Ordena juez local reabrir campus de la UDLAP; deja control a nuevo patronato

Por David Celestino / Jesús Arróniz

La resolución de un juez local generó un nuevo cruce de acusaciones, deslindes e interpretaciones jurídicas entre las partes que mantienen un litigio por el control de la Universidad de las Américas campus Puebla (UDLAP).

El Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla ordenó este martes 1 de febrero que el personal académico y administrativo de la UDLAP deben regresar al plantel para que los estudiantes retomen sus clases presenciales.

La orden, a decir de Rodrigo Gurza, representante legal de la Fundación de la UDLAP nombrada por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, corresponde acatarla a su equipo que trabaja ya a marchas forzadas para permitir el regreso a clases. En contraste, Enrique Rodríguez, vocero de la familia Jenkins de Landa, dijo que si el Poder Judicial tiene voluntad de cumplir la resolución, debe instruir a los jueces de Cholula para que den posesión del campus a la rectora Cecilia Anaya Berríos.

En entrevista, después de su salida de tribunales, Rodrigo Gurza negó que su patronato impida la reanudación de las actividades universitarias y aseguró que el único patronato legalmente constituido es el que encabeza Horacio Magaña, pues en ningún momento ha sido revocado por alguna autoridad competente.

Indicó que siguen buscando la restitución de la Fundación Mary Street Jenkins para darle el correcto funcionamiento a la universidad; sin embargo, agregó, la familia Jenkins de Landa “impide el regreso a clases, existe una orden de aprehensión en su contra, existen hechos que se han documentado; ellos han utilizado a la universidad como una defensa personal, y a manera de extorsión para defenderse, pero esa no es la vía”.

Afirmó que “sí ellos, aún con la invitación de la autoridad determinan que no se quieren presentar y no quieren colaborar con el patronato, no los podemos obligar, pero sería su responsabilidad si las clases no se reanudan”.

Enrique Rodríguez, vocero de la familia Jenkins de Landa, afirmó que la entrega debe hacerse “al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa, ante notario público. Es lo que esperamos desde diciembre: que se cumpla con la resolución. Seis semanas después quieren confundir a la opinión pública, porque no se tolera la presión social en contra del gobierno de Puebla (…) que nos digan ¿a qué hora? y ¿cuándo acompañamos a la rectora para que le pongan la posesión del campus?”.

“Mienten, quieren una vez más engañar a la gente. Armando Ríos Piter y sus abogados están obligados por una suspensión definitiva ganada por la Fundación Mary Street Jenkins a devolver la UDLAP al único patronato legítimo que preside Margarita Jenkins de Landa”, comentó en entrevista con El Ciudadano México.

La orden del Poder Judicial

Las reacciones tanto de Enrique Rodríguez como de Rodrigo Gurza se dieron una vez que el Poder Judicial del Estado informó en un comunicado que existen condiciones para garantizar la función social de la universidad, cuya rectoría sigue en manos de Armando Ríos Piter y del nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

El boletín de prensa del Poder Judicial, del que es magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez, se dio a conocer luego de una jornada de protestas en la que estudiantes, maestros y padres de familia bloquearon la Recta a Cholula para exigir clases presenciales y la apertura del campus que ya lleva más de siete meses cerrado.

Los reclamos alcanzaron al titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez, quien compareció este 1 de febrero como parte de la glosa del informe de gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

A su salida de la comparecencia, un representante de la UDLAP le entregó una copia del exhorto de liberación del campus. Antes, en la sesión legislativa, la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial a dar solución al conflicto en la UDLAP.

La respuesta a Rodríguez Della Vecchia vino por la tarde: alrededor de las 18 horas el Poder Judicial informó que “a petición de la Fundación Mary Street Jenkins, en una audiencia citada desde el 28 de enero, a través de la Jueza de Control Magally Escamilla Rodríguez, resolvió que deben generarse las condiciones para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales de la UDLAP, sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública y con la coadyuvancia pertinente de la Secretaría de Educación.”

Agrega que la jueza determinó que “existen condiciones de acceso y seguridad para dar cumplimiento a las funciones educativas, (pero) es necesario que personal administrativo y docente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, participen en el desarrollo de actividades presenciales de la institución”.

“Esta determinación responde a la evidencia aportada por el Ministerio Público, en la que se da fe de la restitución del Campus a la Fundación Mary Street Jenkins desde el 1 de noviembre de 2021.”

Sin embargo, el representante legal de la Fundación Mary Street Jenkins publicó en redes sociales que el comunicado del poder judicial “exhibe con claridad el sometimiento del Poder Judicial de #Puebla en torno a @MBarbosaMX. Desde hace 6 semanas el juez en Cholula debió entregar el campus de la @udlap. ¡Ningún juez local está x encima de instancias federales!”

