Se cumplen 50 años de la nacionalización del cobre
Economista José Gabriel Palma: «Tenemos el derecho de propiedad colectivo de los recursos naturales y podemos cobrar a quien extrae el cobre en la roca o el litio en el salar»
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Con la llegada a la presidencia de Salvador Allende, se inició un proceso hacia la nacionalización y estatización del cobre, mediante la designación de representantes del nuevo gobierno en Codelco y el envío del ‘’Proyecto de Reforma constitucional’’ al Congreso Nacional.
El 11 de julio de 1971 el Congreso aprobó por unanimidad la denominada Ley Nº 17.450 que dio paso a la nacionalización de la gran minería del cobre, cuyos grandes yacimientos eran, en su mayoría, propiedad de empresas estadounidenses.
«Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, nacionalizase y declarase, por lo tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre«, plantea el texto.
Ese mismo día, el presidente Allende realizó una concentración en Rancagua, en la que destacó el significado histórico que representaba la nacionalización del cobre y planteó que significabapara Chile la segunda independencia nacional, haciendo alusión a que el país conquistaba su independencia económica definitiva.
«Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares, para recuperar para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que las riquezas mineras, no sólo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los bancos y nacionalizar las empresas industriales monopólicas o fundamentales para Chile, estratégicas. Es por eso que cada hombre y cada mujer debe entender que queremos colocar al servicio del hombre de Chile la economía, y que los bienes de producción esenciales deben estar en el área de la economía social, para poder, de esta manera, aprovechar sus excedentes y elevar las condiciones materiales, la existencia del pueblo, y abrirles horizontes espirituales distintos», afirmó en su discurso.
Debate sobre el royalty minero
La nacionalización del cobre, fue sin duda uno de los hitos más trascendente desde el punto de vista político, económico y social del país durante el siglo XX.
Al cumplirse este domingo 11 de julio, 70 años de este histórico proceso, está servido el debate sobre la implementación de un royalty sobre las ventas de cobre y litio, teniendo en cuenta la necesidad de que se apliquen gravámenes a su extracción, que permitan compensar de alguna forma la pérdida de estos recursos no renovables, sobre todo por el complejo escenario económico que actualmente vive el país
Actualmente, en el país no existe un “royalty” sino que un impuesto específico a la minería, fundamentalmente aplicado a sus utilidades y no a las ventas
Los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), el aporte de este impuesto no ha sido extremadamente significativo desde el punto de vista del Producto Interno Bruto (PIB).
Los datos del Anuario de Estadísticas del Cobre, Cochilco, revelan que entre 1999-2018, los impuestos pagados por la minería del cobre suman MMUS$ 105.301 (100%), de los cuales la gran minería privada del cobre ha aportado a las arcas fiscales MMUS$ 43.351 (41%), mientras que, en igual período, Codelco ha ingresado al erario público MMUS$ 61.950 (59%).
Sin embargo, lo más crítico es que la minera estatal tienen un 30% en la extracción de cobre en el país, mientras que el 70% corresponde a la mineras privadas.
En mayo pasado la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de Ley que plantea la creación del proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominado royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio .
La norma en segundo trámite pretende la incorporación de recursos frescos especialmente dirigidos a sustentar iniciativas de inversión en las regiones en donde se produce la extracción de minerales en nuestro país, junto con adicionar un mayor aporte a las arcas fiscales.
En concreto, se establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.
Dichos recursos deberán destinarse en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento.
El 75% restante, irá a financiar iniciativas en las regiones mineras, en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera; para desarrollo de infraestructura crítica y digital; o para inversión o investigación en universidades estatales.
Asimismo, se genera una tabla creciente del margen de la compensación que se deberá entregar frente a escenarios donde el precio del cobre exceda los dos dólares por libra y hasta superar los cuatro dólares.
Finalmente, la moción determina que el monto que exceda del 3% ya mencionado será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por Covid-19 y sus sucesivas prórrogas. Una vez terminada dicha declaratoria, los ingresos pasarán a las arcas fiscales.
