Se acostumbran a bloquear carreteras; gobierno anuncia sanciones

Los bloqueos carreteros en Puebla han escalado en semanas recientes, así que el gobierno ha iniciado denuncias contra quienes los organizan, pues aunque existe el derecho a la libre manifestación, advirtió que se ha tergiversado con fines políticos y hasta criminales, además de que es un delito obstaculizar las vías de comunicación.

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La autopista México-Puebla es una de las vialidades más importantes del estado, de ahí que suele utilizarse para protestar y esto genera varios conflictos: retrasos a la gente que viaja; pérdidas a empresas por la no entrega de sus mercancías, e incluso asaltos masivos a automovilistas en medio de los embotellamientos.

El tramo que cruza los municipios de San Martín Texmelucan, Tlahuapan y Tlalancaleca se ha vuelto el de mayor incidencia de bloqueos, aunque no precisamente por causas ciudadanas, sino por asuntos electorales y para exigir la liberación de personas detenidas acusadas de algún delito.

Mientras organizaciones civiles pugnan porque no se criminalice la protesta social, el gobierno estatal y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) se han pronunciado a favor de regular el uso de la fuerza para enfrentar manifestaciones que se vuelven violentas o una amenaza para la vida de terceros.

Denuncias contra manifestantes

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reveló que ya se presentaron denuncias e incluso hubo detenciones de personas que lideran los bloqueos carreteros, luego del registrado la tarde del viernes en Tlahuapan, aunque no precisó la cantidad de querellas ni de aprehensiones.

El mandatario sentenció en entrevista que no se permitirán más cierres carreteros porque representan serias afectaciones a la movilidad de miles de personas.

Además, enfatizó que es un delito obstaculizar o atacar las vías de comunicación, y como la autopista es de jurisdicción federal, dijo que debe haber coordinación entre los tres órdenes de gobierno para evitar que los conflictos sociales deriven en el cierre de las carreteras.

La protesta del viernes 1 de septiembre fue para exigir que no se libere al extesorero de la comunidad ejidal de Santa Rita, en Tlahuapan, detenido un día antes presuntamente por defraudar a ejidatarios, al no entregarles el dinero que envió el gobierno federal en 2018, para pagar por sus terrenos expropiados 60 años atrás para la construcción de la autopista.

Luego de unas horas se reabrió la circulación vehicular, tras resolverse en una audiencia que el extesorero, de nombre Juan, continuará su proceso legal bajo prisión preventiva oficiosa.

El viernes 25 de agosto hubo otro bloqueo, ahora en Tlalancaleca, que duró más de 10 horas, para exigir la liberación de un hombre presuntamente detenido por la Guardia Nacional (GN), lo cual reprobó el gobernador días después, al señalar que dicho bloqueo no fue una acción ciudadana, por lo que no tendría que tolerarse.

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La protesta social como derecho

Sofía de Robina Castro, integrante del Centro ProDH, señala que la protesta social es un derecho que se asocia directamente con otros, como la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y a la libre asociación, por lo que el Estado debe garantizar el libre ejercicio de estos.

Ademas de respetar la libre expresión a nivel jurídico y de seguridad pública, enfatizó que el Estado debe promover la no criminalización de la protesta, ya que la expresión ciudadana, aunque pueda generar un impacto negativo a la autoridad, no debe ser penalizada.

Sin embargo, señaló que es práctica común que funcionarios aduzcan que las protestas están infiltradas o censuran las formas de manifestarse, lo cual genera un entorno inhibidor que limita la participación social de las personas.

A esto se suma el uso de la fuerza, que sin un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, se convierte en represión y abuso policial, ya que muchas veces el personal policiaco carece de capacitación y protocolos de actuación.

Por ello puntualizó que el uso de la fuerza debe regularse bajo principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, ya que las armas de fuego nunca deben ser utilizadas en manifestaciones y deben restringirse las balas de goma y las bombas de gas.

