México lucha por la inclusión de personas con discapacidad en procesos electorales

Los distintos sectores de la sociedad en México continúan sus luchas particulares por mejorar sus condiciones en los procesos electorales del país. A pesar que ya existen avances notables para las personas con discapacidad, esta comunidad considera que aún hay muchos baches que saltar.

Entre las fallas que persiste para las personas con discapacidad está su participación en casillas, materiales en braille y traducción al lenguaje de señas mexicano. Además, el acercamiento a los partidos políticos y sus plataformas sigue siendo inaccesible y la legislación que viola los derechos políticos de las personas con discapacidad sobrevive.

En un reportaje del Colectivo Periodismo Incluyente publicado en el portal Lado B de México, se profundiza sobre este tema, que rememora a enero del 2018, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casillas y en el que se subraya que «las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de ciudadanía y, en este sentido, el derecho y la obligación de participar en la función electoral como integrantes de mesa directiva de casilla».

«Yo quería colaborar desde hacía tiempo. Hay una chica en España a la que sigo en redes que se llama Rosa Chacón (que es ciega). Ella contó su experiencia como funcionaria de casilla en España hace años y comentaba que su esposo la apoyó como su asistente», cuenta Omar Martínez Morales, un joven que tiene discapacidad visual y que coordina el área de ciegos y débiles visuales de la biblioteca central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En 2016, el visitador del INE le negó a Omar la posibilidad de ser funcionario de casilla por su condición de discapacidad. En esa ocasión se elegía al sucesor del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien ocuparía el cargo hasta 2018.

«Los del INE me visitaron en casa por primera vez en 2016 y aproveché para mostrarles mi interés en colaborar. Les expliqué mi situación de la discapacidad visual y que eso no impedía que yo participara como funcionario de casilla, que a lo mejor sólo tenía que tener una persona que me asistiera, que podría ser mi esposa. Los capacitadores no sabían qué hacer en esos casos, quedaron de revisar con sus superiores y de avisarme. Nunca regresaron ni me buscaron», dijo citado en el reportaje.

Durante la elección de 2016 hubo 22 funcionarias y funcionarios de casilla con discapacidad en Puebla ––y 482 en todo el país–– de acuerdo con el «Informe sobre la Participación de Personas con Discapacidad en la Integración de las Mesas Directivas de casilla de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad De México y de los Procesos Electorales Locales 2015-2016».

Cambios positivos

En 2018, Omar fue elegido otra vez como funcionario de casilla porque, por la cercanía de los procesos, el INE decidió repetir los nombres de quienes habían conformado las mesas directivas de casillas en la elección anterior. Pero a diferencia de entonces, esta vez los capacitadores sí estaban listos para incluir a personas con discapacidad como funcionarios de casillas.

«El nuevo visitador ya tenía conocimiento de que las personas con discapacidad podíamos participar, por lo que seguimos con el proceso. Además, también se creó un mecanismo para que las personas con discapacidad visual estuviéramos acompañados por alguien más», como lo establece el Protocolo de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de casillas, explicó el joven.

Se realizaron tres capacitaciones en casa y dos simuladores con el resto de los integrantes de la mesa directiva de casilla. En todas ellas participó también la esposa de Omar, Natali Rojas Rivera, quien le apoyaría el día de la elección. Según el mismo «Informe sobre la Participación de Personas con Discapacidad en la Integración de las Mesas Directivas de casilla», el 62% de las personas funcionarias de casilla sí necesitaron apoyo o medidas especiales para desempeñar sus funciones.

Llegó el día de la jornada electoral, el 2 de julio del 2018, y en Puebla se votaba por cargo a la presidencia municipal, la gubernatura y la presidencia de la República. Omar y su esposa llegaron a las siete de la mañana. Le tocó ser segundo secretario y sus responsabilidades eran manchar el dedo pulgar de las personas votantes y regresar la credencial, armar las casillas y urnas, así como el conteo de los votos en voz alta.

«Fue agradable la convivencia con los compañeros, desde el presidente que lleva la mayor responsabilidad, hasta los secretarios y vocales, que solamente somos apoyo. Cuando no había gente, pues nos poníamos a platicar […] La jornada estuvo bastante tranquila, hasta que nos enteramos que en otras casillas hubo balazos», expuso Omar.

