Según la diputada Merino Escamilla, ya hay denuncias penales contra quienes resulten responsables

Va Congreso del Estado contra feministas por daños materiales durante el #8M

Niega criminalización de la protesta y asegura que la activación del brazo jurídico del Congreso viene del INAH, a cuenta de lesiones al patrimonio histórico

En Puebla, donde el aumento de los embarazos no deseados se correlacionan con un decremento en los servicios de información y suministro de métodos anticonceptivos para mujeres, los derechos de una puerta de madera se harán valer con todo el peso de la ley.

La diputada Nora Merino Escamilla, presidenta del la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, anunció que el área jurídica de su institución ha presentado denuncias penales a propósito de los incidentes suscitados a las puertas del inmueble del Congreso en el marco de las manifestaciones feministas del 8 de marzo -referido como #8M– en la capital poblana, así como dos trabajadoras del Congreso cuyos automóviles resultaron gravemente dañados, reportó ayer el portal de Proceso. Esto a pesar de que algunos frentes que participaron en la manifestación convocaron a la recaudación de fondos por medio de Pay Pal para compensar la destrucción de los vehículos, tal como reportó la periodista Leslie Mora en Diario Cambio.

Merino Escamilla negó que dicha medida constituya una criminalización de la protesta social, y agregó que fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien pidió la intervención del aparato jurídico del Congreso, en virtud de la relevancia histórica de la puerta, cuya elaboración se remonta a 1833. La congresista omitió especificar los delitos a cuenta de los cuales se habían interpuesto las denuncias, ni los folios de las carpetas de investigación correspondientes.

Cabe recordar que al día siguiente de los incidentes, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, anunció el lanzamiento de investigaciones judiciales promovidas por el Gobierno del Estado en la Fiscalía General contra los «presuntos autores materiales y, por supuesto, los actores intelectuales». La funcionaria presumió que entre los presuntos implicados se había identificado a personal que laboraba en el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla.

Por su parte, la organización de promoción de derechos sexuales REDefine Puebla, bajo el hashtag #ProtestarNoEsCrimen, publicó en sus redes sociales:

Alto a las falsas acusaciones contra integrantes de REDefine Puebla ante hechos durante las protestas del 8M.

¡Basta de la criminalización de la protesta en Puebla y en todo México!

Cabe recordar que el acceso a los plenos derechos reproductivos ha sido una de las demandas constantes de los colectivos feministas al Congreso de Puebla, mismo que tomaron pacíficamente en noviembre del año pasado. De acuerdo a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla, los derechos sexuales de las poblanas, violentados regularmente en condiciones de normalidad social, se han deteriorado durante la pandemia, dado que disminuyó la cantidad de clínicas donde se ofrecían tratamientos de salud reproductiva, según el Observatorio de Violencia Género en los Medios de Comunicación (OVIGEM).

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