¿Concesiones en Puebla contradicen la política de AMLO?

Mientras a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta a que el Estado se encargue de administrar empresas y prestar servicios, en Puebla se hace lo opuesto y se prefieren las concesiones transexenales, para que el sector privado se ocupe del control, mantenimiento y aprovechamiento de bienes y servicios públicos.

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Este contraste genera opiniones divididas en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues legisladores consideran que ambos mandatarios hacen lo correcto, sólo que cada uno enfrenta condiciones diferentes, mientras que activistas afines al movimiento advierten que lo que ocurre en Puebla es incongruente y contrario a la llamada “Cuarta Transformación”.

A su vez, líderes empresariales y académicos ven justificadas, e incluso necesarias, las concesiones en Puebla, al señalar que el gobierno estatal carece de recursos económicos, materiales y humanos para hacerse cargo de bienes y servicios de forma efectiva, sin que esto represente una carga para el erario.

Ven incongruencia y prácticas neoliberales

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo señaló que en Puebla no se consolidará la “cuarta transformación” mientras en los discursos se diga que se trabaja en beneficio de la gente, pero en las acciones persistan prácticas neoliberales que favorecen al sector privado y encarecen los servicios para la ciudadanía.

Como ejemplo de esto, lamentó que mientras la población padece un mal servicio de agua potable en la capital poblana, las últimas dos legislaturas del Congreso local, con mayoría de Morena, incumplieron con el compromiso de trabajar en la revocación de la concesión.

Resaltó que López Obrador ha invertido en PEMEX y CFE para fortalecerlas como empresas productivas del Estado, generar mejores ingresos para el país y reducir su endeudamiento, además de mejorar sus servicios, mientras que en Puebla se prefiere tolerar un mal servicio concesionado.

El presidente de la Junta de Gobierno del poder Legislativo, Eduardo Castillo López, consideró que la LXI Legislatura ha hecho un buen trabajo en materia de inclusión, derechos humanos y combate a la impunidad, pues dijo que la concesión del agua es un asunto complejo que requiere la participación del gobierno estatal, ayuntamientos y la propia concesionaria.

Por ello señalo que el tema sigue en análisis y se abordará de forma integral cuando existan condiciones para ello, aunque por ahora celebró las nuevas concesiones proyectadas por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que involucra a los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán, la Estrella de Puebla y la nueva central de autobuses.

El escaso presupuesto motiva las concesiones

El académico en Políticas Públicas de Desarrollo, Martín García Avendaño, destacó que el presupuesto público es el principal factor para que la mayoría de los gobiernos estatales, incluido el de Puebla, opten por concesionar en lugar de administrar los bienes y servicios del Estado.

Recordó que aproximadamente 80 por ciento del presupuesto estatal se compone de Gasto Federalizado (participaciones y aportaciones), pero casi la totalidad de éste viene ya etiquetada, por lo que los gobiernos locales no pueden disponer de él.

El 20 por ciento restante consiste en los ingresos propios y los de libre disposición, provenientes de lo que se recauda de impuestos locales, derechos y aprovechamientos, pero que resultan insuficientes para hacerse cargo de la administración y gestión de servicios tan costosos como el agua, pues se requiere inversión en infraestructura, personal operativo y de cobranza. Además de que el agua es el servicio con mayor porcentaje de morosidad en México, así que la inversión no se reintegra al erario en su totalidad, convirtiéndose en un daño patrimonial y una carga para el Estado.

Héctor Sánchez Morales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró las concesiones anunciadas por el gobernador, al señalar que es una muestra de que el gobierno y el sector privado pueden trabajar en equipo con beneficios para ambas partes y la ciudadanía.

La Estrella de Puebla ha estado sin funcionar desde marzo de 2020, pero no ha dejado de generar gastos por mantenimiento, así que vio positivo que se permita a la iniciativa privada invertir en la reparación del inmueble, reabrirlo para disfrute del turismo y la población local y, al mismo tiempo, generar una contraprestación para el Estado e ingresos para el sector privado.

El Estado como prestador de servicios

Desde su campaña y su arribo a la presidencia en el año 2018, López Obrador se comprometió a acotar la participación del sector privado en la administración de los bienes públicos, principalmente en lo que respecta a los recursos naturales, a fin de alcanzar lo que él denominó “soberanía energética”.

Esta visión fue contraria totalmente a la del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, quien impulsó una serie de reformas para facilitar la operación del sector empresarial en la explotación, gestión y aprovechamiento de los recursos naturales y sus derivados, así como de obras de infraestructura y servicios.

Una de las primeras acciones del presidente emanado de Morena fue cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que se ejecutaba por particulares con recursos privados y públicos.

En su lugar, el mandatario apostó por rehabilitar y ampliar la base aérea militar de Santa Lucía, para convertirla en lo que hoy es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya operación corre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para complementar esta obra, el gobierno federal proyecta crear una aerolínea comercial, con la marca “Mexicana”, tras la adquisición de derechos a la extinta empresa Mexicana de Aviación.

