Corte permite temporalmente política de Trump que prohíbe ingreso de personas transgénero al ejército

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este martes, de manera provisional, a la implementación de la controvertida política del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso de personas transgénero al ejército, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.

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El fallo, respaldado por la mayoría conservadora del tribunal, revierte temporalmente bloqueos impuestos por jueces federales que calificaron la medida como discriminatoria y sin fundamentos sólidos. Los tres jueces liberales de la Corte votaron en contra de levantar la suspensión, destacando la división ideológica en torno al tema.

La política, promovida por Trump al inicio de su segundo mandato, sostiene que la identidad de género de los militares transgénero entra en conflicto con los valores de disciplina y honor requeridos en el servicio militar. Esta postura fue formalizada por el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien otorgó a las ramas militares 30 días para identificar y remover a los miembros transgénero.

El juez federal Benjamin Settle, designado por George W. Bush y con experiencia en el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército, fue uno de los magistrados que fallaron en contra de la prohibición. Settle argumentó que no existía justificación razonable para revocar el derecho de personas transgénero a servir, especialmente tras cuatro años de servicio abierto sin incidentes documentados.

Pese a los múltiples fallos contrarios, incluida una orden judicial en Nueva Jersey que protegió a dos hombres transgénero en la Fuerza Aérea, la administración Trump recurrió al máximo tribunal para hacer valer su política. El caso sigue bajo revisión en cortes de apelaciones, donde algunos jueces, también designados por Trump, han mostrado señales de apoyo a la postura gubernamental.

La decisión de la Corte Suprema no resuelve el fondo del conflicto legal, pero permite al Pentágono aplicar la política mientras se definen los litigios pendientes. Organizaciones de derechos civiles han condenado la medida como un retroceso en la igualdad de derechos dentro de las fuerzas armadas.

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