Collipulli: Abogado defensor del Alcalde participó en fallo favorable al Municipio manteniendo representación activa de la autoridad

Antecedentes presentados ante la Contraloría General de la República abrieron cuestionamientos sobre los estándares de imparcialidad en el sistema judicial de La Araucanía, a partir de la coincidencia de funciones entre abogados que ejercen en el ámbito privado y que, al mismo tiempo, participan en instancias jurisdiccionales.

En el centro del caso se encuentra el abogado Fernando René Cartes Sepúlveda, quien, según la documentación revisada, actúa como defensor del alcalde de Collipulli, Manuel Jesús Macaya Ramírez, mientras se desempeñaba como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco. La representación del jefe comunal se encuentra acreditada en una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional, donde el profesional comparece directamente en su nombre en el marco del proceso de remoción que enfrenta ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía.

El punto crítico no solo radica en el contenido del fallo emitido por la Corte, sino en la coexistencia de roles. De acuerdo con los antecedentes, el abogado habría participado en la vista, acuerdo y redacción de una resolución favorable a la Municipalidad de Collipulli en circunstancias en que mantenía un vínculo profesional activo con el alcalde que encabeza esa misma entidad.

La situación no implica por sí sola una infracción automática, pero sí instala un cuestionamiento relevante en torno a la imparcialidad judicial, especialmente cuando coinciden relaciones privadas y funciones públicas en un mismo entorno institucional. A ello se suma un elemento adicional, y es que la defensa del alcalde no se limita a una sola causa, sino que se extiende a distintos procesos judiciales vigentes, lo que amplifica el alcance de esta superposición de roles.

El contexto en que se produce este cruce es particularmente sensible. La causa Rol N° 35-2025 del Tribunal Electoral Regional busca determinar la eventual remoción del alcalde por presunto notable abandono de deberes. Ese tribunal estuvo integrado, entre otros, por Luis Egisto Mencarini Neumann, en un proceso en curso que podría afectar directamente la continuidad de la principal autoridad comunal.

Los antecedentes evidencian que el caso no se limita a un solo actor. Un certificado oficial del Registro Civil acredita que Luis Egisto Mencarini Neumann es padre de Xaviera Mencarini Solervicens. La abogada se desempeña actualmente como jueza de Policía Local de Collipulli, tras haber sido designada mediante concurso público con terna elaborada por la Corte de Apelaciones.

Estos elementos no permiten por sí solos establecer irregularidades, pero sí evidencian una proximidad institucional significativa entre actores que coinciden en un mismo territorio y en contextos vinculados a la administración municipal.

El escenario se complica al incorporar al asesor jurídico municipal, Jairo González González. Registros oficiales lo identifican como funcionario con funciones directivas dentro de la Municipalidad de Collipulli. Sin embargo, en un escrito judicial presentado ante el Juzgado de Cobranza de Angol, el mismo abogado intervino en una causa solicitando el embargo de dineros vinculados a pagos que debía efectuar la propia municipalidad. El documento identifica expresamente esos recursos como objeto de la acción judicial.

Este antecedente adquiere especial relevancia a la luz del artículo 78 del Estatuto Administrativo, que prohíbe a los funcionarios actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de las instituciones que lo integran. Los antecedentes disponibles no permiten establecer la configuración de una infracción específica, pero sí plantean una interrogante directa sobre la compatibilidad de dicha norma con la actuación descrita.

Fiscalización Comunal

En paralelo al desarrollo de estas las causas judiciales, un rol relevante en la fiscalización ha sido asumido la concejala Carolina Valenzuela Muñoz, quien ha impulsado acciones de control sobre la gestión municipal y el desempeño de la autoridad comunal. A estas iniciativas se han ido sumando progresivamente otros integrantes del concejo, en un contexto marcado por crecientes tensiones internas.

Fuentes vinculadas al proceso describen un ambiente de conflictividad sostenida, con denuncias de hostigamientos y un deterioro en las relaciones institucionales dentro del municipio. La convergencia de procesos judiciales, acciones de fiscalización y disputas políticas ha configurado un escenario de presión constante, con cuestionamientos sobre los mecanismos de control y gobernanza local.

El caso vuelve a instalar un debate estructural sobre el funcionamiento del sistema judicial chileno y los márgenes en que puede coexistir el ejercicio privado de la abogacía con la función jurisdiccional. Más allá de su eventual legalidad, los antecedentes muestran un escenario donde distintas funciones convergen dentro de un mismo circuito institucional, desplazando la discusión desde lo estrictamente jurídico hacia el terreno de la confianza pública.

Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, que deberá determinar si las situaciones descritas configuran eventuales vulneraciones a principios de probidad, independencia o deber de abstención. En paralelo, la causa contra el alcalde continúa su tramitación en el Tribunal Electoral Regional y en instancias constitucionales.
En Collipulli, el caso ya trasciende a una causa individual. Lo que está en juego es si los estándares de independencia se aplican de manera uniforme dentro del sistema.

El Ciudadano