Fantasma de la Ley Bala tiene a Puebla sin protocolo

Puebla marcó un precedente a nivel nacional en el uso de la fuerza, pues en 2014 el gobernador Rafael Moreno Valle promovió una legislación local que sería conocida como la “Ley Bala”, por permitir el uso de balas de goma para disolver protestas.

El 9 de julio de ese año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado recurrió a esta facultad para reprimir a un grupo de pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Ocoyucan, que bloqueó la autopista Puebla-Atlixco en reclamo por el retiro de los servicios del Registro Civil, pero en el desalojo fue herido con un proyectil un menor de 13 años de edad que murió días después.

Tras ese hecho, en septiembre de 2018 se abrogó la “Ley Bala”, así que a la fecha el estado carece de una legislación local que regule el uso de la fuerza y las policías deben ceñirse a la ley nacional, por lo que hace unas semanas el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, Félix Cerezo Vélez, advirtió de la necesidad de impulsar una reforma en la entidad, pero su propuesta se malinterpretó como un intento de revivir la ley Moreno Valle.

La protesta como presión política

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado, Javier Aquino Limón, ha denunciado que algunas protestas y conflictos sociales han escalado a la violencia porque son azuzados con intereses políticos mediante la desinformación.

Un ejemplo de esto se registró el martes de la semana pasada en Tehuacán, pues habitantes de San Marcos Necoxtla destruyeron dos vehículos del Ayuntamiento en rechazo a la supuesta instalación del relleno sanitario en dicha comunidad, así que personal de Segob acudió al lugar para aclarar que no hay intención de instalar ahí el basurero sino una planta tratadora de residuos, pero las obras están detenidas por falta de permisos de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa).

El 21 de julio pobladores de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula, bloquearon la carretera Cholula-Huejotzingo por más de 30 horas por la perforación de un pozo, así que Aquino Limón reunió a quienes reclamaban con la alcaldesa Paola Angón Silva y ella accedió a suspender la obra, aunque señaló que no habría ninguna afectación a la población y que la inconformidad fue resultado de la desinformación.

Una semana antes, el domingo 16 de julio, habitantes de Tecali de Herrera causaron destrozos a dos patrullas de la policía municipal en protesta por el presunto asesinato de un joven atacado por policías.

Los uniformados argumentaron que fueron atacados con armas de fuego por dos hombres, así que repelieron la agresión y abatieron a uno, sin embargo, los jóvenes no iban armados, así que un grupo de inconformes tomó la presidencia municipal, retuvo a trabajadores del Ayuntamiento y volcó los dos vehículos oficiales, por lo que al otro día Aquino Limón reportó que entabló diálogo con la población y se apoyó a la familia de la víctima, pues aparentemente sí se trató de un abuso, de modo que el jueves 20 fueron detenidos dos policías como presuntos responsables.

El mismo domingo 16 de julio, en Izúcar de Matamoros, vecinos marcharon por calles de municipio para exigir la renuncia de la alcaldesa morenista Irene Olea Torres, en protesta contra la inseguridad y la violencia. Esta protesta se sumó a otras que hubo previamente y a la exigencia de regidores morenistas de destituir a los titulares de Seguridad Pública y Gobernación, pero la presidenta municipal descartó hacer cambios en su gabinete y el secretario de Gobernación del estado reconoció que el asunto tenía un trasfondo político.

El 20 de abril en Tlahuapan, unas 150 personas golpearon y prendieron fuego a un joven acusado de intentar robar en un vivero, quien fue rescatado por la policía con vida, pero murió un día después en el hospital a causa de las lesiones.

Dos hermanos lo capturaron y lo metieron por la fuerza a una camioneta para llevarlo al centro de la junta auxiliar de Tianguistenco, donde recurrieron al perifoneo para incitar a la gente a lincharlo, así que luego de unos días fueron detenidos, pero la misma población bloqueó por varias horas la autopista México-Puebla para exigir la liberación de los hermanos, con el argumento de que fueron víctimas del robo.

Ilustración: Iván Rojas

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