Movilidad segura en Puebla: más que sólo moverse en bici

Por Alexia Stuebing

En Puebla, el asunto de seguridad vial tomó la mirada del país entero en 2018; luego de que el reconocido activista y funcionario público, Emmanuel Vara, falleciera tras ser atropellado mientras conducía su bicicleta. Una triste ironía, ya que su labor activista giraba en torno al uso de vehículos no motorizados. 

Esta muerte sacudió al estado entero y activó a la sociedad civil para mitigar la situación tan urgente que implican la violencia vial. 

Desde hace poco más de dos años, colectivos poblanos a favor de la movilidad segura e incluyente, comenzaron una labor en torno a un proyecto legal que aborda, atiende y visibiliza la seguridad vial, y la movilidad incluyente (que incluye, pero no se limita a, el uso de la bicicleta y los vehículos no motorizados). 

El tema de movilidad en el contexto nacional 

Desde 2012 la legislativa en materia de seguridad vial y movilidad ha sido impulsada por la sociedad civil y grupos activistas ocupados en atender las carencias de esta temática. 

Para 2014 se consolida la Coalición Movilidad Segura, la unión de la ciudadanía, especialistas, profesionales y diversas organizaciones que, desde sus trincheras, que ha impulsado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 

«Cada día en que México no tiene Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, mueren 44 personas en siniestros viales que podríamos PREVENIR si contáramos con dicha Ley que organice el trabajo de la Federación, estados y municipios para lograr salvar vidas»

Coalición Movilidad Segura

Con esta coalición la noción del activismo en movilidad cobra otro sentido para México. 

Las acciones de esta agrupación activista no se quedan en visibilizar la problemática de la situación a través de rodadas, marchas u otras formas de manifestación “pasiva”; sino que buscan incidir en la legislativa local, estatal y nacional para favorecer y atender las carencias en movilidad del país. 

Tras diversos intentos y acercamientos con el Senado, la coalición logra que, para octubre de 2020, el derecho a la movilidad sea reconocido en una reforma constitucional. 

El 18 de diciembre de 2020 dicha reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y una disposición establece que el Congreso de la Unión debería expedir la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo que no exceda 180 días, a partir de la fecha de dicha publicación. 

Lo que implicaba que, para antes del 17 de junio de 2021, se debió haber aprobado dicha ley. Sin embargo, el 18 de junio, la senadora Patricia Mercado presentó un Anteproyecto de dictamen. 

El cual se prevé será votado por las Comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, para ser turnado a la Mesa Directiva, y posteriormente presentarse al Pleno alrededor de septiembre del mismo año; durante el primer periodo ordinario del primer año legislativo de la LXV Legislatura. 

En una entrevista con Areli Carreón, una de las impulsoras de la Coalición Movilidad Segura; se mostró optimista ante las resoluciones que ha habido con las y los diputados en este último año; y todo pareciera indicar que, en esta ocasión, la ley sí podrá ver la luz. 

De igual modo externó que el trabajo de la coalición no termina con la aprobación de la ley. Faltaría asegurar que los congresos estatales también adapten sus normativas, necesidades y características; así como verificar que sea una ley relevante y sólida, que en realidad contemple las problemáticas manifestadas por las organizaciones y miembros de la coalición. 

Por otro lado, explica que esta ley contempla un espectro mucho más completo que el que a primera vista se podría suponer; es decir, no se trata de una legislación que sólo busque reducir la velocidad o destinar más presupuesto a la infraestructura ciclista. Sino que busca crear las condiciones idóneas para mermar en la sociedad y las autoridades. 

Areli refiere que dentro de la misma coalición las situaciones a contemplar dentro de la ley se han ido ampliando y complementando. En un inicio se trataba de una ley exclusiva en materia de seguridad vial, y ahora vislumbra una movilidad segura e incluyente. 