Esto se suma al servicio bancario que presta el Banco del Bienestar, que ofrece los diferentes productos de un banco común, pero cuya principal función es dispersar los programas sociales del gobierno federal en las zonas de difícil acceso donde la banca comercial no tiene cobertura.

De esta manera, las personas beneficiarias de pensiones o becas pueden recibir el dinero en efectivo sin tener que trasladarse a las zonas urbanas alejadas de sus comunidades.

Inicialmente, el Banco del Bienestar remplazó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), empresa del Estado que también ofrecía productos financieros con mejores beneficios que la banca comercial, pero contaba con poco presupuesto, personal y sucursales.

En el plano energético, el año pasado el gobierno federal, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), concretó la compra de la refinería de Shell Oil en Deer Park, Texas, por 596 millones de dólares, con la intención de producir combustibles con el petróleo que se extrae en México.

Y este año se pagó 6 mil millones de dólares a la empresa Iberdrola por la compra de 13 plantas de generación de electricidad ubicadas en varios estados de la República. Sin embargo, México no es propietario de las plantas a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que la compra se hizo mediante un fideicomiso, con recursos de la banca privada y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), sólo que este último tiene la participación mayoritaria, de tal forma que la producción de energía y las utilidades se compartirán con privados.

Puebla prefiere la inversión privada

En contraparte, en Puebla los gobiernos morenistas, de Luis Miguel Barbosa Huerta y ahora de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, han optado por favorecer a la inversión privada en los recursos y patrimonio del Estado, igual que los gobernantes anteriores emanados del PAN, aunque esto se contraponga a la política presidencial.

Una de las principales promesas de campaña de Barbosa Huerta en 2018 y 2019, fue revertir la concesión del servicio de agua potable, que opera el consorcio Concesiones Integrales por un periodo de 30 años desde 2014, gracias al gobierno de Rafael Moreno Valle.

Tras obtener la ansiada gubernatura en una elección extraordinaria, Barbosa cambió el discurso, pues ofreció mejorar el servicio sin revocar la concesión, ya que sería menos costoso que cancelarla y tener que indemnizar a la empresa.

Esta postura fue secundada por alcaldes y el Congreso del estado, con mayoría de legisladores de Morena, quienes también ignoraron la promesa de campaña, aunque en 2021 fue retomada por aspirantes y todo indica que en 2024 ocurrirá igual.

Aunque Barbosa Huerta también criticó las concesiones entregadas por Moreno Valle y su sucesor, Antonio Gali Fayad, para operar el segundo piso de la autopista México-Puebla y las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), en su gobierno el morenista no hizo nada por revertirlas, sólo cambió los beneficiarios.

En 2020 denunció presuntas ilegalidades en la concesión de RUTA, así que revocó el contrato con vigencia de seis años a la empresa Conduent Solution Mexico y encarceló por supuestos actos de corrupción a Rodolfo Chávez Escudero, extitular del organismo Carreteras de Cuota Puebla (CCP), encargado de vigilar la operación del sistema de transporte.

Tras echar abajo el título de concesión, el gobierno estatal lo entregó a la firma Virtual Com Mexico, por un periodo de cuatro años, aunque con el fallecimiento de Barbosa Huerta y el arribo de Céspedes Peregrina como gobernador sustituto, Chávez Escudero salió de la cárcel, igual que una docena de exfuncionarios que fueron encarcelados durante el barbosismo.

Las nuevas concesiones transexenales en Puebla

Tres meses antes de morir en diciembre de 2022, Barbosa Huerta entregó a particulares las concesiones de 11 centros de verificación vehicular por un periodo de 20 años, y dejó en marcha la licitación para concesionar otros cinco establecimientos.

Céspedes Peregrina se encargará de concesionar los 12 que faltan para completar el proyecto de instalar 28 verificentros en el estado, para que conductores realicen la verificación obligatoria de sus vehículos cada medio año, con un costo de 420 pesos por evento y amenaza de multa si no se cumple.

Recientemente el gobernador también obtuvo el aval del Congreso del Estado para concesionar varios inmuebles: los estadios Cuauhtémoc (de futbol) y Hermanos Serdán (beisbol); la Estrella de Puebla, el Parque Lineal y la nueva central de autobuses que se construirá en el sur de la capital.

Los estadios se concesionarán por 15 años directamente a las empresas propietarias de las franquicias del Club Puebla y el equipo Pericos de Puebla; la Estrella de Puebla y el Parque Lineal serán licitados para una concesión de 12 años y la central camionera se piensa entregar por 30 años también de forma directa al consorcio que opera la Central de Autobuses de Puebla (CAPU).

De acuerdo con el gobierno estatal, las concesiones de los estadios y la Estrella de Puebla generarán un ahorro de 30 millones de pesos anuales que se gastaban en su mantenimiento, además de que habrá un porcentaje de ingresos por boletaje y eventos especiales.

Ilustración: Iván Rojas

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