Un recuento de 60 años de vida en la BUAP

En 1989 la universidad se escinde en dos, pues se enfrentan dos visiones: la que concibe a la universidad como instrumento al servicio de un partido y la que la concibe como una institución autónoma y con fines propios

Los martes en la tarde noche tenemos un panel de discusión sobre temas fundamentalmente universitarios y en esta semana di un salto. A través de la charla fui estableciendo conexiones entre sucesos y procesos que no habían emergido con la claridad con la que las vi.

La pregunta que me hice fue ¿por qué, si la universidad acababa de darse a sí misma toda una normatividad plasmada en el Estatuto Orgánico, las administraciones centrales que se sucedieron a partir de 1991 fueron dando los pasos encaminados a violentar el espíritu de la Ley de la BUAP y de su Estatuto Orgánico?

Pienso que tanto la Ley aprobada por el Congreso del Estado de Puebla el 19 de abril de 1991 como el Estatuto Orgánico aprobado por el consejo constituyente, cuya última sesión fue el 2 de octubre de 1991, fueron el resultado de 30 años de lucha por la reforma universitaria. Fueron el resultado de un movimiento universitario en busca de una reorganización de su vida académica bajo los principios de autonomía, democracia y libertad de pensamiento y acción.

El movimiento de reforma universitaria estuvo marcado por acontecimientos centrales como el conflicto de 1961, el de 1964, el de alcance nacional de 1968, y también por acontecimientos como la creación de la Escuela Preparatoria Popular “Emiliano Zapata” en 1970, con los que se marcó el triunfo de una corriente progresista de izquierda. Justamente el lema repetido en las calles poblanas era “Universidad democrática, crítica y popular”.

Desde 1961 la universidad fue protagonista, al igual que sectores importantes de la sociedad poblana, de diversos movimientos sociales marcados por el enfrentamiento ideológico, pero también por la confrontación con el poder estatal establecido. En abril de 1972 es nombrado como gobernador sustituto Gonzalo Bautista O’Farril y en ese año son asesinados Enrique Cabrera Barroso y Joel Arriaga Navarro. En 1973 se perpetró el asalto al Edificio Carolino por parte de la policía estatal y ahí resultan muertos Alfonso Calderón Moreno y cuatro estudiantes más.

Después de esto, Bautista O’Farril es obligado a renunciar, pues el presidente de entonces, Luis Echeverría Álvarez, tras la tragedia del 10 de junio de 1971, decide cambiar la táctica para enfrentar los movimientos sociales y estudiantiles. Entre otras acciones, se funda la Universidad Autónoma Metropolitana el 1º de enero de 1974.

Todos estos acontecimientos fortalecen la presencia de la izquierda poblana en la universidad y en 1972 el Consejo Universitario nombra a Sergio Flores Suárez como rector interino. Después llegan el Ingeniero Luis Rivera Terrazas, en 1975, y Alfonso Vélez Pliego, en 1981. En 1989 la universidad se escinde en dos, pues se enfrentan dos visiones distintas: la que concibe a la universidad como un instrumento al servicio de un partido y la que la concibe como una institución autónoma y con fines propios.

La perspectiva que les presento de la lucha por la reforma universitaria me permite entender la trascendencia que tuvo la emisión de una nueva Ley de la BUAP, pues después de tantos años de lucha se logra cristalizar e institucionalizar su vida autonómica. Esta es la razón por la que la Ley tiene sólo 25 artículos, pues toda la organización académica y de gobierno la establecieron los propios universitarios a partir de los consensos alcanzados en el consejo constituyente.

Este recuento que abarca 60 años, 30 años antes de la emisión de la legislación universitaria actual, y 30 años después, se nos presenta como los dos períodos en los que el segundo se dedica a destruir lo alcanzado en el primero, porque la sumisión a las políticas educativas de los gobiernos en turno les valió a las sucesivas administraciones universitarias acrecentar su poder a costa de la desaparición de la preeminencia de los fines académicos y de la conducción democrática.

Sólo así cobran sentido las diferentes reformas al Estatuto Orgánico, la aprobación de los distintos Reglamentos y la emisión de Lineamientos (sin ningún sustento legal) que han ido en detrimento de la participación efectiva de docentes y estudiantes en la definición de sus fines académicos y de investigación.

Y lo peor de todo esto es que la administración actual ha anunciado con bombo y platillo que se propone reformar la legislación universitaria. Sin duda alguna su propósito es profundizar la contrarreforma universitaria.

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