El relator especial en derechos humanos de la ONU, Philip Alston critica al Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y  a las Naciones Unidas por promover “agresivamente”  la privatización de servicios básicos. Asimismo,  reprocha que  grupos de DD.HH no hayan  respondido con la suficiente fuerza.

“La privatización se basa en hipótesis fundamentalmente diferentes de las que sustentan el respeto de los derechos humanos, como la dignidad y la igualdad”. Asegura el experto en un informe sobre La extrema pobreza y los derechos humanos dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Alston es relator especial  sobre la pobreza extrema. Indica que el objetivo prioritario de la privatización es “el beneficio económico”. Con lo que consideraciones como “la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano”.

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Privatización=Pobreza

Philip Alston agrega, que con la privatización los titulares de derechos se transforman en clientes.  Las personas pobres, necesitadas o con problemas, quedan marginadas. El cuidado, la compasión, la interacción social, la solidaridad y la comunidad, entre otros, se ven como conceptos ajenos que corresponden a otros ámbitos.

Asegura que “nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos”. La privatización “menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta fondos públicos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales”.

Alston también señala que las políticas económicas neoliberales tienen por objeto reducir el papel del Estado. Especialmente por medio de la privatización. Y agrega que desde los años ochenta, el neoliberalismo se ha esforzado con gran éxito por deslegitimar la tributación.

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“El auge de la privatización no ha hecho más que reforzar esta tendencia. A medida que las empresas van adquiriendo mayor poder político, ejercen una presión mayor. Lo hacen para que se reduzcan los impuestos de sociedades. Además, se amplíen las desgravaciones o exenciones fiscales y aumenten los resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos. Estas medidas, hacen que las administraciones públicas padezcan un grave déficit de financiación. Que su capacidad para prestar servicios públicos, para regular, vigilar, mejorar y complementar las actividades del sector privado se vea sumamente limitada”, comenta en el informe.

FMI, BM y ONU promotores principales

En el informe, el relator habla de un proceso de privatización que comenzó en los años setenta. “Esa ola ha sido impulsada no solo por los Gobiernos y por el sector privado, sino también por las organizaciones internacionales. Especialmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Aunque algunos de sus partidarios presentan la privatización como un mero “instrumento de financiación”. Otros la promueven aduciendo que es más eficiente, flexible, innovadora y eficaz que las alternativas del sector público”.

Alston añade que “en la práctica, sin embargo, la privatización también ha acabado convirtiéndose en una ideología de la gobernanza. Según uno de sus promotores “todo lo que fortalece al sector privado [en contra del] Estado protege la libertad personal”.

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“Así, la libertad queda definida por un sector público escuálido al lado de un sector privado que busca el beneficio. Lo hace, gestionando partes esenciales del sistema de justicia penal y las prisiones. Determinando las prioridades y los enfoques educativos. Decidiendo quién podrá recibir intervenciones sanitarias y protección social, y escogiendo qué infraestructura se construirá, dónde y por quién”.

Su crítica se extiende a los propios grupos de defensa de los derechos humanos. Afirma que “en conjunto han hecho poco para hacer frente a las repercusiones amplias y sistémicas de la privatización. Se han limitado a reiterar posiciones doctrinales cuando existen pruebas convincentes de que esos enfoques no están funcionando”.

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