¿Ser mapuche es delito? Juan Pichún enfrenta perpetua sin pruebas, según su defensa

En un caso que ha reavivado el debate sobre la criminalización del pueblo mapuche en Chile, el reconocido lonko Juan Pichún, líder del lof de Temulemu, se enfrenta a una solicitud de prisión perpetua por parte del Estado de Chile. Su defensa legal, a cargo del abogado Sergio Millaman, asegura que después de casi cuatro años de investigación, la acusación carece de sustento sólido completo y se basa en pruebas «meramente especulativas» presentadas por la Fiscalía.

Pichún fue detenido y formalizado en junio de 2025 por su presunta participación en hechos ocurridos en 2021, relacionados con un incendio y porte ilegal de arma, delitos en los que, según su defensor, no hubo personas lesionadas.

Desde su detención, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, medida que su abogado ha calificado de «injusta y sin fundamentos» y que tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema han ratificado, desechando los recursos de amparo presentados.

Pruebas «especulativas» y «veladas»

En una entrevista con Resumen.cl., el defensor Sergio Millaman desglosó punto por punto la acusación fiscal, calificando las pruebas presentadas como «meramente especulativas».

El profesional explicó que el núcleo de la argumentación del ente persecutor radica en la total ausencia de elementos que ubiquen físicamente a Pichún en el lugar de los hechos.

Indicó que los antecedentes recopilados por la Fiscalía no permiten sostener de manera «fundamentada y fehacientemente, que Juan Pichún haya participado en los hechos que se le acusan». Según Millaman, el caso no cuenta con testigos que ubiquen a la autoridad mapuche en el sitio del suceso, ni imágenes que lo vinculen al hecho.

Además, las víctimas del incidente no han reconocido a ninguno de los participantes, ni ofrecer un relato de características físicas que coincidan con las de su defendido.

Explicó que la Fiscalía basa su caso principalmente en interceptaciones telefónicas entre otros coimputados. Sin embargo, Millaman aseguró que el contenido de estas conversaciones es inocuo y ha sido forzadamente interpretado.

En conversación con el medio citado, planteó que este tipo de diálogos son «normales entre personas que se conocen» y no están conectados con ningún acto ilícito. Al respecto, señaló que la Policía de Investigaciones (PDI) interpreta estas conversaciones a partir de un «contenido velado», lo que ha derivado en una conclusión que afirma ‘erradamente’ que Pichún tuvo participación en los hecho.

Como prueba complementaria, se presentaron análisis del tráfico de voz y datos del teléfono del lonko. No obstante, el defensor señaló que estos informes son inconclusos y no prueban su ubicación específica.

Precisó que estos informes muestran que el teléfono circuló por «‘diferentes antenas que habitualmente captan las llamadas y los tráficos de datos de don Juan Pichún», una razón por la cual no se puede considerar este hecho como una prueba concluyente de su ubicación en el lugar en que se registró el incidente.

Prisión preventiva «injusta» y el derecho a la comunicación

El hecho de que Pichún haya permanecido prisión preventiva es otro de los puntos que la defensa cuestiona con vehemencia. Millaman considera que esta medida es «injusta y carente de fundamentos», argumentando que no existe riesgo de fuga ni peligro para la sociedad.

Además, recordó que presentaron un recurso de apelación que fue rechazado y recursos de amparo que fueron desestimados, tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema.

Para reforzar su postura, destacó el profundo arraigo de Pichún y recordó que es una ‘autoridad cultural de su pueblo, de su comunidad’, enfatizando que durante todos los años que ha durado la investigación ha mantenido domicilio y trabajo conocidos.

La comunicación con su defendido también presenta obstáculos. Las audiencias se han realizado de manera telemática, una modalidad que Millaman busca cambiar para el juicio oral.

«El abogado considera que en el juicio oral, un imputado debe estar lo más cerca posible de su defensor para resolver dudas y tener conocimiento del proceso», indicó el periodista Nicolás Salazar Maleras en su artículo para Resumen.cl.

Ante esta situación, no descartan solicitar su traslado a la cárcel de Traiguén, en una ciudad más cercana a su comunidad y núcleo cercano, por tratarse de un «‘derecho fundamental’ de toda persona estar cerca de su familia».

Presidio perpetuo por un hecho sin víctimas

Uno de los aspectos que mayor alarma ha generado es la petición formal del Ministerio de Seguridad Pública de aplicar la pena de presidio perpetuo para todos los acusados, incluido Pichún. Al respecto, el abogado Millaman manifestó su sorpresa y preocupación, ante esta solicitud, dada la naturaleza de los hechos imputados.

Señaló que el lonko está siendo «acusado respecto a un hecho, por un incendio (reiterado) y por porte ilegal de arma, hechos que en lo específico no hubo ninguna persona lesionada, ninguna persona herida de ninguna forma y mucho menos fallecida, entonces no entiendo las motivaciones que tiene el representante del gobierno para solicitar una cadena perpetua», declaró el abogado, poniendo en duda la proporcionalidad y las motivaciones políticas detrás de la petición.

Una persecución transgeneracional

El caso de Juan Pichún no puede entenderse de forma aislada. Es el capítulo más reciente de una larga historia de persecución judicial contra su familia, un linaje de lonkos que se ha mantenido en la primera línea de la defensa territorial mapuche.

Su padre, Pascual Pichún Paillalao, fue un emblemático preso político durante los años 90 y 2000, encarcelado en múltiples ocasiones bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista, por su rol en la recuperación de tierras ancestrales.

El reconocido lonko de la comunidad de Temulemu, falleció en marzo de 2013 a los 79 años de edad y junto al lonko Aniceto Norin de Didaico, fue condenado a cinco años y un día de cárcel, luego de un doble juicio por “amenaza de incendio terrorista”, al fundo del exministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, que estuvo plagado de irregularidades como los testigos sin rostro.

El caso fue denunciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en julio de 2017 determinó que el Estado de Chile violó los principios de legalidad y presunción de inocencia, entre otros, de ocho ciudadanos mapuche que fueron juzgados y condenados en base a la Ley Antiterrorista.

En su fallo, la Corte concluyó “que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley N° 18.314 que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista”.

Los ocho involucrados en el caso fueron condenados a penas de entre 5 y 10 años por los delitos de incendio y tentativa de incendio, calificados de terroristas, en hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones chilenas de Bío Bío y La Araucanía.

Tras la sentencia d la CIDH, en abril de 2019 la Corte Suprema decidió anular las condenas, bajo el argumento de que «han perdido efectos que le son propios».

Por su parte, el hermano de Juan Pichún, Rafael Pichún, permanece actualmente encarcelado en la misma prisión de Temuco, acusado de participar en acciones reivindicativa.

En su artículo, el periodista Nicolás Salazar Malera, destacó que esta persecución sistemática fue reconocida a nivel internacional cuando, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el Estado de Chile había violado los derechos humanos de la familia Pichún y otras comunidades mapuche, sentando un precedente jurídico crucial que pone en evidencia un patrón de violaciones.

Llamado a la comunidad internacional

Ante este escenario, la defensa del lonko Juan Pichún ha elevado su voz más allá de las fronteras nacionales. Millaman hizo un llamado explícito a la comunidad internacional para que observe el desarrollo del proceso.

El abogado subrayó que, en su opinión, las acusaciones contra su defendido son infundadas y que las pruebas son escasas, por lo que espera que los tribunales «concluyan en absolver a Juan Pichún».