Pobladores de Malacatepec denuncian despojos e injusticias de Grupo Proyecta

Este 1 de septiembre, un grupo de ejidatarios de Malacatepec Ocoyucan (Puebla), junto con José Emiliano Zambrano Aguilar y su equipo de abogados defensores, denunciaron la persecución legal de la que ha sido objeto el señor Zambrano; la cual pareciera ser un ataque más del Grupo Proyecta orientado a asegurar la obtención de terrenos para su desarrolladora. 

Zambrano Aguilar, ejidatario de esta región, señala que ha sufrido un proceso legal injusto, en el cual se le acusa de extorsión. Todo parece indicar que se trata de una intimidación por parte de la opulenta desarrolladora de Lomas de Angelópolis; la cual ha tenido en la mira dichas tierras por ya varios años. 

Grupo Proyecta y un largo historial negro 

Este grupo de pobladores del ejido Malacatepec se ha manifestado en repetidas ocasiones para denunciar presuntas acciones ilícitas que Grupo Proyecta lleva a cabo para hacerse de sus terrenos, cambiar el uso de suelo a su conveniencia y lucrar con ellos. 

La apropiación de terrenos ejidales para la construcción inmobiliaria en Puebla no es ninguna novedad: Grupo Proyecta lleva más de diez años realizando estos actos, a través de prestanombres, autoridades agrarias, empresarios, y hasta miembros de órganos de justicia. 

“Estos de Grupo Proyecta son como los antorchistas pero fifí” 

El Lic. Raúl Rodríguez de la Fuente, uno de los abogados representantes del caso de Zambrano Aguilar, llama “antorchistas fifís” a Grupo Proyecta; esto en alusión al despiadado modus operandi que exponen al despojar a los habitantes de los ejidos; y a la zona de opulencia que han gestado.

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El Lic. Hilario Alonso Flores y el Lic. Mariano Pérez Ramírez, ambos defensores de esta causa, acusan a esta agrupación inmobiliaria de prácticas que afectan no sólo a un poblado ejidal como Malacatepec, sino que deviene en problemáticas mayúsculas de medio ambiente, contaminación y desarrollo económico. 

Recuerdan que la idea de los ejidos surge como una necesidad civil de destinar terrenos para el aprovechamiento de los recursos naturales, para un ejercicio agrícola y que cualquier cambio debe ser aprobado por la Asamblea. 

Por lo que la venta de estos ejidos afecta a que exista una producción agrícola, contribuye a la contaminación del Río Atoyac, limita el acceso de agua potable a los habitantes originarios (los cuales refieren que no cuentan con este derecho desde hace ya dos años), y despoja a pobladores de sus viviendas. 

Ventas ilegales, desalojos e intimidaciones 

Pobladores manifiestan que este grupo ha buscado comprar terrenos a ejidatarios de forma particular, con lo que han logrado la compra ilícita en 2017 de 235 hectáreas de tierra de uso común.  

Por esos terrenos, 280 de los 302 ejidatarios han cobrado ya 825 mil pesos cada uno. Los ejidatarios refieren que este monto no representa el valor real y que las actas de asamblea requeridas para dichos procesos no existen en el Registro Agrario Nacional (RAN). 

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Por otro lado, hay casos en los que ejidatarios no han querido ser partícipes de las compras y son expulsados de las Asambleas, para luego ser perseguidos con órdenes de aprehensión y sujetos a sentencias que cambian arbitrariamente de privación ilegal de libertad a extorsión. 

Denuncian que el pasado 22 de septiembre, decenas de familias fueron desalojadas por personas armadas, quienes procedieron a la quema de sus casas. Los afectados también señalan diferentes intimidaciones y amenazas que han sufrido pobladores al cuestionar sobre ciertas acciones que observan en sus terrenos, como la medición de los mismos. 

Autoridades omisas 

Los afectados denuncian que las autoridades, tanto agrarias como de acceso a la justicia, han realizado una serie de infracciones y procesos arbitrarios; lo que indicaría una presunta alianza entre estos últimos y los beneficiarios inmobiliarios. 

También se señala silencio y omisión por parte de las autoridades locales, estatales y federales ante esta situación, que han publicitado desde, por lo menos, 2017. 

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