Demandan a Gobierno de EE. UU. para proteger a los niños migrantes de detenciones indefinidas

Más de 15 estados interpusieron la querella por la intención del mandatario de acabar con el Acuerdo Flores

La administración de Donald Trump ratificó el pasado miércoles que no se detendrá en sus políticas antiinmigrantes, sin importar si con ellas se lleva por delante a niños y mujeres.

En un intento por frenar sus planes, un total de 19 estados presentaron este lunes una demanda en contra del Gobierno estadounidense con el objetivo de evitar que Trump concrete la eliminación del Acuerdo Flores.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo que «ningún niño merece ser sometido a condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad» y que se les deben garantizar servicios médicos y de bienestar, reseñó EFE.

«Estamos llevando a la administración Trump a los tribunales para proteger a los niños del daño irreparable causado por la detención ilegal e innecesaria», agregó.

La querella la interpusieron en el tribunal del Distrito Central de California, uno de los estados que la lidera junto a Massachusetts.

«Una vez más, el presidente Trump está haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos y está utilizando niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica», advirtió el gobernador de California, Gavin Newsom.

Igualmente, agregó que su estado «protegerá el bienestar y la seguridad de todos los niños, independientemente de su procedencia o del color de su piel».

El plan que tiene la administración de Trump es poner fin al denominado Acuerdo Flores, en el cual se establecen, desde 1997, medidas de protección para los menores no acompañados.

Lo que significa, por ejemplo, que los niños migrantes pueden, de concretarse la medida, quedar detenidos indefinidamente.

Las medidas de protección que se establecen en ese texto legal incluyen temas referidos a atención médica, educación, nutrición e higiene. También, incluye fallos judiciales que prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

En este sentido, los demandantes alegan que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para garantizar la salud, la seguridad, y el bienestar de los niños, debido a que socava los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran los menores.

Fuentes: EFE, Sputnik, Univisión.