Proponen prohibir transgénicos para salvaguardar identidad nacional del maíz

La titular de Medio Ambiente, María Luisa Albores, enfatizó la importancia del grano como pilar de la identidad, la alimentación y la soberanía del país

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y René Sánchez Galindo, Director General de Instrumentos Presidenciales y Asuntos Internacionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, presentaron las iniciativas legislativas destinadas a modificar ciertos artículos de la Constitución relacionados con el medio ambiente.

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María Luisa Albores enfatizó la importancia del maíz como pilar de la identidad, la alimentación y la soberanía del país, destacó los riesgos asociados con los cultivos transgénicos y el uso de sustancias perjudiciales para la salud, como el glifosato.

Mientras que René Sánchez respaldó esta postura, describiendo el maíz transgénico como un producto de laboratorio que amenaza la biodiversidad y la seguridad alimentaria, justificó así la propuesta de proteger al maíz como patrimonio nacional y declararlo libre de modificaciones genéticas.

Albores también detalló la reforma destinada a priorizar el consumo personal y doméstico de agua sobre otros usos, argumentó que la mercantilización del agua ha conducido a una explotación insostenible de los recursos hídricos y a la contaminación del medio ambiente.

En cuanto a la prohibición de las concesiones para la minería a cielo abierto, se destacó su impacto devastador en la vegetación, la fauna y los ecosistemas locales, así como su contribución a la degradación del suelo y la contaminación ambiental.

En relación con la prohibición del fracking, se hizo hincapié en los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con el uso de productos químicos tóxicos y el consumo excesivo de agua, así como en la falta de soluciones efectivas para tratar las aguas residuales generadas por esta práctica.

Finalmente, se destacó la importancia de legislar para proteger a los animales, abordando aspectos como la prevención del maltrato, la regulación de la crianza y el uso de animales para consumo humano, y la inclusión de la protección animal en los programas educativos, facultando al Congreso para tomar medidas al respecto.

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Foto: Archivo El Ciudadano

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