A días de conmemorarse los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen nazi, Alemania enfrenta una paradoja histórica: su principal fuerza opositora, el partido Alternativa para Alemania (AfD), ha sido oficialmente clasificado como una formación de extrema derecha. Así lo ha determinado la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), órgano subordinado al Ministerio del Interior.
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La calificación, emitida tras una investigación de más de 1.100 páginas, marca un hito en la política alemana al establecer que el AfD representa una amenaza directa contra los principios democráticos y la dignidad humana consagrados en la Constitución. Hasta ahora, solo sus delegaciones en Sajonia, Turingia y Sajonia-Anhalt —estados de la antigua Alemania del Este— habían sido catalogadas como extremistas. Ahora, la clasificación se extiende a nivel nacional.
Nancy Faeser, aún en funciones como ministra del Interior, presentó el informe asegurando que el proceso ha sido estrictamente técnico y libre de influencias políticas. La publicación ocurre justo antes de la toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por el canciller electo Friedrich Merz.
Posturas radicales y vínculos preocupantes
El informe detalla la evolución ideológica del AfD desde su fundación en 2013, evidenciando una creciente radicalización. Entre sus posturas más controvertidas se encuentran la discriminación entre “bioalemanes” y “alemanes de pasaporte”, el impulso del concepto de “remigración” —que incluye la expulsión de migrantes incluso con residencia legal— y el negacionismo del cambio climático y el euroescepticismo.
La investigación también hace referencia a reuniones entre miembros del AfD y grupos neonazis, en las que se habría discutido un plan para expulsar a millones de personas con antecedentes migratorios.
Posibles consecuencias legales
Con esta calificación, el partido queda sujeto a vigilancia intensiva por parte del Estado. Las autoridades podrán investigar sus comunicaciones internas, fuentes de financiamiento y actividades estratégicas. Además, abre la puerta a un posible procedimiento legal para su ilegalización, que debería ser promovido por alguno de los cuatro órganos constitucionales: Bundestag, Bundesrat, el Gobierno Federal o el Tribunal Constitucional.
Por su parte, portavoces del AfD han anunciado que impugnarán la decisión en tribunales, alegando una violación a sus derechos políticos.
A pesar de la controversia, el AfD goza de una creciente popularidad. Con una intención de voto del 26%, solo por detrás de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), se ha convertido en la mayor fuerza opositora en el Bundestag. Sin embargo, se encuentra políticamente aislado, sin socios dispuestos a formar coaliciones.
La radicalización interna también ha provocado el abandono de varios de sus fundadores originales, quienes representaban posturas más conservadoras, pero moderadas.
Reacciones y respaldo al informe
La calificación ha sido recibida con respaldo por parte de los partidos de la coalición entrante —la CDU, CSU, SPD, Los Verdes y La Izquierda— así como por organizaciones sociales como la Confederación de Sindicatos Alemanes, que subrayó la urgencia de establecer límites firmes contra el extremismo.
Este giro en el panorama político alemán no solo tensa el clima electoral, sino que revive con fuerza los debates sobre memoria histórica, democracia y los peligros de la ultraderecha en una Europa cada vez más polarizada.
Foto: X
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