Aunque Omar Martínez no volvería a participar como funcionario de casilla, porque considera que es muy pesado y existe mucho estrés por los conflictos electorales, reconoce que es un derecho y una obligación de las personas con discapacidad participar en esos procesos. «Creo que como ciudadanos debemos participar en las decisiones de nuestra comunidad, al fin y al cabo, lo que sucede en estas casillas también nos va a afectar a nosotros».

México se prepara mejor

De acuerdo con la Junta Local del INE en Puebla, durante la elección pasada había una plantilla braille por casilla; fueron aproximadamente 7.500 casillas en todo el estado. Para la elección de 2021 podría verse una cantidad similar, aunque es probable que haya cambios en el padrón electoral y, por tanto, en el número de casillas.

Según el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, se procura que las casillas tengan un acceso libre y fácil. Por ejemplo, que se coloquen en lugares donde existan rampas. También para la elección de 2021 contarán con una mampara móvil, que se ajusta a la altura de las personas con discapacidad o edad avanzada y se dotará de 8.250 plantillas braille, para que las personas con discapacidad visual puedan votar.

Al respecto, la consejera del IEE, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo mencionó durante una entrevista que los temas relacionados con la inclusión de personas con discapacidad eran tratados desde el área de capacitación del INE. Sin embargo, en abril de 2020 el Congreso del Estado reformó la Ley Electoral para incorporar una Dirección de igualdad y no discriminación en el IEE, la cual inició labores en torno a temas de accesibilidad e inclusión en septiembre de 2020.

Otro avance en materia de accesibilidad, de acuerdo con la consejera Gutiérrez Jaramillo, es que todos los manuales del IEE se han traducido al sistema braille, e incluyen, por ejemplo: la protección de datos personales del padrón electoral; los códigos electorales; la paridad de género tanto en las candidaturas como en las mesas directivas de casillas y la escrutación de votos; el conteo de votos y la entrega de resultados.

El objetivo es que la gente con ceguera y baja visión conozca el trabajo que realizan tanto el IEE como el INE. En 2018, por ejemplo, pidieron la colaboración de Manuel Gaspar Santiago, joven con discapacidad visual, para revisar y corregir los documentos. «Lo que yo tenía que hacer era corregir todos los manuales, [que] tenían muchos errores. Corroboraba la información digital con la impresa en braille, marcaba con un lápiz los errores y, posteriormente, la empresa que se encargó de imprimir los materiales, se llevaba el material ya revisado y lo regresaba corregido».

También desde 2019 se empezaron a transmitir las sesiones del Consejo General del IEE con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), según Gutiérrez Jaramillo. Sin embargo, en una revisión hecha por este equipo, se encontró que sólo algunas de las sesiones ordinarias alojadas en las plataformas de Youtube y Facebook cuentan con intérpretes de LSM y en ocasiones tienen fallas técnicas, están incompletas o con lagunas de información, resultando inaccesibles para la comunidad sorda.

La consejera del IEE aseguró que en este proceso electoral buscarán que sean accesibles los debates. «Aunque no son obligatorios, desde el IEE se puede sugerir que se incorpore un intérprete de LSM», señaló. La accesibilidad tanto del material electoral, así como de los manuales, casillas y debates entre contendientes es indispensable para garantizar los derechos del 7.1% del total de personas que se incorporaron al padrón electoral nacional en 2013.

Este porcentaje forma parte de la «Auditoría a IFE Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar» y es el único dato sobre el electorado con discapacidad en México. En este mismo documento se informó que ese año se recibieron 1.026 solicitudes de credenciales para votar de personas con discapacidad, lo que lleva a suponer un aumento que debe seguir siendo atendido.

Acceso a páginas web a personas con discapacidad

Las páginas web de los partidos políticos así como de las instituciones electorales son, en muchas de las ocasiones, el primer acercamiento que tiene la ciudadanía con los procesos electorales. Según la Fundación Hear Colors, «la web es uno de los medios más democráticos que existen. Tiene la capacidad de cambiar radicalmente la calidad de vida de las personas, en particular de las que tienen alguna discapacidad, de los adultos mayores, de las comunidades indígenas y de las personas con bajo nivel de escolaridad».

