La audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) iba imputar mañana a Ricardo Anaya por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, se aplazó por complicaciones de salud del juez.

El juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte notificó en la noche del 30 de enero a la FGR y a la defensa del exlíder nacional del PAN, del aplazamiento.

La audiencia fue reprogramada para el próximo 14 de febrero, fecha en que la FGR podrá imputarlo por los probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por recibir dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

Las diligencias de agosto, octubre y noviembre de 2021, fueron aplazadas porque la defensa del panista no tenía copia de diversos tomos de la carpeta de investigación, situación que le impedía tener una defensa adecuada.

En noviembre pasado, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, ordenó al panista presentarse físicamente a la audiencia de este lunes.

Ahora, debido a las complicaciones de salud del juzgador, se tomó la decisión de celebrarla hasta la segunda semana de febrero.

Con dos “préstamos” a su esposa, Ricardo Anaya encubrió el soborno recibido por Emilio Lozoya. 

Ésta es la principal hipótesis de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación en contra del excandidato presidencial como parte de la trama de corrupción de Odebrecht.

Al solicitar a un juez la información bancaria del panista, la FGR relacionó los 6 millones 800 mil pesos que Emilio Lozoya dijo haberle entregado a Ricardo Anaya, con dos préstamos recibidos por la esposa del panista, Carolina Martínez Franco, que sumados superan los 5 millones 500 mil pesos.

«Inexplicable», que Anaya ofreciera préstamos a esposa: FGR 

De acuerdo con el oficio FGR-FECOC-UEIDFF-3367-2021, la FGR calificó de “inexplicable” que Ricardo Anaya le hiciera un préstamo a su esposa por un monto superior a lo que ganó en tres años como diputado federal.

Ésta hipótesis del Ministerio Público de la Federación deriva de un análisis de las declaraciones patrimoniales de Anaya Cortés, contenidas en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada tras la denuncia de Lozoya Austin.

A través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la FGR se refirió en particular a la declaración de Anaya de 2014, en la cual se reportó que su esposa tuvo un ingreso anual neto de poco más de siete millones de pesos por concepto de honorarios, arrendamiento, y préstamo.

Con información de Milenio

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