El cuadro que hace el Presidente de las universidades incluye a la BUAP

La semana pasada el licenciado López Obrador señaló en su conferencia matutina que hay universidades en las que existen grupos que tienen el control desde hace treinta o cuarenta años, pues controlan al Consejo Universitario y a los consejos de cada facultad para que todo sea legal, pero en realidad se manejan como caciques: “Tienen todo bien planchadito”.

Los que pertenecemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla “nos pusimos el saco”. Efectivamente, aquí se han sucedido las administraciones que han seguido la regla de oro del absolutismo monárquico: “Muerto el rey, viva el rey”. Los personajes han cambiado, pero las prácticas antidemocráticas se han ido recrudeciendo desde los años 90.

Prueba de que así funcionan las cosas son los acuerdos “por unanimidad” del consejo universitario que desde hace años cosecha la rectoría en turno. Y no sólo obtienen esas unanimidades en ese consejo, sino en los consejos por función y en la enorme mayoría de los consejos de unidad académica.

Tal uniformidad, piensa uno, no se debe a la enorme capacidad de liderazgo de quienes encabezan la administración junto con su equipo más cercano. Más bien, uno encuentra la permanencia y renovación de este estado de cosas plano en el sistema que lo sostiene: el llamado sistema neoliberal que justamente se tradujo en las políticas públicas de educación superior desde 1983, año en que se creó el emblemático Sistema Nacional de Investigadores, seguido pocos años después por la creación del sistema de estímulos a la carrera docente del personal académico. Con este último se selló el destino de los salarios de los profesores(as). De ahí en adelante, el salario real empezó a disminuir inexorablemente frente a los topes salariales y se instaló el sistema de competencia más descarnado que puede haber entre aquellos(as) que hasta ese momento se veían como compañeros(as) solidarios(as).

No es casual que los cacicazgos y los grupos que se rotan en el poder hayan proliferado en las universidades públicas, pues el acuerdo básico entre los gobiernos y las burocracias era el de mantener el control: yo gobierno te doy los recursos que quieras, pero tú, administrador, mantienes a raya a docentes y estudiantes. No más 68s, ni 71s. No más huelgas por subsidio a la universidad. No más movimientos sociales apoyados por los universitarios. No más educación politizadora. “Los estudiantes a estudiar”.

Eso sí, dado que el objetivo central de las políticas llamadas neoliberales era descargar al Estado de la obligación de procurar una educación pública, laica, gratuita y universal, la proliferación de las instituciones de educación privadas no se dejó esperar, supuestamente atendiendo a las leyes del mercado.

Sin embargo, hay algo en lo que la BUAP no encaja en esta descripción del Presidente, y es en esa legalidad de la que están revestidas las acciones de las burocracias.

Aquí en la BUAP la violación a su propia legislación es sistemática. Es cierto que han conseguido que el consejo universitario unánimemente apruebe violar la ley, pero sigue siendo una violación, por unánime que sea. También es cierto que existe el recurso de amparo y los universitarios se han asido a él, pero no falta la sentencia judicial que favorece a las burocracias alegando la autonomía universitaria.

Pero la autonomía universitaria no es sinónimo de arbitrariedad. Es como si me dijeran que como el país se da sus propias leyes, entonces las puede violar, porque él mismo es su autor. La autonomía universitaria nada tiene que ver con esto y cualquiera que lo sugiera manipula su sentido. La autonomía universitaria es lo que está establecido en el artículo 3º constitucional fracción VII.

Es en este sentido de autonomía que se habla de informar al “interior” de las comunidades universitarias puntualmente sobre el ejercicio de los recursos, pues, efectivamente, como organismos autónomos, lo que esto plantea es un “pedir cuentas político”, una exigencia que refleja el propósito de una comunidad de transformar las formas de educar y de hacer política.

Lo que la comunidad universitaria sí requiere para ejercer su autonomía es recuperar sus órganos colegiados de deliberación y de discusión, de diálogo horizontal, y acabar de una vez por todas con el “unanimismo”, pues éste no representa a nadie.

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