Coalición Movilidad Segura a nivel nacional  

1.  2012. 
   • a) Inicia la construcción social del derecho a la movilidad. 
   • b) Se establece el derecho a la movilidad como un concepto jurídico en la legislación mexicana. 
2. 2014. 
   • a) Se construye y propone el primer proyecto de iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 
   • b) Organizaciones de la sociedad civil establecen un proceso de diseño de una Ley General que presentan a senadores de la LXII Legislatura. 
3. 2016. 
   • a) Presentan por segunda vez un proyecto de iniciativa de Ley a los senadores de la LXIII Legislatura; al no tener suficiente eco en el gobierno federal no se convierte en una iniciativa formal. 
   • b) Organizaciones civiles participan en la elaboración de la iniciativa de Ley a los senadores de la LXIII Legislatura; es retirada por falta de avance. 
   • c) 13 septiembre 2016. El Senador Francisco Búrquez presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). 
     • i. Durante el proceso de dictaminación se incluyó el reconocimiento de la jerarquía de movilidad (art. 73); 
     • i. y la definición de movilidad como la “capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma” (art. 3 fr. XXV). 
   • a) 28 noviembre 2016. El decreto de la LGAHOTDU es publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
4. 2017. 
   • a) Sociedad civil colabora por tercera ocasión en la elaboración de la propuesta de proyecto de iniciativa de la Ley General de Seguridad Vial. 
   • b) A partir de la propuesta de 2016, la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados, llevó a cabo mesas de trabajo en marzo y abril con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil. 
   • a) 27 septiembre 2017. Integrantes de la Comisión Especial de Movilidad y de diversos grupos parlamentarios, presentan la Iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Seguridad Vial.  
   • b) Sin embargo, las comisiones encargadas no emiten el dictamen correspondiente y la iniciativa es retirada. 
   • c) Noviembre 2017. Organizaciones civiles organizan una manifestación ofrenda de Día de Muertos afuera de la Cámara de Diputados para demandar la dictaminación y aprobación de la Ley General de Seguridad vial. 

1. 2018. 
   • a) Se presenta por cuarta vez una propuesta de Ley General de Seguridad Vial. 
   • a) Noviembre 2018. Realizan una segunda ofrenda de Día de Muertos, esta vez al interior de la Cámara de Diputados, para sensibilizar a los nuevos diputados y diputadas sobre la importancia de legislar en materia de seguridad vial.  
   • b) 7 diciembre 2018. Inician mesas de trabajo sobre la Ley General de Seguridad Vial con la nueva Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado. 

1. 2019. 
   • a) 11 de febrero de 2019. Se presenta a senadores y diputados el proyecto de iniciativa de Ley General de Seguridad Vial desarrollada por la sociedad civil y especialistas. 
   • b) Febrero y marzo 2019. La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado en coordinación con Senadores y diputados interesados, organizaron 8 foros regionales en todo el país para reunir insumos para la iniciativa, para comprender mejor los problemas locales y el vínculo con la gestión nacional de la seguridad vial. 
   • a) 30 de abril de 2019. Miembros del Senado presentan la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial con base en la presentada por las organizaciones de la sociedad civil.  
   • b) Dicha iniciativa se turnó entre las Comisiones y su estatus es ‘pendiente de dictamen’. 
   • c) 10 mayo 2019. Areli Carreón habla con el presidente López Obrador, a favor de la Seguridad Vial en evento. 
   • d) 10 junio 2019. Se celebró en el Senado la reunión del Grupo Técnico para la elaboración del proyecto de dictamen de la Ley General de Seguridad Vial. 
   • e) 17 agosto 2019. Se llevó a cabo la movilización nacional “Caminemos juntxs por la seguridad vial” como parte de la celebración del Día mundial de los peatones. 
   • a) 4 diciembre 2019. Se aprobó por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos Segunda, en materia de movilidad y seguridad vial. 
     • i. La reforma constitucional reconoce el derecho a la movilidad y las facultades explícitas al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad vial y movilidad. 
     • ii. En esta histórica sesión el diputado Javier Hidalgo contribuyó en la definición de dicho derecho, para quedar como sigue: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. 
   • b) 11 de diciembre de 2019. El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad dicha reforma constitucional. 

