Fiscales de EE.UU. demandan a la administración Trump por poner fin al DACA

Una coalición de dieciséis fiscales generales de EE.UU retaron en una corte federal de Nueva York la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a más de 800.000 jóvenes inmigrantes en el país.

Los fiscales han argumentado en la demanda, en la corte para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, que la decisión anunciada por el fiscal general del país, Jeff Sessions, viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados.

Argumentaron además que poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los que se benefician de la iniciativa.

Según la demanda, presentada por los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención «de castigar y menospreciar gente de raíces mexicanas».

Sessions anunció el martes que el programa, que ha evitado la deportación de miles de jóvenes indocumentados y les ha permitido estudiar, trabajar, obtener licencias de conducir y viajar legalmente finalizaría dentro de seis meses, periodo en que la administración Trump espera que el Congreso presenten una propuesta.

Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York -estado que encabeza la demanda-, reiteró al anunciar la acción legal que la decisión de la administración Trump fue «discriminatoria», y recordó que los jóvenes acogidos a esta iniciativa, conocidos como «dreamers» o «soñadores» respetan la ley, trabajan duro y pagan impuestos.

«La inmigración es la fuente de vida de Nueva York. La decisión de la administración Trump es cruel, inhumana y devastadora para los 42.000 neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa», sostuvo el fiscal.

La demanda argumenta que la suspensión del DACA impactará en sus economías con la pérdidas de ingresos por impuestos, trabajadores diestros y obligará a muchos jóvenes a dejar sus estudios. Esto, porque aproximadamente 1.400 beneficiarios del DACA perderán su autorización de trabajo y podrían perder sus empleos a medida que sus términos con el programa comiencen a expirar.

El 97 por ciento de los beneficiarios de la DACA en EE.UU. están empleados o van a la escuela y pagan unos 140 millones anuales en impuestos estatales y locales, según estadísticas citadas por la fiscalía general.