El gobierno de Macri sigue avanzando contra la Ley de Medios en Argentina

El por ahora titular del organismo, Martín Sabbatella (quien espera que la justicia se expida sobre los decretos de Macri que lo remueven de su cargo), junto con otros directores, funcionarios y trabajadores se retiraron del lugar  el pasado jueves 24 de diciembre cerca de las 23, luego de un operativo policial que duró varias horas y que incluyó gritos y momentos de tensión.

La medida la resolvió el juez federal Julián Ercolini, en una causa penal por “abuso de autoridad” y “usurpación del cargo” iniciada por el interventor Agustín Garzón, nombrado por decreto presidencial el miércoles 23, el cual Sabatella se negó a acatar hasta que la justicia no de un fallo al respecto.

En ese sentido, Garzón recién tomaría posesión el próximo lunes por lo que la decisión de Macri, con apoyo del juez y la Policía Federal, dejará acéfalo el organismo hasta entonces. Como se informó anteriormente y a contramano de lo que el respeto a las autoridades e instituciones supone, el desalojo se resolvió sin esperar la respuesta (que sigue pendiente) de la medida cautelar solicitada por Sabbatella, en la que impugnó la constitucionalidad del decreto que designa al interventor.

“Están locos, es un atropello brutal que no tiene límites. Con esta medida clausuraron una ley del parlamento nacional, quieren ponerle una faja de clausura a la democracia”, aseguró Sabbatella en diálogo con el diario Página/12.

En este contexto, la decisión del poder judicial termina de cerrar el vergonzoso accionar iniciado por Macri  nada más y nada menos al día siguiente de asumir como presidente, cuando dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó y desarticuló parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Mediante el dicho DNU, el 13/15, el nuevo presidente de Argentina colocó bajo la órbita del ministerio de Comunicaciones, a cargo del polémico y cercano a militares represores Oscar Aguad, a la Afsca y la Aftic, dos entes hasta entonces autárquicos y descentralizados. Además de subordinarlos, les quitó parte de facultades que les eran propias por ley.

A la semana siguiente, el mismo Aguad anunció la designación de Garzón como interventor mediante un decreto simple, el 236/15. Según el ministro, la intervención se produce producto a la “rebeldía” de Sabbatella y del titular de la Aftic, Norberto Berner, que no accedieron a dejar sus cargos. Ambos cuentan con mandato por ley hasta 2017 y 2019, respectivamente. Al frente de la Aftic fue nombrado interventor, Mario Frigerio, tío del ministro del Interior, según informa Página/12.

Por su parte, Sabatella  afirmó en su medida cautelar, presentada también ante la justicia argentina, que el Presidente Macri no tiene atribuciones para intervenir el organismo, ya que se trata de un ente autárquico creado por una ley del Congreso, que determina taxativamente en su artículo 14 los mecanismos de remoción de sus autoridades.

Además, dicha ley dice expresamente que los miembros del directorio de la Afsca “solo podrán ser removidos de sus cargos” por una resolución del Consejo Federal del organismo, adoptada por los votos de dos tercios de sus miembros, por causales específicas como incumplimiento o mal desempeño y después de garantizar el derecho de defensa.

En lo que representa una clara devolución de favores por parte de Mauricio Macri a los medios concentrados en Argentina, como el grupo Clarín, grandes artífices del triunfo en las elecciones presidenciales, el nuevo gobierno argentino da un vuelco preocupante en el derecho a la información del pueblo y a la libertad de expresión de varios sectores de la sociedad al no respetar la Ley de Servicios Audiovisuales.

Dicha ley fue producto de una discusión extensa a lo largo de todo el país y marcó un hito para otras naciones del continente en la lucha desigual contra los grandes conglomerados mediáticos. A Macri, claro, esto parece no importarle en lo más mínimo.