Opinión

Autonomía y Democracia

La conexión entre el actuar autonómico y democrático es esencial, no accidental

Por Guadalupe Grajales

El martes en la Nocturna, un panel de discusión en torno a temas fundamentalmente universitarios, se puso de relieve la esencial relación entre autonomía y democracia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En esta ocasión nos referimos a la autonomía no sólo de la institución como tal, sino también a la de los órganos colegiados instituidos por ella para desempeñar dos funciones al menos: el diseño y la evaluación de las actividades universitarias sustantivas.

Con respecto a la autonomía de la universidad recordamos la crisis sufrida por ésta en 1981, cuando los universitarios votaron por dos modelos: el de la universidad como órgano de un partido político o el de la universidad independiente de cualquier relación orgánica con cualquier institución o autoridad política. Afortunadamente ganó la segunda opción.

Hoy, los hechos apuntan a un sometimiento total a los poderes externos por la vía de la liberación a modo de los recursos monetarios que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las universidades públicas: “Sí, te doy el dinero, pero a través de los programas y los proyectos que yo diseño e instrumento.” ¿Dónde queda entonces la autonomía?

Pero lo más grave, o tan grave como lo anterior, es que al interior mismo de la universidad se ha reproducido el mismo sistema: ni una sola hoja del árbol universitario se mueve si no es con la bendición y anuencia de la administración central, la llamada burocracia dorada.

A pesar de que en la Ley y el Estatuto Orgánico de la universidad están claramente señaladas las atribuciones y facultades de las autoridades personales y colegiadas, a éstas se las ha suplantado sistemáticamente con la creación de cuanto aparato se pueda imaginar. ¿Quieren saber si se trata de un aparato de este tipo? Vean las siglas: PIEVA (Programa Institucional de Evaluación Académica), CIA (Comisión Institucional de Admisión), CIP (Comisión Institucional de Planeación), CIGAA, aquí se les pasó ponerle otra ‘I’ (Comité para la Integración y Gestión Académica y Administrativa), CIG (Comisión Institucional de Género), etc.

Como pueden ver, la palabra mágica es ‘Institucional’. Con ese apellido la administración central ha ido usurpando una a una las funciones de diseño, planeación y evaluación de la docencia, la investigación y la extensión, actividades sustantivas de la universidad, para trasladar a estos órganos “institucionales”, monitoreados por los funcionarios designados por la propia administración, las decisiones más relevantes para definir la marcha de la propia universidad. La verticalidad es absoluta.

Todo universitario, trabajador(a) o alumno(a) está sujeto a una constante vigilancia y evaluación, pero no hay una sola acción dirigida a evaluar los resultados de las decisiones tomadas por los aparatos administrativos. Es el caso del famoso MUM, Modelo Universitario Minerva. Este modelo fue implantado desde la gestión de Enrique Agüera Ibáñez y no sabemos nada respecto a los resultados obtenidos. Incluso se llevó a cabo una especie de reforma de este modelo y actualmente es el que “se sigue”. 

El MUM se instaló como un modelo de competencias cuyo objetivo central es eliminar el excesivo academicismo en la enseñanza para dar prioridad a la adquisición de habilidades, actitudes y competencias. Este modelo irrumpió con gran fuerza en los organismos mundiales y fue adoptado y transmitido por ellos a todos los países que caen bajo su esfera. Esto fue lo que definió las políticas públicas educativas de nuestro país.

Pero nosotros simplemente tenemos algunas preguntas muy sencillas de responder: con la implantación de este modelo ¿en qué medida se amplió la matrícula universitaria? ¿en qué proporción se abatió el índice de deserción? ¿en qué porcentaje se incrementó el índice de titulación? ¿cómo incidió el modelo en la superación académica de los docentes? ¿cómo contribuyó a la profesionalización de los docentes? Éstas y muchísimas preguntas más siguen sin resolverse hace décadas. 

¿No consideran ustedes que es tiempo ya de que los administradores y sus aparatos nos rindan cuentas? Ahora a ellos les toca ser evaluados.

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