La escandalosa nómina de oficiales recontratados por la FACh
Investigación de Matías Rojas, marzo de 2018.
Reservar datos del personal que integra la Fuerza Aérea de Chile cede ante la necesidad de transparentar las políticas de contratación de uniformados que dejaron de pertenecer a la institución, y que posteriormente volvieron a trabajar en la misma como empleados civiles.
Así de categórico fue el Consejo para la Transparencia en octubre de 2017, luego de acoger un amparo por denegación de acceso a la información presentado por El Ciudadano (C2216-17). Éste reclamaba contra la FACH por ocultar una lista de oficiales en retiro que en ese momento seguían cobrando sueldo en la rama de las Fuerzas Armadas con la posibilidad de rejubilarse.
En noviembre de aquel año, la controversia llegó al Palacio de Justicia. Buscando mantener el secreto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago citando aquella parte del Código de Justicia Militar que restringe la publicidad de dotaciones para proteger la «seguridad nacional».
En su escrito, el CDE explicó las recontrataciones como una «manera de posibilitar el aprovechamiento» de personal retirado «que, por sus condiciones y preparación, resulta un aporte necesario en el desarrollo de las tareas propias del servicio… y (para) ejercer labores críticas y estratégicas en materias relativas a la Defensa Nacional».
El Ciudadano logró acceder por fuentes reservadas a un listado de generales (r) de Aviación, generales (r) de Brigada Aérea y coroneles (r) de la Fuerza Aérea que al año 2015, ya jubilados, percibían montos adicionales a la pensión, que bordean y superan los dos millones de pesos brutos.
Con los haberes más altos figuraban ex miembros del Alto Mando como Julio Escobar Díaz y Hugo Peña Leiva (asesores del Comité Asesor en Materias Especiales, o CAME), César Mac-Namara Manríquez, Jaime Alarcón Pérez y Manuel Quiñones Sigala (asesores del Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales), todos con $2.909.612 de sueldo, y Roberto Sarabia Vilches (asesor de la Comandancia en Jefe) con $2.508.854.
Les seguían ex generales de Brigada Aérea como Ricardo Klima Weisskopf y Renato Muno Luco (asesores del CAME), con $2.896.754 y $2.909.612, respectivamente; Rafael Sánchez Giraud y Alberto Silva Aguayo (asesores del director de la Escuela de Aviación), con $2.744.318, y Carlos Pabst García (del Estado Mayor) con $2.203.089.
En el caso de ex coroneles -más de 40 en la nómina de 2015- aparecían los nombres de Mario Arancibia Marín (asesor del Comando Logístico) con $2.508.855, Rodolfo Baeza Maturana (funcionario de la División de Planes y Políticas de la Subsecretaría de Defensa) con $2.203.090, y Vittorio Gallegos Bencini (secretario de la Comandancia en Jefe) con $2.203.090.
Voces al interior de la institución explicaron a este medio que a partir de 2016, producto de reclamos efectuados por otros oficiales recontratados que alegaron pagos dispares y «a dedo» por la Fuerza Aérea, se estableció una media estandarizada de $2.610.810 brutos para generales (r) de Aviación, $2.382.469 para generales (r) de Brigada Aérea y $1.878.985 para coroneles (r).
Lo que para algunos significó un aumento de remuneraciones, para otros implicó fuertes rebajas. Uno de los ex oficiales que habría expresado su malestar por la medida fue el capellán nacional de la Fuerza Aérea de aquella época, Anibal Jiménez Lazón. El religioso, quien firmó un contrato como coronel (r) en 2009, tuvo que soportar la pérdida de $320 mil pesos mensuales por el solo hecho de equipararse a aquellos que ganaban menos.
En la lista llamó la atención la presencia de funcionarios que fueron recontratados para llenar puestos directivos que, comúnmente, son llenados por la oficialidad activa. Es la situación del coronel (r) Jorge Moreno Oyarzún, quien asomó en el documento como el segundo hombre a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA).
Otros dos coroneles en retiro, Jorge Correa Meneses y Edgardo Jara Sepúlveda, figuraban como directivos de la Oficina de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (OTAIP), misma repartición que persistentemente se ha opuesto a entregar la información requerida por El Ciudadano.
Investigación realizada por Matías Rojas y publicada en marzo de 2018.
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