Nace en Puebla protocolo ante delitos contra periodistas y activistas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla creó el protocolo de actuación para la investigación de delitos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, el cual establece, entre sus objetivos, otorgar medidas de protección inmediatas a las víctimas.

En el Periódico Oficial del Estado (POE), la fiscalía poblana publicó el “Protocolo P/001/2022”, el cual tendrá como fin dictar las acciones que ejecutarán los agentes ministeriales, investigadores y peritos, las cuales van desde la creación de la carpeta de investigación hasta la atención de las víctimas.

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El protocolo señala que los servidores públicos deberán atender cada caso de manera expedita, con mecanismos “pertinentes”, enfoque de género y perspectiva de interculturalidad.

Asimismo, quedará prohibido para los funcionarios victimizar a los periodistas y activistas, a través de actos que obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos, así como con actos que los expongan o los lleve a sufrir algún daño.

¿Cómo será el proceso de investigación?

De acuerdo con el protocolo, las carpetas de investigación de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos se podrán abrir, o bien, con una denuncia o a partir de notas de medios de comunicación, llamadas telefónicas o publicaciones en redes sociales en donde se muestre el hecho.

Posteriormente, los agentes ministeriales e investigadores deberán recabar la información de la víctima y del caso, en donde deberán identificar los factores de riesgo, la necesidad de asistencia médica, condiciones físicas o psicoemocionales.

Una vez iniciada la investigación, se deberá comprobar que el delito se cometió por el ejercicio del periodismo o activismo. En el proceso se ejecutarán inspecciones, entrevistas, cateos, peritaciones, entre otras acciones.

Medidas de protección, hasta que la víctima lo requiera

En caso de que existan condiciones de riesgo en contra de la víctima, el Ministerio Público deberá ordenar medidas de protección a las personas tomando en cuenta las presuntas amenazas, el medio de comunicación donde labora, el tipo de fuentes y gravedad del delito, indicó el documento.

Asimismo, para dar por terminada una medida de protección, el agente deberá considerar la voluntad y el deseo de las víctimas, así como el nivel de riesgo y la vulnerabilidad.

Los servidores públicos podrán solicitar atención médica y psicológica a los afectados durante el proceso de investigación, así como la reparación del daño y cualquier medida necesaria para garantizar los derechos de los afectados.

Víctimas podrán solicitar intervención federal

El protocolo también señala que los periodistas o activistas víctimas de un delito podrán solicitar la atracción de la investigación al ámbito federal.

Lo anterior, sólo se podrá aprobar si se comprueba que está involucrado algún servidor público o el estado, en caso de un delito grave, cuando la víctima está en “riesgo real” o cuando el hecho trasciende la labor de la autoridad local.

El “Protocolo P/001/2022 de Actuación en la Investigación de Delitos cometidos contra Personas Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos” entró en vigor este jueves 22 de septiembre.

Foto: Agencia Enfoque

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