Exsecretaria de Igualdad Sustantiva municipal cometió violencia laboral: CDH

Preocupa a los denunciantes que la extitular ocupe otro puesto en la función pública, luego que la Comisión acreditó malos tratos y amenazas

Durante su encargo como secretaria de Igualdad Sustantiva de Género (SISG) municipal, Norma Estela Pimentel Méndez incurrió en violencia laboral contra servidores públicos de la dependencia, determinó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.

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El organismo autónomo emitió dos recomendaciones al Ayuntamiento capitalino, en ese entonces presidido por la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por vulnerar el derecho humano a una vida libre de violencia, en su modalidad laboral.

En las recomendaciones 29/2022 y 30/2022, la CDH determinó que la dependencia encabezada por Pimentel Méndez limitó la comunicación y el contacto social con los empleados, desacreditó su capacidad profesional y laboral, además de comprometer su salud.

Las quejas fueron presentadas por escrito el 13 y 17 de julio de 2021, menos de un mes después de que la abogada asumió como titular de la SISG, luego de denunciar presiones, hostigamiento y violencia institucional.

Según consta en el recurso 29/2022, la víctima y exjefe de departamento denunció “estrés, ansiedad y tensión”, pues Pimentel Méndez cortó la comunicación directa y solo aceptaba reuniones con “previa cita”, obligaba al personal a regresar a sus oficinas fuera de horario laboral y en una ocasión “presionó” a un servidor a presentar su renuncia “entre gritos”.

La presión no cesó; el denunciante fue requerido para que “informara” a sus colaboradores que las instrucciones de la titular deben ser cumplidas “bajo amenaza” de alguna sanción en caso de perjudicar la imagen de la funcionaria.

Por otra parte, en la recomendación 30/2022 está documentado que la segunda víctima denunció “prácticas autoritarias e intimidatorias”, como entrevistas a puerta cerrada por “varios minutos u horas” con Pimental Méndez, quien solicitó documentación “bajo amenaza de despido”

El 25 de julio, tras una sesión del Comité para Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la secretaria demandó a sus subordinados acelerar un proyecto, pero al explicarle las imposibilidades técnicas, la abogada le gritó y ordenó cumplir sus demandas.

También se suma la contratación de una encargada en la dependencia el 1 de julio, quien es denunciada por mantener “vigilada” a los trabajadores y alardear de su experiencia policial para aparentemente amedrentar al personal.

Pimentel quería “priorizar” su imagen

En la denuncia que derivó en la recomendación 29/2022, la víctima denunció que, desde su llegada, Pimentel Méndez implementó una “política institucional de hacer énfasis en que se priorice la imagen de la secretaria”.

Con lo anterior, se ordenó privilegiar en redes sociales a la extitular “en lugar de dar prioridad a las publicaciones informativas de nuestras actividades”.

Pimentel Méndez es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y desde que dejó el Ayuntamiento de Puebla ha competido en dos ocasiones para ser comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaipue).

Ordenan reparar daño

La CDH ordenó al gobierno de la ciudad, ahora presidido por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, a brindar atención psicológica a los agraviados, dar capacitación al personal e iniciar una investigación para deslindar responsabilidades.

La presidencia municipal deberá emitir una circular para que las personas servidoras púbicas “sujeten su actuar a lo establecido” en la ley, además de garantizar la no repetición de los hechos que vulneraron los derechos de las víctimas.

Alarma a que agresores ocupen puestos públicos

En entrevista con El Ciudadano México, las víctimas manifestaron su preocupación porque Pimentel Méndez, así como sus subordinados en la SISG, ocupen puestos en la administración pública, luego de las denuncias por violencia laboral.

Bajo la gracia del anonimato, los agraviados consideraron como alarmante que la abogada insista en ocupar un cargo, cuando la Comisión de Derechos acreditó malos tratos e incluso hubo amenazas de acciones legales a los denunciantes.

Foto: Agencia Enfoque

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