Un “tribunal internacional por la democracia” integrado por profesionales del derecho y múltiples organizaciones sociales, acordó esta semana en Rio de Janeiro que la salida de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, obedeció a un “golpe de Estado” que vulneró el orden constitucional del país.
Aunque la decisión no es vinculante, durante dos días se recogieron, con toda la acuciosidad de un proceso legal, diversas declaraciones de testigos y argumentos de la interpelación por un jurado de expertos provenientes de México, Argentina, Italia, Francia y Estados Unidos, informó Telesur.
La instancia apuntó la falta de evidencias como el principal vicio de la acusación puesto que no existía ninguna declaración de culpabilidad por los supuestos actos criminales de Rousseff.
Al no existir los requerimientos legales y constitucionales necesarios para el proceso éste debe ser anulado, argumentaron.
En la oportunidad, el abogado de derechos humanos Azadeh Shahshahani, miembro del ente que sigue el modelo del Tribunal Russell conformado simbólicamente en los ’60 para juzgar la política exterior norteamericana en Vietnam, criticó al gobierno estadounidense por no condenar el quebrantamiento del tejido democrático de Brasil.
Hasta el momento, EEUU ha evitado aludir específicamente a la manera en que Rousseff fue sacada del poder, vacío llenado por el “interino” mandatario Michel Temer y su gabinete masculino, que en estos últimos meses ha impulsado numerosas reformas neoliberales con recortes de programas sociales de la presidenta y su antecesor Lula da Silva.
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