Dentro de los debates relacionados a la discusión del proyecto, figura el seminario realizado por la comisión de Minería y Energía del Senado a finales de junio.
La sesión contó con la presencia de autoridades como el expresidente Ricardo Lagos y representantes de comunidades como Catalina Cortés, del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Jiwasa Oraje y Manuel Salvatierra de la Comunidad Lickanantay, quienes otorgaron una perspectiva positiva respecto al desarrollo del Royalty.
Sin embargo, uno de los puntos más clave fue la intervención del economista José Gabriel Palma, profesor titular emérito en la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, y profesor titular en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, quien planteó diferentes aspectos sobre la implementación del royalty minero en Chile, previa a su posible aprobación.
Royalty: Un tema semántico y normativo
Según indicó Palma al comenzar su presentación, todo se basa en la definición de quien tiene el derecho a la propiedad del cobre que se encuentra en la piedra o al litio del salar. “En este caso, la constitución reconoce que todos los chilenos tenemos el derecho a la propiedad de los recursos naturales”, afirmó el académico.
Sin embargo, para Palma el problema ha sido la contradicción a esta definición que la minería ha realizado producto del sistema neoliberal. «Se predica la santidad de los derechos de propiedad individual, pero por otro en la práctica, se olvida de los derechos de propiedad colectiva» señaló.
Esto, debido a que estando estipulado en la constitución del año 80 que los chilenos son dueños de los recursos minerales y establecido en la posterior ley del mineral de 1981, la propiedad de los chilenos sobre el mineral se expropio con las famosas concesiones plenas.
«Por supuesto al final la constitución manda y esa ley es inconstitucional, pero el punto es ¿Por qué por un lado se miran los derechos de propiedad individual con toda la santidad que se le dice y por otro se olvidan los derechos de propiedad colectiva?, cuestionó.
De esta forma, reafirmando el carácter constitucional de la propiedad, Palma planteó que siendo los derechos de propiedad tan fundamentales para que funcione el mercado, se vuelve necesario respetar los derechos de propiedad individuales y colectivos.
«Tenemos el derecho de propiedad colectivo de los recursos naturales y por tanto tenemos todo el derecho a cobrar a quien extrae el cobre en la roca o el litio en el salar», añadió el profesor de la Universidad de Cambridge.
Sin embargo, señaló que este cobro ha generado muchas confusiones semánticas, que en parte explican las dificultades que ha tenido para avanzar. «Aquí hay una confusión sobre lo que es el royalty, se piensa que es un impuesto cuando son cosas totalmente diferentes», aclaró.
De hecho, desde una perspectiva institucional, la academia de la lengua española define el royalty como “la cantidad que se le debe pagar al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercer”. Sin embargo, el académico destacó que actualmente se ha estado confundiendo el impuesto con las utilidades operativas que vienen a ser el Royalty. «El confundirlo es un absurdo (…) Es como si yo tuviera un departamento en la playa y le dijera al arrendatario que lo que le voy a cobrar lo llamare impuesto y no arriendo», comparó.
Sin embargo, la errónea denominación del Royalty como impuesto ha derivado que en sus discusiones se relativice, en muchos casos presentado cualquier alza como innecesaria e incluso perjudicial para el desarrollo minero».
«Es como si una constructora dijera que para ser competitiva le tienen que regalar el cemento con el que harán el edificio ¿Desde cuándo una minera para ser competitiva tenemos que regalarle el insumo que es el cobre y que nos pertenece a nosotros?», preguntó el también académico de la Universidad de Santiago.
Para Palma las mineras privadas no han ofrecido ninguna justificación que los valide como la excepción. “Hay un sentido más profundo, porque esta confusión deriva en una campaña por desacreditar la importancia del royalty” denunció.
Más allá de eso, el verdadero desafío termina siendo el precio de eficiencia, en otras palabras, el precio que se le colocará al cobre y al litio que se hayan en la roca y salar respectivamente. Actualmente, las mineras legalmente solo deben declarar el cobre, el oro y la plata y no el concentrado. Esto, según explica Palma, desaprovecha el gran valor que posee actualmente en el mercado gracias a una infraestructura insuficiente para la fiscalización.