1. 2020 
   • a) El año en que moverse con seguridad se convirtió en un derecho constitucional.  
   • b) 29 septiembre 2020. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la minuta de reforma constitucional.  
   • c) #500de500, cibercampaña social que surge para para invitar a todos los diputados a apoyar la reforma. 
   • d) 14 octubre 2020. Es aprobada por el pleno. 
   • e) #32de32, cibercampaña social que busca la aprobación por parte de los Congresos Estatales. 
   • f) 30 octubre 2020. Se cumple el requisito legal de la mitad más una de las legislaturas para aprobar la reforma constitucional.  
   • g) 3 diciembre 2020. Se turna al Ejecutivo. 
   • h) 18 noviembre 2020. Se inauguran las mesas de trabajo Hacia una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, coordinadas por la Coalición Movilidad Segura, convocadas en conjunto con la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación.  
   • i) 23 noviembre al 2 diciembre 2020. Se realizan las mesas de trabajo en 1) Seguridad vial, 2) Infraestructura vial, 3) Servicios de transporte, 4) Tránsito y circulación y 5) Gestión de la demanda. 
   • j) 18 diciembre 2020. Se publica en el DOF el decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial.  
     • i. Es el punto de arranque del plazo legal de 180 días para aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad vial en México. 

Activismo poblano en Movilidad 

En Puebla, el asunto de seguridad vial tomó la mirada del país entero en 2018; luego de que el reconocido activista y funcionario público, Emmanuel Vara, falleciera tras ser atropellado. Una triste ironía ya que su labor activista giraba en torno al uso de vehículos alternos a los motorizados a base de gasolina. 

En una entrevista con Ana Paula Muñoz, miembro y vigilante del Consejo de Movilidad Puebla, nos compartió cómo aprecian la situación de movilidad en Puebla. Ana Paula refiere que este tema requiere, antes que todo, un cambio de visión; para que la sociedad pueda implementar una movilidad segura e incluyente, primero debe entender los nodales que implica. 

Manifiesta que el activismo de movilidad no es sólo andar en bici como hippie; concepto que muchas veces pulula entre la gente; sino que atraviesa muchos otros aspectos sociales, medio ambientales, políticos, económicos, de integridad y hasta de salud. 

Promover la movilidad segura, sustentable e incluyente es promover una sociedad que tiene varios medios de transporte que los protege y lleva a todos lados; un medio ambiente menos contaminado; un interés genuino por las autoridades para que todo el mundo pueda moverse sin mayor dificultad; y hasta puede ser un motor para crear comunidad y unión. 

Sí, quizás suene un poco hippie o idealista, pero la realidad es que los seres humanos todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo requerimos desplazarnos de un lugar a otro. ¿Por qué hacerlo debería ser un acto de riesgo o muerte? ¿Por qué al hacerlo se debe privilegiar a unos sobre otros? 

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Puebla para contribuir a la movilidad? 

Si bien en la ciudad de Puebla, colectivxs a favor de la movilidad han buscado reestructurar la prioridad vial, anteponiendo al peatón y los vehículos no motorizados; la cultura de tránsito, los reglamentos de movilidad, e incluso algunas acciones del Ayuntamiento, obstaculizan esta labor. 

De acuerdo al Programa de Movilidad Urbana Sustentable para el Municipio de Puebla, casi el 35 por ciento de los viajes se realizan a pie, mientras que el 17.16 por ciento son a través de automóviles privados. Sin embargo, el 70 por ciento del presupuesto en movilidad en la ciudad de Puebla está destinado al sector motorizado. 

