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Amnistía Internacional acusa a EE. UU. de hostigar a defensores de migrantes

El Gobierno de EE. UU. emprendió desde 2018 una «campaña ilegal por razones políticas» para intimidar y hostigar a defensores de migrantes, indica el informe «Salvar vidas no es delito», presentado el martes por Amnistía Internacional.

La campaña consiste en la «intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra personas que defienden los derechos humanos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en la frontera de México y EE. UU.», dice el informe de 50 páginas.

La organización fundada en 1961 en Londres denuncia que el «hostigamiento jurídico de motivación política» revela que los departamentos federales de Seguridad Interior y de Justicia de EE. UU. «hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias» que defienden los derechos de los indocumentados.

Amnistía Internacional denuncia acoso en contra de los defensores de los migrantes. Foto: Agencias

Esas personas acosadas se dedican a prestar ayuda humanitaria, cuestionar o simplemente documentar las violaciones de derechos humanos que cometen en «forma sistemática» las autoridades locales contra personas migrantes y solicitantes de asilo en ese país, dijo la división estadounidense de AI.

A finales del año pasado estalló en la frontera sur de EE. UU. «una crisis de derechos humanos» que AI considera una consecuencia de las «políticas ilegales de asilo» de las autoridades domésticas, que están devolviendo a México grandes cantidades de personas a la espera de sus citaciones a cortes de inmigración.

Esos extranjeros «devueltos», que según autoridades mexicanas ya suman 14.000 personas y el número podría elevarse a 60.000 este año, son expulsados de EE. UU. «incluso después de haber solicitado protección, lo que supone negarles el debido proceso en su solicitud de asilo», denuncia Amnistía.

La administración del presidente Donald Trump «ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo», afirma la investigación.

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