Artículo 19 revisará el caso de comisionados presos por desclasificar información reservada en Veracruz

Comisionado de Jalisco revela el caso durante el primer día de trabajo de la 13ª Edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC)

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La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa del derecho a la información, revisará el caso de los tres excomisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), presos tras mostrar independencia y emitir resoluciones que ordenaban al poder ejecutivo transparentar expedientes y obligar a dependencias a entregar información que habían clasificado como reservada.

En la sesión “Acceso a la Información, desinformación y libertad de prensa en la era digital”, Quinn McKew, Directora Ejecutiva de Artículo 19, reveló su preocupación por el caso de los ex comisionados Yolli García Álvarez, Arturo Mariscal y Rubén Mendoza, acusados oficialmente de delitos que no se consideran graves ni ameritan prisión preventiva, pero se encuentran recluidos sin sentencia en el penal de Pacho Viejo, Veracruz.

Fue Salvador Romero Espinoza, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco quien visibilizó el caso durante el primer día de trabajo de la 13ª Edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), presidido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Romero Espinoza sostuvo que integrantes y exintegrantes del Sistema Nacional de Transparencia también se han pronunciado por estos encarcelamientos que significan una amenaza para la autonomía de los organismos garantes de transparencia, el libre ejercicio de las profesiones en México y que se pudiera tratar una persecución política, derivada de haber cumplido con su obligación constitucional de defender el acceso a la información y la protección de datos personales de la sociedad veracruzana.

Al respecto, Quinn McKew, Directora Ejecutiva de Artículo 19 aseguró que la verdad nunca ha sido tan amenazada como ahora. Luego de agradecer que este caso saliera a la luz, explicó que la información es poder y que existen funcionarios del estado que creen que manteniendo la información también mantienen el poder y en este sentido, los comisionados de transparencia, los que obligan al estado a entregar los datos a los ciudadanos, son considerados una potencial amenaza.

Gilbert Sedungwa, Secretario Ejecutivo del African Freedom Information Center, calificó como vital que este caso debía constituir un debate importante al centro del ICIC, pues el ataque a los comisionados podría extenderse y replicarse si este hecho se ignora, por lo que debía considerarse en su real dimensión.

Tanto Sedungwa como McKew advirtieron la importancia del periodismo de investigación en el acceso a la información en un contexto de peligro por los ataques que sufren las y los periodistas en su labor de informar.

“El periodismo de investigación está en peligro de extinción”, coincidieron ambos defensores de la información al afirmar que los ataques a la difusión de información, a quienes defienden la verdad, a los actores que hacen posible el cumplimiento del derecho a saber son un síntoma de la autocracia de gobiernos que en el fondo amenazan la vida democrática en el mundo.

Hay que señalar que Michel Kristian R. Ablan, Subsecretario de Administración, Finanzas y Libertad de Información en la Oficina de Gestión de Proyectos de Libertad de Información de Filipinas, designado como relator de la sesión, ofreció un resumen pobre, sin informar al pleno del ICIC las reflexiones y consideraciones vertidas en la sesión que enfáticamente habrían recomendado llevar a discusión este caso a los  73 autoridades de 39 países que conforman el foro global más importe en materia de transparencia y acceso a la información.

Comisionados presos por ordenar transparentar documentos

En entrevista con El Ciudadano México, Salvador Romero Espinoza, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco, relató el caso de Yolli García, que cumple dos años y medio encarcelada sin sentencia, fue privada de su libertad justo un día después de terminar el cargo como comisionada del IVAI.

Apuntó que Yolli García es acusada “formalmente” de haber nombrado a personal del órgano interno de control del IVAI sin tener atribuciones para ello, que de acreditarse, la irregularidad sólo constituía una falta administrativa que no ameritaba prisión preventiva.

Pese a que jurídicamente se le permite que lleve su proceso en libertad por no estar acusada de delitos graves, la autoridad judicial en Veracruz argumentó la necesaria encarcelación por ser “una persona peligrosa que podría darse a la fuga” al no acreditar su arraigo, aunque ha vivido más de 15 años en Veracruz donde ha sido magistrada electoral en ese estado por 9 años y 7 años comisionada del IVAI.

El comisionado reveló que la familia de Yolli García, como los defensores de la transparencia en el país han advertido una represalia de la que fue y excoordinadora Nacional de Organismos Garantes de Transparencia, pues los delitos por los que está acusada la ex comisionada son parte de un expediente irregular, por lo que consideran una presa política más en Veracruz. Cercanos señalan que su único delito fue haber incomodado al poder ejecutivo estatal con sus resoluciones al obligarlo a entregar información que había clasificado como reservada.

“Quienes hemos revisado el expediente no encontramos otra explicación más que una venganza por su trabajo en favor de la trasparencia”.

Versiones periodísticas apuntan que los otros dos comisionados que también habían mostrado independencia, Arturo Mariscal y Rubén Mendoza, aprehendidos hace mes y medio, fueron “invitados a renunciar” a cambio de liberar a Yolli García, lo que hicieron inmediatamente, pero en el mes de abril los vincularon formalmente a proceso y de forma indebida se le dictó prisión preventiva que actualmente se encuentra indefinida.

Romero Espinoza aseguró que cada día que pasa en prisión la excomisionada agrava su salud, la familia ha denunciado que no se le ha permitido recibir atención médica dentro del penal.

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Fotos: Kara Castillo

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