Manual de la Buena Movilidad y la falta de consideración de colectivos 

El pasado 18 de agosto de 2021, el Ayuntamiento presentó un Manual de la Buena Movilidad, por la Secretaría de Movilidad en Puebla. Si bien los colectivos poblanos fueron citados para la presentación, han manifestado en sus redes sociales, y por medio de entrevistas con El Ciudadano, que no están conformes con el resultado; ya que no fueron requeridos para su elaboración o consulta. 

Los colectivos, miembros del Consejo Ciclista Poblano, manifestaron que el manual sigue sin asegurar una movilidad incluyente. Sigue teniendo una deficiencia sistémica en seguridad vial; y replica las mismas irregularidades que los reglamentos de tránsito, en lugar de modificarlos. 

Puntualmente, y por nombrar algunos, señalan las siguientes fallas de dicho manual: 

• Indica al peatón que debe cruzar en puntos definidos, cuando la estructura de las banquetas es deficiente o incluso inexistente. 
• La velocidad vehicular no tiene el suficiente énfasis; situación agravante ya que reducir la velocidad sí puede ser un factor primordial para salvaguardar la integridad y seguridad de peatones y otros vehículos no motorizados. 
• No se manifiesta que los automóviles pierdan el privilegio establecido; sino que más bien sugieren al resto de vehículos y peatones a cuidarse con mayor precaución. 
• No se promueve una cultura vial que refuerce los estándares para emitir las licencias de conducir; es decir que cualquiera con los requisitos necesarios es candidato a recibirla, sin mayor reparo a si cumple o no con la educación y/o habilidades indispensables. 

Por otro lado, señaló el tema de las banquetas como una problemática severa. Un problema de las autoridades gubernamentales, lejos de resolverlo, buscan solucionar las consecuencias que la falta de infraestructura y cultura vial provocan. Cuando deberían arrancar de raíz las fallas y comenzar a reeducar a la sociedad hacia una verdadera “buena movilidad”. 

¿Qué hace falta para mitigar la violencia vial en Puebla? 

He tenido la oportunidad de entrevistar y escuchar a varios colectivxs ciclistas de la ciudad de Puebla (CADENA, Chikciwaj, Somos Fuego, miembros de Masa Crítica, entre otros), he podido reconocer, junto con ellos, las grandes fallas existentes en la movilidad de la ciudad de Puebla. Siendo estas: 

• Infraestructura y presupuestos centrados en el uso del automóvil. 
• Falsa noción de apoyo al peatón. 
• Seguridad vial que sólo existe en la teoría pero que no está avalada ni regulada correctamente, más que para las infracciones de tránsito de coches (esto en condiciones óptimas). 
• Banquetas inestables o inexistentes que provocan accidentes y limitan la movilidad del peatón. 
• Falta de acciones ante el problema climático que las emisiones de CO2 de los automóviles particulares provocan. 
• Un sistema de transporte inseguro tanto en el bienestar físico como de salud; que no cuenta con las disposiciones necesarias para cubrir las medidas sanitarias de la pandemia. 
• No se promueve la intermodalidad de moverse en más de un medio de transporte. 
• Falta de conexión entre las ciclovías con más destinos; así como más vías que promuevan el entretenimiento y el deporte en bicicleta, patines, patinetas, entre otros. 
• Falta de inclusión en las banquetas y accesos para personas con discapacidades motrices. 

Es un tema complejo que implica varios otros asuntos, en los cuales muchas veces no reparamos; en esto último también existe un gran fallo por parte de la sociedad, hay que reconocerlo. Aunque, claro, esto es permitido por las autoridades, por ello la gente lo normaliza y replica sin consecuencias. 

La movilidad es un derecho que, además de ser reconocido por la legislativa mexicana, debe estar respaldado por las autoridades locales y sus acciones; y no sólo con la creación de sugerencias o normativas, sino con la implementación y vigilancia de las mismas. 

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