Justicia acoge recurso que busca invalidar proyecto a Celulosa del Grupo Angelini

Resulta que representantes del pueblo indígena, más organizaciones ambientales y ciudadanas, interpusieron una medida de protección por la aprobación del proyecto de Pulpa Textil que pretende impulsar el conglomerado económico, porque no contempló participación ciudadana ni consulta indígena.

La acción judicial, que ya fue acogida por la Corte, argumenta que la compañía debió presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una DIA. De acuerdo de la actual normativa ambiental, al ingresar una DIA los proyectos forestales no están obligados a realizar procesos de participación pública, en cuyas instancias se socializan los impactos sociales y ambientales de los proyectos. Raya para la suma: la empresa de Angelini recurrió a un resquicio legal.

Hay que recordar que el pasado 27 de febrero la Comisión Ambiental de Los Ríos aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa, que operaría en la comuna de San José de la Mariquina, el mismo lugar que la cuestionada Planta Celulosa Valdivia; cuya luz verde implica cambios en la matriz productiva de la tristemente famosa fábrica que fue culpable de dar muerte a miles de cisnes en el río Cruces.

Sergio Millamán, abogado del Observatorio Ciudadano dijo que aquí hay una clara responsabilidad de las autoridades ambientales de la región “es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el que resolvió evaluar sólo con una DIA y no abrir un proceso de participación ciudadana”. El proyecto modifica la actual planta de celulosa en San José de la Mariquina que le permitirá producir además pulpa de celulosa para textiles. De acuerdo a la empresa es sólo una modificación de las instalaciones existentes y por eso se sometieron a una DIA voluntaria. Sobre los impactos ambientales la empresa sostiene que están dentro de los parámetros ya evaluados y autorizados. El profesional del Observatorio Ciudadano dice que el recurso legal cuestiona eso y que “este proyecto por su envergadura y posibles consecuencias en el entorno de un área protegida como el Santuario del Río Cruces y con población indígena colindante debió ser evaluado mediante un EIA”.

Según expone Observatorio.cl, el tribunal valdiviano pidió a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a la Comisión Evaluadora de Los Ríos información relacionada sobre las comunidades que viven alrededor de la fábrica. Asimismo solicitó a la SEREMI de Medio Ambiente datos sobre las reparaciones que realiza el Estado en el río Cruces y el Santuario Natural Carlos Anwandter.

Ximena Rosales, del movimiento ciudadano Acción por los Cisnes, llamó a las autoridades a ser más responsables con el sello ambiental que se ha ganado esta región, “la denegación de un proceso formal de participación ciudadana en este proyecto es un retroceso y genera desconfianza”. Para la dirigente la tramitación de este proyecto fue muy negligente considerando que hay un humedal protegido. El Santuario Natural está recién en un proceso de recuperación y “todo lo que se haga en torno al río Cruces por parte de las autoridades debe ser lo más transparente posible, y lamentablemente ello no ocurrió”. La dirigente recalcó que las autoridades políticas y ambientales “jamás fueron sometidas a un proceso legal por su responsabilidad en la contaminación del Santuario y ahora por lo menos que demuestren voluntad de hacer las cosas bien y no aparezcan de nuevo blindando a esta empresa”.

En este sentido, representantes de la comunidad mapuche de Tralcao Mapu argumentan que aparte de violar la participación pública, resguardada en la normativa de un EIA, también se transgredió el Convenio 169 de la OIT, cuyo acuerdo precisa la Consulta Indígena.

José Araya, Coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano se refirió a las críticas que han surgido por la tramitación ambiental de este proyecto. Aquí hay “una mala señal, un retroceso en materia de participación ciudadana ambiental”. La región fue pionera en la implementación de la reforma ambiental que se institucionalizó desde el 2010 y el caso del Santuario y los cisnes marcó esta reforma y “eso habla bien de una ciudadanía regional comprometida con la sustentabilidad. Lo mínimo es esperar el mismo compromiso de las autoridades ambientales. La identidad de este territorio está fuertemente conectada a su paisaje y valores naturales, y por lo mismo en los proyectos que pueden incidir en este patrimonio la ciudadanía demanda más información, participación y transparencia”

El santuario del río Cruces inicia un complejo proceso de restauración a partir de las medidas que estableció una sentencia judicial que condenó a empresas Arauco por la contaminación. “Aquí se requiere que la ciudadanía y las comunidades locales confíen en el accionar de los servicios públicos y con la forma en que se tramitó el proyecto de Pulpa Textil, eso quedó totalmente cuestionado”.

El Ciudadano

Con información de Observatorio.cl