Proponen 12 años de cárcel por linchamientos en Puebla

Tras el asesinato de Daniel Picazo, diputados del PAN y PRI propusieron incluir en la ley el término “linchamiento”, y fincar más responsabilidad a las autoridades municipales

Por Anaid Piñas

16/06/2022

Publicado en

Justicia y DD.HH / México / Puebla

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Después del crimen de Daniel Picazo en Huauchinango, este jueves se presentaron en el Congreso de Puebla un par de propuestas para agravar hasta 12 años de cárcel los linchamientos, incluir el término “linchamiento” en la ley, y fincar más responsabilidad a las autoridades municipales.

Las iniciativas y reformas al Código Penal Estatal corresponden a los legisladores Eduardo Alcántara (PAN) y Laura Ivonne Zapata Martínez (PRI).

El viernes 10 de junio, en Huauchinango fue asesinado Daniel Picazo, quien se desempeñaba como asesor en la Cámara de Diputados, después de que fuera erróneamente confundido con un delincuente.

Al respecto, el legislador Eduardo Alcántara Montiel propuso una reforma al Código Penal del Estado para prevenir linchamientos y agilizar la respuesta inmediata de las autoridades municipales en coordinación con las estatales.

“Al que tenga mando en responsabilidades de seguridad pública estatal o municipal y omita por negligencia o ignorancia el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla, prestar auxilio para salvaguardar la vida de una o más personas en un hecho con apariencia de delito”

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Para agresores 8 años de cárcel; y 12 por homicidio

Para agresiones tumultuarias, “si no constare quién o quiénes infirieron las lesiones, se impondrá a todos los autores hasta ocho años de prisión”, se impondrá una sanción de ocho años de prisión. En la legislación actual se consideran seis años en el Artículo 319.

Otra pena que Alcántara Montiel sugiere es que si la víctima recibiere una o varias lesiones mortales y no constare quién o quiénes fueron los responsables, aumentar la sanción estipulada de ocho y 12 años de prisión. Hoy es de cuatro a nueve años, estipulado en el Artículo 320.

Cuando las lesiones sólo fueren mortales por su número y no se pueda determinar quiénes las infirieron, propone el legislador que se impongan de ocho a 12 años de prisión a todos los que hubieren atacado al occiso con armas a propósito para causarle esas lesiones. Actualmente la pena es de tres a ocho años de prisión.

Sancionar a autoridades omisas

También propone que cuando conste la omisión de la autoridad más próxima al lugar del delito, se le impondrá al responsable de la corporación o dirección con mando en las tareas de seguridad de cinco a 10 años de prisión.

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Nombrarlo para sancionarlo

En tanto, la diputada priista Laura Ivonne Zapata Martínez, propuso tipificar el delito de lesiones y homicidio por linchamiento e incluir esta palabra en la ley, toda vez que Puebla se encuentra en segundo lugar a nivel nacional por este tipo de hechos,

Su iniciativa contempla modificar la Sección Tercera del Capítulo XV, reformar diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para ver la problemática desde un punto socio-cultural y reafirmar que estos actos constituyen un delito.

“Lo que se busca con esta iniciativa es evitar que turbas y muchedumbres concreten un hecho delictivo, inhibiendo cualquier ataque multitudinario contra una persona. Busca cambiar el tipo penal que actualmente se denomina ‘lesiones y homicidio tumultuario’ a ‘lesiones y homicidio por linchamiento’, para hacerlo entendible a la población en general”

Explicó que de aprobar las modificaciones, Puebla sería la primera entidad federativa en la que se tipificaría el linchamiento como un delito y no seguiría como una agravante de los delitos de lesiones y homicidios, por lo que las penas por estos hechos podrían aumentarse.

Cabe mencionar que el linchamiento carece de definición penal, a pesar de que socialmente lo definimos como el acto en el cual los habitantes de una población hacen justicia por su propia mano, agreden, lesionan y de forma tumultuaria a una o más personas, normalmente señaladas por haber cometido un delito en la comunidad.

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