La panista Aurora Sierra cuestionó a Melitón Lozano su labor en torno del conflicto y él declaró que “este problema tiene antecedentes, no fue provocado por este gobierno ni por esta secretaría. Hay partes en litigio, que ya están en tribunales, y aunque quisiera esta secretaría intervenir, no podría estar por encima de las resoluciones de tribunales”.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, dijo que sus homólogos panistas politizan el conflicto y aseguró que la universidad “no está tomada” por el gobierno estatal que encabeza Barbosa Huerta.

Y retó: “diputados del PAN, vamos terminando la sesión. Vamos a Cholula a ver si la UDLAP está tomada por la policía estatal y si el Ejecutivo del estado la tiene tomada, para que tengan validez sus dichos.”

Quizá no contempló que los legisladores panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nancy Jiménez Morales, Oswaldo Jiménez López y Rafael Micalco le iban a tomar la palabra y acudieron a comprobar si el campus estaba o no cerrado.

Merino Escamilla se presentó en la entrada alterna de la universidad con los legisladores Édgar Garmendia de los Santos y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, donde preguntó al guardia si era cierto que pertenecía a los cuerpos de seguridad del estado. Él dijo que no, que lo contrató una empresa privada.

Los legisladores que la acompañaron afirmaron que el pleito es entre particulares, negaron que la policía en el campus y abandonaron el lugar ante las protestas de estudiantes que exigieron dialogar con representantes de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y de la rectora Cecilia Anaya Berríos, una de los tres rectores que tiene la universidad.

…y los alumnos siguieron sus protestas

La UDLAP permanece cerrada desde el 29 de junio de 2021 cuando fue tomada por policías estatales que intentaron desalojar al personal y embargar los bienes inmuebles por un litigio entre la familia Jenkins de Landa.

En esa misma fecha la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla nombró un nuevo patronato que informó que la toma del campus fue parte de una orden judicial para embargar la universidad, luego de que el 4 de junio de 2021 se libraran órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins y sus abogados como probables responsables de un fraude de más de 14 mil millones de pesos.

El 1 de noviembre de 2021 el juez 24 de lo civil de la Ciudad de México resolvió que el campus fuera entregado a la Fundación Mary Street Jenkins, pero hasta este martes 1 de febrero de 2022 la orden no había sido acatada por el juzgado civil de Cholula, Puebla.

Los inconformes se movilizaron este martes para bloquear la circulación vial de la Recta a Cholula en ambos sentidos. El cierre comenzó desde las 16 horas, una hora y 49 minutos antes de que el Poder Judicial emitiera su comunicado, y se mantuvo hasta después de las 22 horas.

También bloquearon la salida de Cholula al Periférico Ecológico, por lo que el municipio quedó sin accesos y sin salidas.

Condena rectora que el conflicto “llegue a la arena política”

Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la UDLAP, afirmó que “la comunidad de la UDLAP celebra las intenciones del Poder Judicial del Estado para reabrir el campus (…) pero el regreso es imposible cuando se insiste en legitimar como administrador de la universidad al grupo que la mantiene secuestrada y que pretende apoderarse de la operación académica sin contar con los atributos legales o estatutarios.”

Un juez, dijo Anaya Berríos en video publicado en redes sociales, debe hacer la entrega formal de las instalaciones, como indica la resolución definitiva del juez tercero; condenó, además, que el conflicto legal haya llegado a la arena política y se deslindó del debate entre diputados locales de Morena y el PAN durante la comparecencia del secretario de Educación, Melitón Lozano.

“Esta mañana durante la comparecencia del secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, legisladores de las bancadas de Morena y el PAN se retaron para confirmar la situación del campus de la UDLAP. La universidad se deslinda de esta apuesta entre grupos parlamentarios y condena enérgicamente que el conflicto legal intente llevarse a la arena política”, se lee en un comunicado.

Pidió “a la comunidad universitaria no caer en provocaciones y mantenernos apegados a los procedimientos jurídicos”.

Y en San Lázaro

En la Cámara de Diputados federal Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado federal de Morena, exhortó a la Secretaría de Gobernación para que vigile a las autoridades judiciales de Puebla que no han cumplido con las sentencias dictadas a favor de la Universidad de las Américas.

Ríos Píter, agregó, “no cuenta con las credenciales mínimas para estar al frente de la institución. En el Registro Nacional de Profesionistas solo aparece que cursó dos licenciaturas: una en Derecho en el año 2002 y otra en Economía en el año 2013. No puede asumirse como Rector de la UDLAP al no cumplir con lo dispuesto en Apartado I del Artículo Octavo de los Estatutos aprobados por el Patronato que textualmente indican que para ser nombrado rector se debe de contar con el grado académico máximo en su especialidad; en este caso el grado máximo sería el de un nivel similar a un Doctorado, mismo que no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas”.

Se exhortó también al juez segundo de lo civil en Cholula para que cumpla con la sentencia del juzgado federal y al Poder Judicial para que haga una revisión exhaustiva del comportamiento de Cuauhtémoc Vázquez, juez segundo de lo civil en Cholula, que no acató la resolución de juzgados federales para devolver el Campus de la UDLAP al patronato original.

Foto: Agencia Enfoque

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