¡Unánime!: proyecto que protege a trabajadores de las comunicaciones es aprobado en general

Fotografía: Protección a la prensa (referencial) | Fuente: Revista De Frente

De forma unánime (10 votos a favor), esta mañana el proyecto de protección a la prensa (boletín 14964-24) fue aprobado en general por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. La iniciativa promovida por la diputada Nathalie Castillo (PC) protege a periodistas y trabajadores/as de las comunicaciones durante su ejercicio profesional y se adecúa al modelo internacional referente en la materia.

La moción, ingresada el pasado 8 de junio por la diputada representante de la región de Coquimbo y presidenta de la comisión, fue trabajada en conjunto con el Colegio de Periodistas y el periodista de investigación, Mauricio Weibel.

“La aprobación de este proyecto habla muy bien del momento político que estamos viviendo, donde se pone en el centro el principio y el valor de la libertad de expresión y la protección de las y los periodistas”, expresó Castillo.

“De manera transversal hemos trabajado en este proyecto que sitúa a las y los periodistas, a la comunicación social y a todos quienes están trabajando por fortalecer la democracia a través de los contenidos en el lugar que recomiendan diversos organismos internacionales. Avanzar en materias de comunicación robustecerá el estado democrático de nuestro país”, complementó la diputada, junto con señalar que espera el patrocinio e indicaciones del Ejecutivo.

En lo particular, la iniciativa amplía a las personas garantes de esta protección, considerando no sólo a periodistas, sino que también a personas que cumplan otras labores en la comunicación, tales como camarógrafos, fotógrafos, ayuda técnica, entre otros.

Asimismo, el Estado deberá adoptar un discurso público que impida la violencia contra periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Sobre aquellas personas que se encuentren en calidad de fuentes, deberá protegerlas en caso de que se identifique una situación de riesgo. Sucederá de igual manera con las familias y/o cercanos, quienes, en escenarios de potencial vulnerabilidad, serán trasladados a lugares seguros.

Respecto a mujeres y disidencias sexuales, el proyecto incorpora la responsabilidad y deber del Estado en la adopción de medidas concretas para visibilizar los ataques de las que sean víctimas, derivando los casos al Ministerio Público quien investigará y sancionará con perspectiva de género. El organismo, además, deberá conducir aquellas investigaciones con efectividad y en un plazo razonable.

La idea matriz del proyecto recoge el modelo que ofrece UNESCO para abordar la indefensión de personas trabajadoras de las comunicaciones durante su actividad laboral, situándolos como agentes defensores de derechos humanos, categoría que obligará al Estado de proveerles protección especial.

Tras la aprobación en general, la votación en particular se fijó para el próximo 7 de septiembre. La instancia está conformada por los diputados Benavente (UDI), Bernales (Radical), Durán (RN), Durán Salinas (RN), Ojeda (Republicano), Rivas (PDG) y las diputadas Delgado (PEV), Mix (Comunes), González (PPD), Serrano (PC) y Castillo.