La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió órdenes de captura contra Iván Leónidas Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, por su presunta participación en uno de los escándalos de corrupción más graves del país en años recientes. Ambos políticos están acusados de beneficiarse del desvío de más de 12 millones de dólares provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dinero originalmente destinado a emergencias sociales.
La medida se produce tras la declaración de los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron directamente a los excongresistas como beneficiarios de millonarios sobornos. La Corte determinó que Name y Calle podrían entorpecer el proceso judicial, por lo que se dictó su detención preventiva.
El magistrado Francisco Javier Farfán, de la Sala de Instrucción, fue quien propuso la medida de aseguramiento, respaldada por la Sala Plena de la Corte. Se les imputan los delitos de cohecho propio, peculado por apropiación y financiación ilegal de campañas políticas.
“El testimonio de Olmedo López no solo fue valiente, sino veraz”, aseguró el abogado defensor José Moreno Caballero. Según él, esta acción judicial confirma la solidez de las pruebas presentadas, subrayando que “es la primera vez que se impone una medida de aseguramiento a congresistas aforados por este escándalo”.
Los señalamientos apuntan a que Leónidas Name habría recibido un soborno de 770.000 dólares, mientras que Andrés Calle habría recibido 256.000 dólares, provenientes de recursos destinados a la compra de 40 carrotanques. Estas adquisiciones nunca se concretaron, y el dinero fue redirigido presuntamente para obtener favores políticos.
En el caso de Iván Name, ahora detenido, haya sido uno de los principales opositores a las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Su papel como figura de poder conservadora ahora queda empañado por acusaciones que revelan el uso político de recursos públicos.
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Este proceso judicial, iniciado formalmente en mayo de 2024, representa un giro trascendental en la lucha contra la corrupción estructural en Colombia, visibilizando las complicidades de altos funcionarios y legisladores con fines clientelares y electorales.
Fotografía: Redes
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