“No a la criminalización de la defensa ambiental”: OLCA respalda a activistas de Penco ante fallo que silencia la disidencia

El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción a favor de la minera Aclara Resources, en el que ordenó a Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, activistas ambientales de Penco, región del Bio Bío eliminar publicaciones críticas al proyecto de tierras raras, ha levantado alertas y críticas sobre cómo la justicia chilena puede coartar la libertad de expresión y la defensa socioambiental.

Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA),ratificaron su completo respaldo a Arriagada y Cárcamo, señalando que el dictamen del tribunal de alzada, «constituye a nuestro juicio, un peligroso precedente de censura y hostigamiento judicial hacia quienes tienen una postura crítica ante el extractivismo».

En el recurso de protección presentado en febrero, la empresa acusó a ambos pobladores- que por años han denunciado los daños ambientales causados por los proyectos extractivos que han pretendido instalarse en la comuna-, de gestionar la cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste, donde presuntamente «han sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara».

Luego de tres meses, el 26 de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción, decidió acoger laacción legal, ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

Desde OLCA cuestionaron que en su resolución, el tribunal de alzada reconoce que “no existe ningún elemento de juicio que permita ponderar algún tipo de relación de dominio con las referidas cuentas”, pero de forma contradictoria establece que habrían replicado contenidos sin aportar prueba concreta de ello. Aún así, ordena la eliminación de publicaciones y la abstención de futuras manifestaciones.

A través de un comunicado, señalaron que la defensa de los ambientalistas , compuesta por la abogada Antonia Figueroa y el abogado Cristian Urrutia presentaron un recurso de apelación, indicando que el fallo a favor de Aclara infringe el principio de congruencia procesal, vulnera el debido proceso y se basa en una errónea valoración de la prueba, ya que no existe un nexo entre los defensores ambientales acusados y la administración de dicha cuenta de red social, ni alguna prueba que acredite su participación.

Los integrantes de la agrupación compartieron el planteamiento de los abogados quienes alertaron que el fallo de la Corte evidencia «un uso abusivo del recurso de protección, cuya finalidad es silenciar la disidencia frente a un proyecto extractivo cuestionado y aún sin resolución ambiental».

También destacaron que Camila Arriagada, reconocida dirigente social en la localidad, y quien se encuentra judicializada por la minera manifestó en un reciente punto de prensa, que esta acción constituye una señal de amedrentamiento a quienes defienden el territorio y ratificó que pese al intento de acallar la disidencia continuarán con su lucha.

“No vamos a bajar los brazos. Este proyecto ha sido evaluado negativamente por su falta de rigurosidad, y ha intentado disfrazarse de minería verde. Sabemos que no lo es, y por eso nos persiguen”, afirmó ante la prensa.

Asimismo, compartieron las declaraciones de Arnoldo Cárcamo, en las que alertó sobre el peligro ambiental real que implicaría la actividad minera en la zona. “Quieren silenciarnos para que no digamos la verdad sobre los impactos que tendría en los ecosistemas locales”, indicó el activista.

OLCA condena el uso de la justicia para amenazar a activistas que se oponen al extractivismo

En el comunicado, los integrantes del Observatorio compartieron la preocupación de las organizaciones y colectividades que defienden sus territorios, «frente a este uso de instrumentos jurídicos para amenazar a los y las habitantes que se levantan contra proyectos extractivistas que impactaran negativamente los ecosistemas y a las comunidades».

«La libertad de expresión, tiene una protección especial en el marco de tratados internacionales que ha ratificado el estado chileno como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú», recordaron,

Ratificaron su rechazo a la judicialización de la protesta y se sumaron a las más de 250 organizaciones y personas que a nivel nacional e internacional, que han expresado su apoyo a Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamos.

Sobre la decisión de la defensa de los ambientalistas de Penco de llevar este caso hasta la Corte Suprema, desde OLCA extendieron un llamado al máximo tribunal del país a «revertir el fallo que se conoció anteriormente y considere el recurso de apelación, ya que está en riesgo la democracia y los derechos de las personas que pueden opinar libremente sobre proyectos que son un riesgo para sus vidas y las de su entorno».