Incertidumbre en la comunidad científica

Denuncia Conacyt «desinformación» ante acción penal contra 31 científicos

La desinformación “tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”

Por Redacción

México, 23 de septiembre de 2021. Ante la polarización surgida a raíz de la presunta persecución de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos mexicanos acusados de delitos patrimoniales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) finalmente salió a fijar su posición y censuró la ola de “desinformación” que se ha hecho del caso, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

En un comunicado emitido después de que la FGR anunció que mantendrá firme su decisión de emprender una acción penal en contra de los investigadores de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), el Conacyt afirmó que esa andanada de desinformación “tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”.

En el Conacyt, dijo, se trabaja para fortalecer y beneficiar a la comunidad científica de México, así como para reforzar la soberanía del país:

“Lo hacemos bajo los principios del humanismo, la ética, la honestidad, la defensa de los derechos humanos, el diálogo, la inclusión social y el respeto a la libertad de pensamiento y de investigación”

Austeridad desata conflicto

Sobre el caso, que ya movilizó a las comunidades científicas de dos de las más grandes instituciones del país: UNAM y UAM; el Conacyt recordó que, en 2019, mantuvo un proceso de diálogo con el FCCyT, que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos.

Bajo los principios de la austeridad republicana y acorde con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo federal, prosiguió, el Conacyt ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por el Foro Consultivo e interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso.

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Según el Conacyt, durante el proceso judicial se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT, desde distintos fideicomisos del Conacyt.

Derivado de lo anterior, dijo que la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control:

“Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”

El Conacyt de la 4T

En el comunicado, el organismo reiteró también que está comprometido y empeñado en apoyar a los colegas y a los estudiantes de posgrado, para coordinar el desarrollo humanístico, científico y tecnológico, en beneficio del país y de todas y todos los mexicanos.

Destacó, por ejemplo, que el Conacyt de la Cuarta Transformación beneficia cada año a más de 130 mil jóvenes becarios e investigadores y se ha ejercido un apoyo histórico para impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia de frontera, con más de 2 mil millones de pesos ya asignados, para que la ciencia prospere, para que dé frutos en beneficio de las y los mexicanos y de la humanidad.

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Asimismo, presumió que ha articulado las capacidades científicas y tecnológicas del país y apoyado a las y los científicos mexicanos que hicieron posible el diseño y fabricación de más de mil ventiladores de alta calidad biomédica, con los que se han atendido a más de 12 mil pacientes de COVID-19.

Y recordó que, de conformidad con la normativa vigente y los principios del gobierno federal, es obligación del Consejo el asegurar que los recursos públicos dedicados a la ciencia y la tecnología sean ejercidos de manera eficiente, efectiva, honesta, austera, transparente y que se otorguen de manera directa, sin conflicto de intereses, ni intermediarios.

FOTO: Archivo/CUARTOSCURO.COM

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