Deportistas bajo investigaciones

Caso Conade, Función Pública descubre anomalías, en 2019 desaparecieron 157 mdp

Una segunda auditoría realizada a los recursos públicos del Fodepar, ejercidos durante el segundo semestre de 2019, arrojaron irregularidades

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara

Por Beatriz Pereyra

Los resultados de la segunda auditoría realizada a los recursos públicos federales del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), ejercidos durante el segundo semestre de 2019, arrojaron otra vez irregularidades en el otorgamiento, aplicación y comprobación del dinero, que se cometieron con la ayuda de un grupo de federaciones, deportistas, entrenadores y personas que simularon ser entrenadores.

El nuevo monto del daño patrimonial al fideicomiso Fodepar asciende a 106 millones de pesos que, sumados a los 50.8 millones señalados en los recursos ejercidos en el primer semestre de 2019, dan un total de casi 157 millones de pesos malversados durante el primer año de la gestión de Ana Guevara como directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Las nuevas observaciones derivadas de la auditoría ponen al descubierto “las recurrencias” de los malos manejos de un grupo de funcionarios que, si bien ya fueron destituidos —entre agosto y noviembre de 2020, y algunos sancionados con inhabilitaciones de seis meses—, sus actos u omisiones continúan impunes, pues la Secretaría de la Función Pública (SFP) no los ha denunciado ante la Fiscalía General de la República, como marca la ley.

Pese a que desde septiembre de 2019 los auditores del Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP adscrito a la Conade informaron por primera vez del desvío de los recursos públicos, durante prácticamente un año más los funcionarios y personas señaladas siguieron trabajando en la dependencia del deporte con las mismas malas prácticas,

Deportistas habrían sido parte del saqueo

Entre las anomalías detectadas destacan algunas que involucran incluso a deportistas destacadas, como la marchista Alegna González y la pentatleta Tamara Vega, quienes aparecen en la observación 4 y en la cual los auditores revisaron 80 expedientes de viajes a competencias y campamentos y sobre la adquisición de equipamiento deportivo.

Alegna González está señalada por no haber comprobado correctamente 814 mil pesos que le depositaron a su cuenta, y cuyo reembolso solicitó por escrito. En lugar de entregar los boletos de avión y las facturas de los hoteles donde se hospedó durante dos competencias (junto con su equipo de trabajo y otros marchistas en Podebrady, República Checa, y Naumburg, Alemania), la empresa Consultas y Negocios Comerciales de la Sierra, S de RL de CV, comprobó el dinero.

“Se detectaron irregularidades toda vez que no existen facturas de las aerolíneas donde manifiesten el precio real de cada boleto de avión, (el precio) se considera excesivo; los otros cargos de la línea aérea (están) sin evidencia de que en las facturas de aviones vengan dichos cargos, no existe comprobante fiscal de los hoteles donde supuestamente se hospedaron”, reclama el documento del cual Proceso posee una copia.

Entrevistada por este semanario, la marchista señaló que en la Conade le dijeron que el dinero que había recibido en su cuenta bancaria lo transfiriera a dicha empresa, pues se le tenía que pagar “por el servicio brindado”. La deportista refiere que ella desconoce los procesos administrativos y que sólo hizo lo que le indicaron.

Es importante resaltar que el equipo de trabajo de Alegna González recibió los boletos de avión antes de viajar y el hospedaje ya estaba cubierto; aún así la atleta —que además firmó como si fuera entrenadora— solicitó el reembolso. En la competencia de Podebrady, González consiguió su calificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Consultas y Negocios Comerciales de la Sierra, S de RL de CV, tiene domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez. Esta es una de varias empresas con las que opera Germán Eduardo López Dorantes, amigo del exsubdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, quien por los actos de corrupción que cometió ya fue destituido por la SFP.

López Dorantes es un veracruzano —igual que Benítez— que también opera otras dos empresas: Catering, Housekeeping, Hospitality and Feeding Services, SA de CV, y Edgar García Morales y Asociados, S de RL de CV, mediante las cuales —como con Consultas y Negocios Comerciales de la Sierra— indebidamente refactura boletos de avión y servicios de alimentación y hospedaje, irregularidades que han sido señaladas por los auditores porque se pagan a sobreprecio y los servicios son inexistentes.

También defraudó a la agencia de viajes Link Travel, a quien le solicitó boletos de avión (por alrededor de 1.3 millones de pesos) para distintos deportistas, pero no se los pagó. No obstante, el dinero fue comprobado en el Fodepar.

Esta persona, a quien entre los funcionarios de la Conade se le conoce como “El Ingeniero”, es el mismo que en abril de 2019, desde una sucursal del Banco Santander en Xalapa, depositó más de 3 mil libras para el pago de hospedaje en Londres de la medallista María Espinoza, durante una gira por Europa (Proceso 2224).

El caso de Tamara Vega también es grave: a ella se le otorgaron 600 mil pesos por medio de un pagaré para la adquisición de alimento para caballos, que fue comprobado con una factura de la empresa Comercializadora Kimidoll, SA de CV. Los auditores no encontraron evidencia documental ni fotográfica que demuestre que ese dinero se utilizó con tales fines.

Del mismo modo, Vega solicitó, por medio de reembolso, 804 mil pesos que utilizó para participar en el Campeonato Mundial de Pentatlón 2019. Ese dinero fue comprobado con irregularidades por dos empresas: Comercializadora Kimidoll facturó los servicios de hospedaje, alimentos e inscripciones a la competencia y Actitud Travel, SA de CV, los boletos de avión y otros cargos aéreos.

Al respecto, “no se cuenta con documentación comprobatoria original y fiscal que ampare el costo real de la compra de los boletos electrónicos de avión, del IVA y TUA cobrados, tampoco documentación de alimentación e inscripciones”, se lee en la observación 4.

Proceso buscó vía un mensaje de WhatsApp a Tamara Vega, para preguntarle acerca del tema. A la deportista le molestó la consulta y dijo que ella sólo da entrevistas para hablar sobre su carrera deportiva. Después interrumpió la comunicación.

En la revisión de 33 expedientes se da cuenta que la auditoría descubrió irregularidades en 2018 que generaron un daño patrimonial por 3 millones de pesos. Entre lo más destacado se encuentra la relación de parentesco que existe entre los prestadores de servicios contratados, información que Proceso (edición 2270) ya había documentado en mayo de 2020, cuando dio cuenta de la manera en que entre servidores públicos se repartían los contratos para otorgárselos a amigos y personas que no se presentaban a trabajar, en muchos casos a cambio de un moche.

Algunos de los familiares contratados son los hermanos Fidel y Alejandra Contreras Fonseca, y Gisela y Miguel Solís Chavira.

Otra irregularidad es la de Alejandro Gutiérrez López, quien para ser beneficiario del Fodepar se hizo pasar por entrenador. Es una de las personas que contribuyó a desviar los recursos públicos de dicho fideicomiso, y cuando fue señalado en la primera auditoría, fue dado de baja del padrón y contratado como prestador de servicios profesionales.

“Se presumen simulaciones en los servicios prestados y de no contar con las capacidades profesionales para las cuales fueron contratadas (las personas). Es posible que exista un daño patrimonial a la Conade mediante la simulación de la prestación de servicios y servicios que no se llevaron a cabo”, indica la auditoría.

La recomendación de los auditores es que se dé de baja a quienes no acreditan capacidad profesional, técnica y de experiencia, y que devuelvan el dinero que recibieron como compensación.

El Ciudadano / Agencia APRO

FOTO: Cuartoscuro

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