Región de Antofagasta: Denuncian que megaproyecto minero El Abra pretende instalarse por 40 años más en zonas de sacrificio

Minera El Abra busca operar 40 años en zonas de sacrificio: Organizaciones denuncian graves deficiencias en evaluación ambiental

El megaproyecto de Minera El Abra —filial de la transnacional estadounidense Freeport-McMoRan con una inversión estimada de US$7.500 millones— contempla extender la operación de la faena por más de cuatro décadas mediante la ampliación del rajo minero, la construcción de una planta concentradora, un nuevo depósito de relaves e infraestructura energética, interviniendo más de 15.900 hectáreas en las comunas de Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe y Mejillones, zonas históricamente consideradas de sacrificio ambiental, según informó Radio JGM.

El proyecto «Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada«, actualmente sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ha enfrentado importantes cuestionamientos por las insuficiencias en la información presentada. A la fecha, los organismos de la Administración del Estado han emitido más de 1.000 observaciones técnicas requiriendo aclaraciones, rectificaciones y antecedentes adicionales, mientras la ciudadanía ha ingresado cerca de 800 observaciones durante el proceso de participación ciudadana, reportó Radio Juan Gómez Millas.

Las organizaciones ambientales, entre ellas la Coordinación Tocopilla Digna y la Agrupación por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Pata Hoiri, advierten que las demoras en la evaluación no responden a una supuesta «permisología» sino a la necesidad de subsanar importantes deficiencias técnicas. Las observaciones formuladas por los servicios públicos abarcan materias críticas relacionadas con la protección de la biodiversidad, recursos hídricos, calidad del aire, impactos acumulativos y la gestión de residuos y relaves.

Una de las principales preocupaciones expresadas por las comunidades y los servicios técnicos es la afectación al patrimonio arqueológico y cultural del territorio, incluyendo sectores de alto valor histórico como los geoglifos de Chug Chug y el complejo minero prehispánico de San José del Abra, además de otros bienes patrimoniales presentes en el área de influencia del proyecto. Estas advertencias refuerzan los argumentos de quienes exigen una evaluación rigurosa antes de cualquier aprobación.

Desde Radio JGM se destaca que la existencia de más de 1.000 observaciones técnicas demuestra que «la evaluación ambiental está cumpliendo precisamente la función para la cual fue creada: identificar deficiencias, exigir información suficiente y prevenir impactos que podrían resultar irreversibles». Las organizaciones sociales hicieron un llamado a la ciudadanía, al mundo académico y a las instituciones públicas a mantenerse informadas y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto de esta magnitud, advirtiendo que «la participación activa de la sociedad civil resulta fundamental para garantizar una evaluación ambiental rigurosa, transparente y basada en evidencia técnica».