La Policía Estatal interviene y desaloja las instalaciones de la UDLAP; se desconoce el motivo

Autoridades judiciales, con el apoyo de la Policía Estatal, intervinieron esta mañana las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte de las denuncias presentadas en contra de la Fundación Mary Street Jenkins por la presunta sustracción de bienes para operaciones ilícitas.

Los alumnos, maestros y personal administrativo de la casa de estudios, que se encontraban en las instalaciones universitarias de Santa Catarina Mártir, fueron desalojados a la llegada de actuarios del Poder Judicial del Estado que estuvieron acompañados por decenas de elementos de la Policía Estatal.

Además de que grúas ingresaron a las instalaciones y sacaron al menos dos vehículos oficiales de la universidad, mientras que patrullas bloquearon las distintas entradas que tiene el campus.

En un principio se manejó que se trataba de un embargo como parte de la denuncia que interpuso la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) de Puebla en contra de integrantes del patronato de la Fundación Jenkins.

Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia quien interpuso la primera denuncia contra sus padres y hermanos, dijo desconocer las razones de esta intervención y posible embargo.

La JCIAP del gobierno de Puebla interpuso una denuncia por el delito de fraude en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, luego de que integrantes de la familia, convertidos en patronos, son acusados de haber saqueados los bienes que pertenecían al ente filantrópico.

El 4 de junio, un juez de control de Puebla emitió una orden de aprehensión en contra de seis integrantes de la familia y tres de sus abogados a los que acusan de haber donado la mayor parte del patrimonio de la Fundación, valuados en 720 millones de dólares, a otro ente caritativo de Aguascalientes.

Esa fundación hidrocálida, llamada Bienestar de Filantropía, cambió su domicilio a Barbados y luego a Panamá, donde los Jenkins se autonombraron como beneficiarios únicos del patrimonio que antes era para obras filantrópicas.

Los integrantes de la familia, contra quienes ahora hay dos órdenes de aprehensión, ha emitido varios comunicados en los que asegura que en 2018 ya fueron investigados y exonerados por las acusaciones que se les hacen por supuesto saqueo de la fundación.

Cabe recordar que desde 2017, el mismo campus de la UDLAP está embargado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) derivado de un crédito fiscal por 650 millones de pesos que adeuda la Fundación Mary Street Jenkins.

Esto debido a los impuestos que se generaron tras la “donación” que hizo la FMSJ en 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía por los 720 millones de dólares.