¿Quién certifica a quién?

Por Guadalupe Grajales

Para responder a esta pregunta tendríamos que comenzar analizando el concepto de ‘certificación’, específicamente el concepto aplicado a la certificación de programas educativos como los que se ofrecen en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Cuando hablamos de certificar un programa educativo nos referimos al proceso de evaluación y autoevaluación que mide la calidad del mismo. ¿Cómo se mide la calidad si ésta es el concepto contrario de cantidad? Pues quienes han predicado las bondades de la “cultura de la evaluación” se las ingeniaron para “cuantificar” la calidad a través de indicadores que, según ellos, permiten medir la eficiencia, la eficacia y la efectividad para alcanzar los objetivos propuestos por los propios programas educativos.

¿Cómo se mide la eficiencia? Si la eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir el cumplimiento adecuado de una función, ésta se mide estableciendo la relación entre el logro obtenido y la cantidad de recursos invertidos en ello. Lo que se evalúa aquí es el “cómo” se alcanza tal objetivo.

¿Cómo se mide la eficacia? Si la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera y se distingue de la eficiencia en que la obtención del objetivo se logra sin importar el mejor uso de los recursos, entonces la eficacia se mide en términos de los resultados obtenidos. Se evalúa el “qué” y no el “cómo”.

¿Cómo se mide la efectividad? Si la efectividad es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, entonces se es efectivo si logras el efecto deseado en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos.

Ahora bien, aceptando sin conceder que esto es lo que se mide cuando se evalúan los programas educativos, lo primero que se nos plantea es por qué esta evaluación ha de ser externa al programa mismo, si la consecución de los objetivos propuestos por el programa es justamente lo que se ha de evaluar. ¿Será porque de entrada los que ejecutan y actualizan estos programas son tramposos? Porque esto de la “auto-evaluación” es un decir. 

La empresa certificadora te da una especie de encuesta que como programa educativo tienes que contestar. Es más, te ofrece un diplomado, que obviamente tienes que pagar, para que “aprendas” a auto-evaluarte. Ya que aprendiste a auto-evaluarte respondes la encuesta y la entregas a la empresa; ésta a su vez evalúa tu auto-evaluación, a ver si no hiciste trampa, para emitir un certificado que te certifica como programa educativo de calidad. ¡Y no es un trabalenguas! Es la puritita verdad.

Pero ¿de dónde han salido estas empresas certificadoras que han proliferado como hongos? Pues son empresas privadas certificadas por otra empresa privada: la COPAES, Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. surgido en el año 2000 y derivado de la creación de los CIEES (Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior) instituidos por la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior).

En realidad, la certificación de los programas educativos de las universidades públicas es el resultado de la creciente privatización de la educación pública y la consiguiente disminución de su autonomía. ¿Por qué un organismo privado, una empresa comercial, tiene la calidad académica y moral para evaluar a la educación pública?

El hecho de que la Secretaría de Educación Pública “avale” tales certificaciones no las vuelve transparentes ni libres de sospecha en cuanto a conflictos de intereses se refiere (¿quiénes son los dueños de estas certificadoras y qué relaciones guardan con las administraciones de las universidades?)

Finalmente, la universidad pública tiene que “pagar” para que una empresa privada le diga que “lo está haciendo bien”.

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