La dependencia no debe decir exactamente quiénes son dichos proveedores

El INAI pide a la Consejería Jurídica informar sobre reuniones con proveedores de penales privados

Ocho contratos de prestación de servicios de la presidencia de Felipe Calderón, bajo la lupa de la presidencia

Por El Ciudadano México

15/06/2021

Publicado en

Actualidad / México

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Panóptico

Melisa Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Consejería Jurídica de la Presidencia debe dar a conocer si se llevaron a cabo reuniones con las empresas proveedoras de servicios en los penales privados, tal como lo instruyó el presidente el 13 de enero de este año.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la dependencia entregar la información, luego de que un ciudadano requirió conocer la información a través de una solicitud de información.

El Inai detalló en un comunicado que el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el Inai, ya que la dependencia reservó la información alegando que es parte de un proceso deliberativo y que su difusión podría influir en la toma de decisiones, interrumpir la negociación o el análisis jurídico.

En el análisis del caso, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recordó que durante la conferencia matutina del presidente de la fecha señalada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se realizó la revisión de ocho contratos de prestación de servicios en los centros penales en conjunto con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

“Derivado de dicha revisión, se advirtió que los instrumentos jurídicos en cuestión celebrados durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna, fueron el resultado de erogaciones millonarias, cantidades que se encuentran pendientes de pago, en algunos casos hasta el 2037”, resaltó.

Respecto a la reserva de la información, consideró que ésta no guarda relación con lo requerido, pues el solicitante busca conocer el resultado de las acciones y no el análisis que se encuentra desarrollando el sujeto obligado para atender la instrucción.

También consideró que la dependencia no debe decir exactamente de quiénes se trata, si se les va a demandar por tanto dinero o si hay un pendiente específico que esté por comprobarse, pero sí debe entregar una explicación sobre cómo va y qué rumbo o ritmo lleva la instrucción del presidente “para que no quede en el vacío”.

Por ello el Inai instruyó a la Consejería Jurídica realizar la búsqueda de la información requerida, y entregar al particular las acciones realizadas y los resultados de estas.

Por: Melissa Carrillo/ El Ciudadano/ APRO

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