Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), empresa productiva del Estado que desarrolla y comercializa vacunas y antivenenos, ha realizado contrataciones públicas con expedientes incompletos, contratos sin firmas, excepciones a licitaciones públicas sin justificación y sin acreditar estudios de mercado para la elección de sus proveedores.

Cuatro auditorías realizadas entre 2019 y 2021 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestran cómo el Órgano Interno de Control (OIC) de Birmex ha sido recurrente en encontrar deficiencias y falta de supervisión en los procesos de contrataciones que realiza la firma. Durante ese lapso, Birmex contrató de forma directa unos 12 mil millones de pesos, cantidad que corresponde a 98% de las compras.

El OIC halló deficiencias en la contratación de medicamento controlado, como el fentanilo y propofol; el servicio para la distribución de medicamentos, servicios de vigilancia armada en instalaciones y asesorías jurídicas y fiscales, entre otras.

Por la pandemia de covid-19, el 22 de octubre de 2020 la empresa fue autorizada por decreto para adquirir todo tipo de bienes y servicios para atender la emergencia sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. Sin embargo, desde antes recurría sistemáticamente a la adjudicación directa.

La empresa estatal adquirió especial relevancia en 2020, cuando —en medio de la pandemia y el desabasto de medicamentos— el presidente Andrés Manuel López Obrador la designó encargada de diseñar y ejecutar el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, que buscará repartir medicamentos e insumos médicos a más de 25 mil unidades médicas en todo el país.

Con este encargo, el presupuesto de Birmex también aumentó significativamente. En 2018, operaba con 2 mil 500 millones de pesos, y para 2022 superó los 7 mil millones.

Expedientes incompletos

Aunque había un decreto que le permitía a la empresa exceptuar las licitaciones, el OIC de Birmex emitió en julio de 2021 los resultados de la auditoría 01/2021, en la que revisó los procesos de adjudicación directa hechos durante la pandemia.

Encontró expedientes incompletos, contratos sin firma de proveedores y compras de medicamentos que no estaban incluidos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2020.

Por ejemplo, al revisar el contrato A-029/2020 para la compra de los medicamentos controlados dexmedetomidina, fentanilo y enoxaparina, con un costo de un millón 175 mil euros (28 millones 607 mil pesos), se detectó que el contrato no estaba firmado por el proveedor.

En el expediente tampoco se encontró la orden de suministro, la de requisición, la constancia de existencia del producto, la solicitud de cotización, el resultado de investigación de mercado y el calendario de entregas.

Las mismas deficiencias fueron descubiertas en el contrato A-030/2020 para la compra de medicamento controlado propofol, con un monto de 2 millones 586 mil euros (62 millones 943 mil pesos). Dicho contrato tampoco estaba firmado por el proveedor y su expediente carecía de documentos oficiales.

El OIC detectó que en el PAAAS 2020, la dexmedetomidina, el fentanilo, la enoxaparina y el propofol no estaban considerados en la lista de medicamentos para ese año.

Los dos contratos fueron revisados también por la Auditoría Superior de la Federación en su tercer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

La ASF coincidió con el OIC al encontrar inconsistencias en los expedientes. Ambos contratos se firmaron el 24 de diciembre de 2020 y tenían una vigencia de siete días. Se pagaron anticipos; sin embargo, los medicamentos no se entregaron.

Luego de una reunión de resultados finales, Birmex proporcionó a la ASF los contratos firmados, pero con cantidades modificadas y convenios de ampliación de fechas posteriores a la vigencia de los contratos.

Adicionalmente, la ASF señaló que no se proporcionó evidencia de la entrega-recepción de los medicamentos ni su distribución. Por ambos casos, la ASF ordenó iniciar procesos de responsabilidades administrativas y emitió dos pliegos de observación por el probable daño a la hacienda pública por 83 millones de pesos, que representa la suma de los dos anticipos.

Excepciones sin justificación

Aun antes del decreto de octubre de 2020 que permitió a Birmex exceptuar licitaciones públicas por la emergencia sanitaria, la práctica de omitir concursos era común en la firma estatal.

En la auditoría 02/2020 se revisaron 13 expedientes de contrataciones realizadas en 2019 que, por su monto, debieron concursarse en una licitación pública, pero fueron exceptuados argumentando un “caso fortuito o de fuerza mayor”.

Cuando el OIC revisó a detalle los 13 expedientes no encontró argumentos que justificaran la “fuerza mayor” o el “caso fortuito”. Además, los documentos no contaban con nombre ni firma del servidor público que autorizó la excepción.

Por esta vía se contrataron servicios como la distribución de medicamentos a todo el país, la vigilancia armada para cinco instalaciones, un despacho para atender asuntos jurídicos y una asesoría fiscal.

Otro elemento que destaca en la auditoría 02/2020 es que, al contratar a prestadores de servicios profesionales, Birmex utilizó una excepción que permite evitar licitaciones públicas cuando la persona física realice por ella misma el servicio, sin requerir de más de un especialista.

Este argumento se utilizó para 45 contrataciones que debían concursarse en licitación pública, pero, al revisar los expedientes, el OIC no encontró evidencias que demostraran el ahorro de recursos al tomar esa vía de contratación. Además, las investigaciones de mercado estaban incompletas o eran inexistentes.

Al omitir esta investigación, la compañía no garantizó las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. Tampoco tenía argumentos para haber exceptuado los procesos de licitación pública, según señaló el OIC.

De acuerdo con los documentos consultados, algunas observaciones del OIC se han resuelto mientras que otras continúan en procesos por solventar con avances de 40% y 60%.

Alto riesgo de corrupción

La falta de competencia en sus compras, la contratación de proveedores riesgosos y el incumplimiento de la ley ubican a Birmex entre las cinco instituciones con más alto riesgo de corrupción, según el Índice de Riesgos de Corrupción 2018-2020, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).

Esta herramienta es utilizada para medir malas prácticas y problemas potenciales de corrupción en las compras públicas de 278 instituciones federales. En el más reciente informe, Birmex obtuvo el cuarto lugar con más alto riesgo de corrupción. Además, quedó en segundo lugar en falta de competencia, porque en 2020 gastó más de 3 mil millones de pesos y 98% de ese monto fue adjudicado por procesos de excepción y adjudicación directa.

Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Imco, explicó que la falta de competencia en sus procesos de contratación es una de las causas de la mala calificación.

“Es muy riesgoso porque estás hablando [de] que todo el monto asignado no fue sujeto a competencia”, dijo Avendaño.

Otra práctica de riesgo fue la contratación de proveedores de reciente creación, quienes obtuvieron contratos antes de cumplir un año de su constitución.

“No todas las contrataciones incompletas son sinónimo de corrupción, pero sí se presta a fallas que, si no son corrupción, no hay manera de verificarlo”, destacó.

Que no les compete

Para esta investigación se solicitó una entrevista con Birmex.

El director de Comunicación Social, Raúl González, respondió que la dirección actual inició en diciembre de 2021 con el nombramiento del general en retiro Jens Pedro Lohmann, por lo que lo sucedido años anteriores a la fecha de la designación no es de su competencia.

“A mí no me compete la parte anterior… No tengo ningún dictamen ni ninguna observación a nuestra administración”, comentó el funcionario en una breve entrevista telefónica.

Con información de El Universal

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