«Hoy día, las aduanas no tienen la capacidad técnica para analizar el concentrado, tienen que contratar a empresas externas que trabajan con las mineras para analizarlas. Imagínense el conflicto de interés», subrayó.
Según datos de Codelco, en Chuquicamata solo el valor de los subproductos que saca del cobre es capaz de cubrir los costos operativo. “Imagínese el valor total, eso las mineras privadas no necesitan declararlo. Algunas declaran un par, pero dejan lo otro fuera» señaló el académico, quien considera que el precio de eficiencia debe determinarse a través de los subproductos y el total.
Si bien el royalty del 2005 vendió el cobre a precio de outlet, instituyó el derecho a cobrarlo. Ahora hay que buscar ese precio de eficiencia», sostuvo.
¿En qué destinar los recursos?
Uno de los aspectos claves para el futuro del proyecto será el destino del Royalty si se aprueba. Desde la experiencia del académico, es necesario clave cambiar la mentalidad en la cual se haya estancado el extractivismo chileno.
“El crecimiento de la productividad en Chile en los 10 años antes de la pandemia ya era de 0,4%. Estamos en una economía estancada” expresó.
Recordó que si bien entre 1986 y 1998 Chile tuvo un 3,9% promedio, siendo el periodo más dinámico, esto solo ocurrió debido a la naturaleza naciente del modelo. Una vez terminado ese periodo de surgimiento, del 98′ al 2008 estas cifras cayeron a un 2,1% para finalmente llegar hasta el 0,4% donde nos encontramos actualmente.
«Lo que pasó fue que los motores de crecimiento de la productividad en lo extractivo tocaron techo. Ya pasó a ser obsoleto y el paso siguiente era irse a la industrialización de las materias primas», explicó.
En ese sentido, el académico sugiere para este proyecto que 2/3 de los recursos obtenidos sean dirigidos específicamente a fines productivos.
«Esto es para generar nuevos crecimientos de la productividad. Por ejemplo, la industrialización del sector exportador» planteó.
Al mismo tiempo, otro de los aspectos que destaca es en la inversión en iniciativas verdes. «Hay que dejar de pensar lo verde como problema, lo verde nos da un nuevo motor de crecimiento», señaló.
A juicio de Palma existe un cambio de mentalidad, ya que los mercados internacionales están adquiriendo en temas de producción sustentable, lo que podría estancar por igual otros sectores si no se aprovecha el royalty para hacer el cambio en otras áreas productivas.
«Olvídense que un salmón de tres kilos, con 1.400 veces más antibióticos que el noruego, va a poder seguir entrando a los mercados europeos», dijo.
Para el académico este aspecto, más que un problema de recursos representa una consecuencia del modelo económico.
«No es por una falta de voluntad (…) el mercado no genera incentivos para eso», sostuvo.
De hecho, revisando indicadores del MIT en temas como complejidad económica de los países e intensidad de su conocimiento en exportaciones, Palma observó que las exportaciones chilenas son las menos complejas e intensas de conocimiento en el mundo.
«La economía que está al lado de nosotros es Botsuana, que exporta diamantes. Incluso para niveles latinoamericanos, nuestras exportaciones tienen menos contenido de conocimiento» criticó. al tiempo que planteó que esto es una consecuencia de la reticencia nacional de avanzar en instancias de industrialización de las exportaciones.
«En Chile llevamos medio siglo con el modelo extractivo y todavía seguimos clavado en él», lamentó.
Es así como, a excepción del vino, el resto de las materias primas tienen el mínimo de procesamiento para ser exportados. Es por ello, que para Palma el Royalty debe verse como una oportunidad para revertir eso.
«Esa es la gran lección de los países nórdicos o de los asiáticos con recursos naturales. Hay que empujar la cosa, hacer que las rentas de lo extractivo se compartan con las actividades industriales siguientes», expuso.
Se estima que la la votación en general del proyecto de royalty minero pueda realizarse a mediados de julio.
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