Ayotzinapa y el protocolo de Estambul

Alejandro Encinas, antes de renunciar a la Subsecretaría difundió documentación referida al caso, complemento contenido del Segundo Informe

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Ayotzinapa y el protocolo de Estambul

Autor: Arturo Garmendia
27/10/2023

Alejandro Encinas, antes de renunciar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (y por ende a la titularidad de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), difundió documentación referida al caso, un complemento al contenido del Segundo Informe. Afirmó entonces que se trataba del análisis de las 17 mil fojas que había entregado la Sedena a la Comisión que giraban, entre otras cosas, al espionaje militar a la red criminal que opera en Iguala. Informó también que se había detectado evidencia de que el encargado de investigar el caso en sus orígenes, el Fiscal Especial Omar Gómez Trejo, al presentar sus avances sobre el caso al presidente López Obrador recién electo, le reveló en una lista de 50 personas a las que consideraba responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Meses después le reportó que el juez encargado del caso los había liberado por considerar que habían sido torturados.

A continuación el presidente confirmó los hechos, añadiendo que por haberle entregado su confianza, supuso que Gómez Trejo había procurado que se aplicara a los detenidos el protocolo de Estambul. Encinas replicó que no era así: la defensa de los acusados alegó tortura, el juez señaló a la fiscalía un plazo de diez días para que procediera a la aplicación del protocolo y al no obtener respuesta dejó a los presos en libertad.

Bien, pero ¿en qué consiste el protocolo de Estambul? Es un manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En estos casos, la tortura se ejerce por parte de los servidores públicos, por eso se considera una violencia de Estado. Considera los siguientes elementos:

Historia / exploración psicológica: Integra los antecedentes psicológicos previos y posteriores a la tortura, examen del estado mental, el funcionamiento social y todas las secuelas que deja el hecho traumático.

Exploración física exhaustiva: Verificar el estado de salud de la persona, mediante diversos estudios clínicos especializados que recorran la cabeza, tórax y abdomen, sistema genitourinario, sistema musculoesquelético, sistema nervioso central y periférico, etc.

Alegaciones de tortura y malos tratos: Resumen de los hechos, mencionando los datos de la detención, lugares y una cronología.

Historia psicosocial del sujeto previa a la detención

Calificación de los expertos clínicos que intervienen en el caso: Formación académica y experiencia en la documentación de casos de tortura.

La simple enumeración de los requisitos del protocolo deja ver dos opciones: Para justificar el alegato de tortura, el juez debería haber previsto que diez días eran insuficientes para obtener la información correspondiente a 50 individuos, aun el caso de que la fiscalía contara con los suficientes recursos humanos para realizarlos; y dos: el fiscal podría haber reclamado más tiempo (a veces se conceden meses para recabar la información complementaria). Además, aun si se comprobara que existió la tortura, ese hecho no es necesariamente vinculante, sino sólo un elemento más para formular un juicio, en atención además a la magnitud de los delitos cometidos.

En suma, resulta evidente que tanto el fiscal como el juez (y seguramente otros intereses que actuaron en las sombras) procedieron alevosamente, en un contubernio para descarrilar el caso. A esto hay que añadir que dos importantes funcionarios mencionados en la susodicha lista, eludieron responsabilidades: Murillo Karam todavía estuvo en libertad varios años, y Tomás Zerén de Lucio tuvo oportunidad de huir a Israel. Y ahora, más de cinco años después de los hechos, el exfiscal especial, Omar Gómez Trejo acusa desde el exilio que, al despedirlo, el presidente López Obrador “dinamitó la investigación” que había hecho.

Por el contrario, como puntualizó su dirigente “La Cobaj al esclarecer los hechos y a deslindar responsabilidades para llevar a juicio al exprocurador general Jesús Murillo Karam así como a 14 elementos del ejército, incluidos dos generales, los comandantes del 27 Batallón de Infantería en Guerrero y otras altas autoridades coludidas con los perpetradores de la desaparición de los jóvenes normalistas. Ha contribuido, pues, a rasgar el complejo entramado de protección que han tejido los nefastos responsables de aquella masacre.

Quizás la entrega y valentía de Encinas le han valido perder su cargo; pero tiene nuestro reconocimiento, y al final su esfuerzo no será en vano.

Por: Arturo Garmendia

Foto: Archivo El Ciudadano

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