Invasión de antenas celulares tiene responsables acusa senador Navarro

El senador del MAS, Alejandro Navarro, sostiene que la responsabilidad de que los barrios sigan siendo invadidos por antenas celulares es de los parlamentarios que promovieron esta ley permisiva y proempresarial, apuntando al diputado Enrique van Rysselberghe.

Por Mauricio Becerra

06/04/2014

Publicado en

Medio Ambiente / Política / Regiones

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El parlamentario del MAS, Alejandro Navarro,  señaló «La responsabilidad de que vecinos que viven en sectores residenciales sigan viendo como sus barrios se plagan de antenas celulares es de los parlamentarios que promovieron esta ley permisiva y proempresarial», apuntando al diputado Enrique van Rysselberghe como «Uno de los principales promotores de la aprobación de esta ley, la que por cierto, vote en contra, ya que era cambiar para no cambiar, es decir, es una ley que dejó a los vecinos en la absoluta indefensión».

El senador junto a vecinos de Hualpén llegó hasta los Tribunales de Justica de Concepción para presentar un recurso de protección en contra de la instalación de una torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de 17 metros de altura, en la propiedad ubicada en calle Gibraltar N°2069, población Nueva El Triángulo de Hualpén. La que está planificada para instalarse a menos de cien metros de la refinería ENAP y a menos de 40 metros de las torres de alta tensión ubicadas en el mismo sector entre medio de las casas de vecinos que se encuentran a la espera de una latente relocalización.

El parlamentario señaló que «la instalación de esta antena en específico, atenta contra lo que atiende el articulo 116 bis letra que E de la ley 20.599 que indica ‘Tampoco podrán emplazarse torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones dentro de establecimientos educacionales públicos o privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, ni hogares de ancianos u otras áreas sensibles de protección así definidas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ni en sitios ubicados a una distancia menor a cuatro veces la altura de la torre de los deslindes de estos establecimientos, con un mínimo de 50 metros de distancia, salvo que se trate de aquellas torres soportes de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones a que se refieren los artículos 116 bis G y 116 bis H de esta ley o sean requeridas por dichos establecimientos para sus fines propios’. Por lo que los tribunales deberán resolver que esta antena no puede ser instalada en el sector».

«La provincia de Concepción hoy corre riesgo inminente de la instalación de más de cincuenta y siete nuevas antenas celulares, y más de doscientas que se encuentran en tramitación en la Subsecretaría de Telecomunicaciones», formuló el congresista. A juicio de Navarro, «la instalación indiscriminada de antenas en barrios residenciales, es responsabilidad de los parlamentarios que promovieron esta ley, como el diputado Enrique van Rysselberghe que aseveraba que el proyecto ‘traería un sinfín de ventajas en el plano de la salud y medioambiental, que se protegería el derecho de cada una de las personas que se han sentido vulneradas en sus derechos ante esta verdadera proliferación de antenas celulares que se ha registrado en los últimos años’, lo que en la práctica fue un engaño a la gente.

En ese sentido, el legislador argumentó que «la ley que regula las instalaciones de antenas que fue aprobada el año 2012, tuvo un fuerte lobby por parte de las compañías de telecomunicaciones, especialmente por parte de compañías celulares, ya que esa ley no fue más que una pantalla, pues lo que sucedió en la realidad, es un total engaño a la gente, un daño a la fe pública. El proceso de instalación indiscriminada y sin previo consentimiento de los vecinos se mantuvo, a pesar de que existen antecedentes del perjuicio patrimonial que sufren los vecinos, la peligrosidad de éstas estructuras y sus ondas electromagnéticas».

Para finalizar, el senador Navarro dijo que «el debate científico en torno a la peligrosidad de las antenas está plenamente vigente, y si las dudas persisten, entonces el principio preventivo es el que debe primar, por lo que haremos los esfuerzos para que en el gobierno de la presidenta Bachelet la ley cambie y así alejar estas antenas lo máximo posible de los centros urbanos». Para finalizar señaló: «Cuando se aprobó aceleradamente esta ley, que por cierto, vote en contra, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, lo resaltó como ‘un triunfo para miles de vecinos en todo el país’ el que desde allí en adelante existiera un equilibrio entre las telecomunicaciones, la protección de la salud y el respeto al entorno urbano. ¡MENTIRA!. Se equivocó nuevamente el gobierno de Sebastián Piñera», asegurando que «en los próximos días llegaremos con los vecinos afectados de la provincia de Concepción hasta la Comisión de Medio Ambiente para plantear la necesidad urgente de modificar esta ley».

El Ciudadano

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