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) publicaron en 2011 la «Guía para la Acción Pública. Los sitios web accesibles: una herramienta para el acceso a la información y a la interacción en condiciones de igualdad», donde apuntan que tener sitios web navegables para personas con discapacidad no es sólo una necesidad, sino un mandato legal de las instituciones públicas de acuerdo con los principios constitucionales de no discriminación y acceso a la información.

Pese a lo que se pueda pensar, la accesibilidad de los sitios web de los partidos políticos es uno de los indicadores más atrasados con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Una herramienta del Instituto de las Personas con Discapacidad del gobierno de la Ciudad de México, ayudó a medir la accesibilidad de los sitios de los partidos locales y nacionales, según fuera el caso. Esta herramienta, desarrollada por Hear Colors, mide tres cuestiones: porcentaje de accesibilidad, porcentaje de no accesibilidad y porcentaje de requerimientos que deben ser revisados por expertos.

De acuerdo con esos criterios, el partido político estatal que tiene una página web más accesible para personas con discapacidad es Morena, con 73.8% navegable, y el que menos es Movimiento Ciudadano, con 14.1%. Sin embargo, a nivel nacional el portal menos amigable para personas con discapacidad fue del PAN, con sólo 6.4% de su sitio navegable. De igual forma, se evaluaron los portales de los Institutos Nacional Electoral y Estatal Electoral. Mientras que el organismo nacional tiene un porcentaje de accesibilidad de 62.1%, el local sale reprobado con un porcentaje 51%.

Los criterios utilizados por Hear Colors responden a los propuestos por el gobierno federal en el documento “Criterios de Accesibilidad web”, donde se busca “listar los criterios utilizados para la evaluación del cumplimiento de las pautas de accesibilidad en las páginas web que forman parte de los trámites y soluciones tecnológicas de las dependencias de gobierno”.

Algunos de estos indicadores se relacionan con las imágenes que tienen un texto alternativo que permita al lector de pantalla describirlas de forma adecuada; las imágenes, sobre todo las complejas, cuentan con texto descriptivo; los formularios de entrada cuentan con texto y botones descriptivos; los elementos multimedia incrustados se identifican mediante texto, y los marcos o frames tienen un título apropiado, entre otras cuestiones.

Falta de inclusión para la discapacidad

Dice el reportaje que frente a la falta de inclusión de las personas con discapacidad en los estatutos de los partidos políticos y en los procesos electorales, se suma que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla es discriminatorio, porque en el Artículo 281 en la fracción IV se estipula que «en ningún caso se permitirá el acceso a la Casilla a personas que se encuentran privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas».

El mismo Instituto Nacional Electoral (INE), en su «Guía para la Acción Pública (GAP): Elecciones sin discriminación. Proceso Electoral Federal 2017-2018, cuaderno Participar y votar el día de la elección», manifiesta que: la disposición legal vigente (repetida también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) «constituye una forma de discriminación directa porque se trata de un tratamiento jurídico diferenciado y perjudicial para un grupo social por razón de su discapacidad, que es uno de los factores prohibidos de discriminación».

México cuenta con reformas significativas en materia de derechos humanos, como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (lGIPD), además de haber firmado tratados internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad y de no discriminación. Y sin embargo, restricciones como la del Código de Instituciones y Procesos electorales prevalece.

En la guía del INE, este apartado de la Ley Electoral se usa como ejemplo de las prácticas discriminatorias que afectan de manera específica e indebida a las personas con discapacidad a través de impedimentos legales. Y menciona que para subsanar este y otros actos de discriminación, en junio de 2012, el otrora IFE emitió una circular en la que instruyó a las y los funcionarios electorales a facilitar y garantizar el derecho al voto de todas las personas que porten credencial de elector y se encuentren en la lista nominal, sin importar si presentan algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, una circular no garantiza el respeto de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, sobre todo en el derecho a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, como lo estipula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si bien existe un intento por parte de la autoridad electoral para facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones, con su integración como funcionariado de casilla y la accesibilidad de las casillas o boletas, aún falta camino para “promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”, como indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Otras asuntos pendientes son aclarar la información estadística del electorado con discapacidad y que los sitios web, tanto de autoridades electorales como de partidos políticos, sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad.

«Que en los procesos electorales las personas con discapacidad tengan una participación activa como electorado y como representantes populares es una forma de avanzar en el modelo de derechos humanos al que tanto se aspira en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», añade el artículo.

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