El PDI de la BUAP: un conjunto de amenazas

Por Guadalupe Grajales

Este martes en la Nocturna, un panel de discusión sobre asuntos universitarios fundamentalmente, abordamos el tema del acoso laboral y de inmediato este azote sufrido principalmente por las trabajadoras y trabajadores administrativos se ligó a lo que en otro artículo denominé la cultura de la sumisión que campea en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Decía una de las panelistas que el trabajo es un bien escaso y, en consecuencia, quien finalmente lo consigue obviamente no lo quiere perder y por esta razón se somete al acoso, a la falta de respeto por parte de funcionarios y autoridades, a la degradación de su persona, a un ambiente de trabajo malsano, a la exigencia desproporcionada de su tiempo de trabajo, de tal manera que el trabajo alcanzado resulta ser un premio a la sumisión.

El acoso laboral, pues, es un problema estructural en la universidad.

De aquí que resulte muy sugestivo el “slogan” con el que se presenta el recientemente aprobado Plan General de Desarrollo de la BUAP, aunque ahora le llaman Plan de Desarrollo Institucional (PDI). El slogan reza: “Una nueva cultura universitaria”

El Plan se divide en cuatro ejes y el primero se denomina Eje de Gobernanza y Gestión, Incluyentes y con Trato Humano. Conforme uno se adentra en la lectura de este primer eje se va uno estremeciendo, pues lo que plantea son amenazas y no soluciones a los problemas supuestamente identificados. Por cierto que en la presentación del documento se alude a la importancia del lenguaje empleado. Quizá no sepan por qué es acertado lo que afirman, puesto que nuestro lenguaje es el esquema conceptual con el que pensamos el mundo, con el que nos pensamos a nosotros mismos y nuestras relaciones con los otros. En otras palabras, el lenguaje que empleamos es el molde en el que vaciamos nuestra experiencia personal y colectiva.

Por esta razón, cuando en el desarrollo de este primer eje se habla del “Equipo Líder” inmediatamente nos damos cuenta de que el grupo en la administración central sigue concibiendo a los universitarios como un conjunto de individuos, deseosos de competir en todos los aspectos de la vida universitaria para así ser reconocidos como líderes de su grupo, porque “ser líder” es la meta a alcanzar.

Siguen concibiendo a la universidad como una empresa en la que “urge” capacitar a los “gestores” que son justamente todos los funcionarios nombrados para administrar esta empresa que presta el servicio de la educación. Una empresa que nada tiene que ver con la función social de la universidad pública creada para garantizar a los jóvenes el derecho a la educación superior.

Y claro, lo primero que les estorba para lograr sus objetivos es la normatividad universitaria. Con el pretexto de “actualizarla” pretenden eliminar lo único que les queda a los universitarios para hacer valer sus derechos. Y si no, vean los Reglamentos que fueron aprobados en los últimos años como el RIPPPA que pone en manos de los vicerrectores las atribuciones y facultades de los Consejos de Unidad Académica, o el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de los Estudiantes que incluye la baja académica, una amenaza permanente y un instrumento muy efectivo para acallar cualquier actitud crítica por parte del estudiantado.

Otra enorme amenaza es la revisión del sistema de pensiones y jubilaciones. Nosotros los trabajadores y trabajadoras, a pesar de los sindicatos blancos cómplices de la administración universitaria, gozamos todavía de las condiciones laborales fruto de la organización sindical libre. Ahora que el SUNTUAP ha sido reconocido por la autoridad laboral, podrá hacerse valer el contrato colectivo vigente.

Otra tremenda amenaza es la urgencia por diversificar las fuentes de ingresos autogenerados y de ahorros en el ejercicio del gasto, y generar el nuevo modelo de financiamiento a la educación superior. Es como si nos dijeran: “Sí, la educación impartida por el Estado es laica y gratuita, pero si no nos alcanza hay que autogenerar recursos”. ¿Cómo? ¿Incrementando las cuotas de ingreso de los alumnos? ¿Cobrándoles más por el curso para preparar el examen de admisión? En este año el curso para hacer el examen de admisión cuesta tres mil pesos. ¿Se imaginan? En 2021 fueron 66 600 aspirantes.

Más bien uno se preguntaría ¿cómo se ejerce un presupuesto de siete mil seiscientos millones de pesos?

De verdad que un Plan General de Desarrollo o PDI con estas características y aprobado por unanimidad en la sesión del consejo universitario, parece una película de terror.

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