser considerada como política pública», denunciaron.

Los integrantes de la RUPI, reafirmaron su compromiso con irrestricta defensa de estos derechos e hicieron un llamado urgente a reflexionar sobre la obligación que le cabe al Estado -y en consecuencia a todo funcionario público- «de defender los derechos de todos los NNA bajo su jurisdicción«.

«G.C.A ya ha sido víctima de la violencia estatal policial que le quitó la vida a su padre Camilo. Sin bastar eso, ahora esa violencia cayó sobre sí misma y el resto de su familia. ¡Cuánto nos falta para lograr una sociedad justa y defensora de la niñez, sin importar cuál sea su origen!  De un lado, el Estado pregona que la familia constituye el núcleo protector de los niños, niñas y adolescentes. Mientras del otro, reprime a determinadas familias a través de sus fuerzas de orden, como hemos tenido que observar y lamentar», cuestionaron.

A continuación el texto íntegro del comunicado: