Por la puerta de atrás: 13 plantas desaladoras financiadas con aporte estatal no fueron evaluadas ambientalmente en el SEIA

Fotografía: Referencial | Rumbo Minero

Frente a la megasequía que se arrastra a nivel nacional hace ya más de 12 años, las plantas desaladoras de agua marina se han presentado como una alternativa razonable para combatir la cada vez más alarmante escasez hídrica.

Esta tecnología se presenta a sí misma como útil e innovadora, y es de entender, ya que plantea la posibilidad de potabilizar agua del mar para la población, o hacerla funcional para la minería u otros procesos productivos. Sin embargo, es poco lo que se habla sobre los impactos ambientales que provocan estos procesos.

La fundación Terram, en su último informe titulado Impactos ambientales, regulación y evaluación de los proyectos de desalinización de agua de mar, problematizó sobre esta práctica. Identificando que al menos 13 proyectos que no se han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), fueron financiados con aportes estatales.

Las conclusiones levantadas por los investigadores de Terram fueron contundentes. Y entre ellas se coteja, primero, que no existe un criterio estandarizado para el ingreso de proyectos de plantas desaladoras al SEIA. Así como también que el 80% de los proyectos analizados tienen por finalidad producir agua para consumo minero e industrial y solo un 20% para consumo humano.

La salmuera originada en el proceso de desalación suele ser vertida al mar, cambiando las concentraciones de salinidad en el medio y afectando a las especies que viven allí. La minuta establece además que durante este proceso industrial se eliminan otros residuos como biocidas, detergentes, antiincrustantes y antiespumantes, los que también generan impactos en la vida marina.

Otro impacto ambiental que genera este proceso industrial es la captura de organismos vivos del medio. «(…) en el proceso de extracción de agua de mar pueden ser arrastrados y atrapados muchos organismos marinos vivos, especialmente aquellos que forman parte del plancton los que –dependiendo de la especie, fase de crecimiento y etapa del ciclo de vida– pueden morir, lesionarse o debilitarse, acarreando efectos potenciales sobre la pérdida de abundancia y diversidad, así como cambios en la distribución relativa de los organismos en el ambiente afectado», señala la minuta.

Hernán Ramírez es uno de los investigadores de la Fundación Terram y coautor, junto a Elizabeth Soto, de esta minuta. Según lo consignado por El Desconcierto, el investigador señaló la urgencia de establecer criterios claros para evaluar los impactos de este tipo de proyectos en el medio marino, «(…) lo cual debiese, desde nuestra perspectiva, realizarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental, y no solo por medio de una declaración, puesto que hasta hoy solo el 40% lo ha hecho vía estudio, que es la manera más rigurosa de evaluar los impactos», sentenció.

Por su parte, la licenciada en Biología Marina y coautora de la minuta, Elizabeth Soto, explicó al medio anteriormente citado que «la evaluación de impacto ambiental debe considerar no solo los impactos que aisladamente generan estas desaladoras, sino también la sumatoria de impactos que estos proyectos pueden causar en los ecosistemas costero-marinos, garantizando que se minimice al máximo su afectación. En este sentido, es muy relevante normar dónde y cómo se disponen los desechos de salmuera y otros elementos nocivos para que no sean depositados directamente en el mar».

En cuanto a distribución geográfica, la Región de Antofagasta lidera el ranking con 14 proyectos de plantas desaladoras ingresados al SEIA para su evaluación ambiental, representando un 48% del total. Luego le siguen Atacama con 7 proyectos (24%); Valparaíso con 4 (14%); Tarapacá con 3 (10%) y Coquimbo con 2 (7%).

La minuta completa en este link.